El Tribunal Oral en lo Criminal N° 9 de Lomas de Zamora inicia mañana el juicio por jurados contra Maximiliano Pilepich, Nahuel Sebastián Vargas y Matías Gil, acusados por el homicidio y desmembramiento del trader Fernando Pérez Algaba en 2023.
La instancia judicial busca determinar la responsabilidad penal de los tres principales implicados en un caso que conmocionó a la opinión pública por la brutalidad del hallazgo. Según fuentes judiciales, el proceso contará con un jurado popular compuesto por 12 ciudadanos, quienes deberán evaluar las pruebas recolectadas por el Ministerio Público Fiscal sobre el asesinato del empresario de 41 años. Los peritajes forenses y las intervenciones telefónicas serán piezas clave en las audiencias para reconstruir la secuencia que terminó con el cuerpo de la víctima repartido en una valija roja y una mochila en el Arroyo del Rey, en la localidad de Ingeniero Budge. Los imputados enfrentan cargos por homicidio cuádruplemente agravado por el uso de arma de fuego, por alevosía, por codicia y por el concurso premeditado de dos o más personas, una calificación que prevé la pena de prisión perpetua.
La hipótesis central que sostiene la fiscalía indica que el crimen fue motivado por una deuda económica que los acusados mantenían con Pérez Algaba. De acuerdo con los registros de la investigación, Pilepich y Vargas habrían planeado el ataque para evitar el pago de una suma importante en dólares que el trader les reclamaba insistentemente. Para concretar el plan, los sospechosos habrían utilizado una maniobra de engaño, citando a la víctima en el predio inmobiliario “Renacer”, ubicado en General Rodríguez, bajo la falsa promesa de saldar el compromiso financiero. Informes de la división de Homicidios de la Policía de la Provincia de Buenos Aires detallan que Pérez Algaba fue ejecutado por la espalda con dos disparos mientras se encontraba en un estado de total indefensión, lo que sustenta el agravante de alevosía solicitado por la querella.
El expediente judicial también involucra a otros actores que habrían facilitado la logística del crimen y el posterior ocultamiento de las pruebas. Entre los señalados figuran Fernando Carrizo, Luis Contreras y el excomisario de la Policía de la Ciudad, Horacio Córdoba, quienes habrían colaborado en el embalaje y traslado de los restos. Según fuentes del Servicio Penitenciario Bonaerense, los acusados han mantenido estrategias de defensa divergentes durante la etapa de instrucción, lo que podría generar cruces de acusaciones durante el debate oral. Por otro lado, la participación de Flavia Bomrad fue señalada como determinante para atraer a la víctima hacia la escena del crimen, mediante la gestión de un acto jurídico en una escribanía de Castelar que sirvió como señuelo para que el empresario se desplazara sin sospechas hacia su muerte.
Contexto
El caso de Fernando “Lechuga” Pérez Algaba salió a la luz el 23 de julio de 2023, cuando un grupo de niños que jugaba cerca del Arroyo del Rey encontró una valija roja que contenía las extremidades de un hombre. Dos días después, el hallazgo de la cabeza y el torso permitió la identificación dactilar de la víctima. Pérez Algaba era un conocido operador de criptomonedas y vendedor de vehículos de alta gama que residía en el exterior, pero había regresado a la Argentina para realizar gestiones comerciales. Al momento de su desaparición, alquilaba un departamento en Ituzaingó, donde la policía encontró sus pertenencias listas para un viaje a Barcelona programado para el mismo día en que fue asesinado. Este detalle confirmó a los investigadores que el trader no planeaba ausentarse por voluntad propia, sino que fue interceptado antes de llegar al aeropuerto.
La investigación inicial tuvo giros complejos, incluyendo la detención de Alma Nicole Chamorro, una mujer trans cuya documentación fue hallada dentro de la valija donde se descartaron los restos. Sin embargo, tras semanas de peritajes y declaraciones, la justicia dictó su sobreseimiento definitivo al comprobar que no tenía vinculación con el homicidio y que la valija le había sido sustraída previamente. La trama reveló un trasfondo de deudas cruzadas, amenazas por redes sociales y un estilo de vida de alto riesgo vinculado a las finanzas digitales. Según operadores del mercado de divisas, Pérez Algaba manejaba flujos de dinero informales que lo habrían llevado a confrontar con sus antiguos socios, Pilepich y Vargas, quienes finalmente habrían decidido eliminarlo para cancelar la deuda de forma violenta.
Impacto
Este juicio representa un hito para la justicia bonaerense debido a la complejidad de la prueba técnica y la modalidad del crimen, que remite a prácticas de organizaciones criminales de alta peligrosidad. La resolución del caso impacta directamente en la percepción de seguridad jurídica y ciudadana en el conurbano bonaerense, especialmente en lo que respecta a la resolución de conflictos económicos por fuera de los canales legales. Para los familiares de la víctima, el inicio del debate oral significa el cierre de una etapa de incertidumbre marcada por la crueldad con la que se trató el cuerpo de Pérez Algaba. Además, la participación de un excomisario de la Policía de la Ciudad entre los acusados pone bajo la lupa los mecanismos de control interno de las fuerzas de seguridad y los vínculos entre efectivos y el mundo delictivo.
Desde el punto de vista legal, la utilización de un jurado popular para un caso de esta magnitud técnica —que incluye análisis de celdas telefónicas, movimientos de billeteras virtuales y pericias balísticas— supone un desafío para la fiscalía a la hora de simplificar la evidencia sin perder precisión. El veredicto sentará un precedente sobre cómo se juzgan los crímenes vinculados a las nuevas economías digitales y las estafas piramidales en el país. Fuentes del Ministerio de Seguridad indicaron que el operativo de traslado de los detenidos al tribunal será de máxima seguridad, dado el perfil de los imputados y la sensibilidad social que despierta el caso. El resultado del juicio determinará si la estructura de complicidades denunciada por la fiscalía logra sostenerse ante la mirada de los ciudadanos que integran el jurado.
El debate continuará durante las próximas semanas con la declaración de más de 50 testigos, entre peritos, familiares y allegados a la víctima. Se espera que en una segunda instancia sea juzgada Blanca Gladys Cristaldo, acusada de encubrimiento agravado por haber refugiado a Pilepich mientras era buscado por la Interpol. La tensión en los tribunales de Lomas de Zamora es elevada, ya que la defensa de los acusados intentará desestimar la premeditación, mientras que la fiscalía buscará demostrar que existió un plan sistemático para ejecutar y desaparecer al empresario. El próximo paso procesal será la lectura de los alegatos de apertura, donde cada parte fijará su posición definitiva ante el jurado popular.
