La Justicia de Rafaela imputó el viernes pasado a Samuel Elías Reyes y a un joven de iniciales S.E.B. por el asesinato de Zamir Torres, el niño de cuatro años acribillado en julio de 2025 en la ciudad de Frontera.
El fiscal Pedro Machado, representante del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe, formalizó los cargos contra Reyes, de 30 años, y S.E.B., de 22 años, bajo la calificación de coautores de homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas, agravado por el uso de arma de fuego. La medida, ratificada por el juez Nicolás Stegmayer, establece la prisión preventiva por el plazo legal de dos años para ambos acusados. Reyes, quien integraba la lista de los siete criminales más buscados de la provincia de Santa Fe, había sido capturado el pasado 12 de junio en la ciudad de Córdoba tras permanecer casi un año prófugo. Según fuentes judiciales, la evidencia recolectada incluye testimonios clave y peritajes materiales que sitúan a los imputados en la escena del crimen, donde además se les atribuyó la tentativa de homicidio contra la madre y el padrastro del menor, junto con la portación ilegal de arma de guerra.
La reconstrucción del hecho presentada por la fiscalía detalla una emboscada planificada con precisión técnica y una violencia inusitada para la zona. El miércoles 9 de julio del año pasado, alrededor de las 18:30, Zamir viajaba en un Fiat Fiesta junto a su madre y su padrastro, Brian M., alias “Peladito”, quien conducía el vehículo. Al reducir la velocidad frente a un lomo de burro en la Calle 7 de Frontera, fueron interceptados por un Fiat Cronos ocupado por cuatro personas. De acuerdo con los peritajes balísticos, los atacantes utilizaron pistolas calibre 9 milímetros para iniciar la ráfaga. Tras los primeros disparos desde el interior del rodado, tres de los agresores —identificados preliminarmente como Matías Escobedo, S.E.B. y una mujer— descendieron del vehículo y, a una distancia de apenas tres metros, efectuaron al menos diez disparos adicionales contra el habitáculo del Fiat Fiesta. El niño recibió tres impactos de bala y llegó sin vida al Hospital de San Francisco, mientras que su padrastro sobrevivió tras ser trasladado de urgencia a la ciudad de Santa Fe con heridas de gravedad.
Contexto
El crimen de Zamir Torres se inscribe en una escalada de violencia territorial en la ciudad de Frontera, una localidad ubicada en el límite interprovincial entre Santa Fe y Córdoba, dentro del departamento Castellanos. Esta zona ha sido históricamente un punto crítico para las fuerzas de seguridad debido a la porosidad de la frontera civil, que facilita el desplazamiento de organizaciones criminales entre ambas jurisdicciones. La investigación judicial ha puesto el foco en los vínculos de la familia de la víctima con un joven apodado “Pocholito”, quien posee un frondoso prontuario por robos, homicidios y agresiones armadas. Según fuentes del Ministerio de Seguridad de Santa Fe, el ataque contra Brian M. no habría sido un hecho aislado, sino parte de un ajuste de cuentas vinculado a disputas previas entre bandas locales que operan en el eje Frontera-San Francisco. La detención de Reyes en Córdoba, tras meses de seguimiento por parte de la Policía de Investigaciones (PDI), confirma la transnacionalidad delictiva de estos grupos que utilizan la infraestructura urbana de ambas provincias para ocultarse.
Hasta el momento, la causa cuenta con cuatro detenidos con prisión preventiva confirmada. A las recientes imputaciones de Reyes y S.E.B. se suman las de Matías Escobedo, de 29 años, y Thiago Medrano, de 20 años, quienes fueron capturados pocos días después del ataque en operativos realizados en la zona. Por otro lado, una mujer de 24 años, identificada como B.C.R.D., permanece vinculada al proceso pero bajo un régimen de libertad con restricciones severas. La justicia le prohibió el ingreso a la ciudad de Frontera, el acercamiento a cualquier testigo o víctima del caso y la portación de armas. Además, debe presentarse semanalmente ante la autoridad policial y fijar un domicilio fuera del área de conflicto. La fiscalía sostiene que los agresores, tras cometer el asesinato, incendiaron el Fiat Cronos utilizado en el ataque, una maniobra clásica del crimen organizado destinada a eliminar rastros de ADN y huellas dactilares que pudieran comprometer a los autores materiales.
Impacto
La resolución de este caso es considerada prioritaria para el Ministerio Público de la Acusación debido a la gravedad institucional que representa el asesinato de un menor en un contexto de sicariato. El procesamiento de Reyes, uno de los objetivos de máxima prioridad para la provincia, representa un avance significativo en la desarticulación de células operativas que actúan con total impunidad en el departamento Castellanos. Para los operadores del mercado judicial, la aplicación de la figura de homicidio calificado, que prevé la pena de prisión perpetua, envía una señal de rigor ante el aumento de los ataques con armas de guerra en zonas residenciales. El impacto social en Frontera ha sido profundo, alterando la dinámica cotidiana de los vecinos y forzando un refuerzo de la presencia de fuerzas federales en el límite con Córdoba. La modalidad del ataque, ejecutado a plena luz del día y con un desprecio total por la vida de terceros, ha marcado un precedente de peligrosidad que la justicia busca castigar con la máxima severidad prevista en el Código Penal Argentino.
El proceso judicial entrará ahora en una etapa de producción de prueba técnica, donde los peritajes sobre los teléfonos celulares secuestrados a los imputados serán determinantes para establecer la cadena de mando y la posible existencia de un autor intelectual detrás del ataque. La fiscalía mantiene bajo reserva ciertos detalles sobre la participación individual de cada acusado para no entorpecer el resguardo de los testimonios de los sobrevivientes, quienes se encuentran bajo programas de protección de testigos. Se espera que en los próximos meses se fije la fecha para la audiencia preliminar al juicio oral, mientras la defensa de los acusados intenta impugnar las medidas de prisión preventiva. La tensión en la zona permanece latente, dado que la captura de los principales sospechosos no ha neutralizado por completo las disputas territoriales que originaron el conflicto, dejando abierta la posibilidad de nuevas intervenciones judiciales en el corto plazo.
