La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal suspendió hace dos semanas el fallo del juez Enrique Lavié Pico que habilitaba al magistrado Diego Barroetaveña a buscar un nuevo mandato en el Consejo de la Magistratura.
La resolución judicial frenó una maniobra que amenazaba con derribar los límites a las reelecciones en diversos estamentos del Estado, especialmente en los municipios de la provincia de Buenos Aires. El planteo original de Barroetaveña, presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, buscaba ser exceptuado de la prohibición de representar por más de dos mandatos consecutivos a los jueces en el organismo encargado de seleccionar y sancionar magistrados. Esta intención no era aislada: contaba con el antecedente del año pasado, cuando el Consejo de la Magistratura, bajo la vicepresidencia de Agustina Díaz Cordero —vinculada al titular de la Corte, Horacio Rosatti—, avaló la reelección de sus autoridades. La decisión de la Cámara de Apelaciones no solo afectó a Barroetaveña, sino que detuvo exhortos similares de Jimena De La Torre y María Fernanda Vázquez, representantes del PRO y la UCR, quienes buscaban permanecer en sus cargos pese a las restricciones reglamentarias vigentes.
En el plano político, el kirchnerismo reaccionó con celeridad ante la posibilidad de que se abriera esta grieta legal. El senador José Mayans presentó un recurso para que los legisladores María Inés Pilatti Vergara, Vanessa Siley, Mariano Recalde y Rodolfo Tailhade pudieran gozar del mismo privilegio de permanencia en el Consejo de la Magistratura. Esta estrategia buscaba equiparar los beneficios entre los distintos bloques ante un eventual cambio de reglas. Sin embargo, el desistimiento posterior de Barroetaveña y la intervención de la alzada judicial dejaron sin sustento inmediato estas pretensiones. Mientras tanto, en la provincia de Buenos Aires, los intendentes del denominado “Grupo AFA” mantienen reuniones clave, como la ocurrida el 27 de agosto en Merlo con Máximo Kirchner, donde la reelección indefinida sobrevoló la mesa de negociaciones bajo la mediación de Martín Insaurralde, quien busca consolidar una liga de jefes comunales del interior para presionar en la Legislatura bonaerense.
La crisis de institucionalidad se extiende también al fuero Penal Económico, donde el juez Javier López Biscayart anuló el 25 de agosto una causa por contrabando contra Salvador “El Tano” Rosselli, un histórico funcionario de Aduanas en Ezeiza. Rosselli, desplazado en enero por el titular del ARCA, Andrés Vázquez, era investigado por presuntos vínculos con la empresa Art Group, de los empresarios Roberto, Martín y Juan Artusa, para el ingreso ilegal de teléfonos iPhone desde Miami. López Biscayart fundamentó la nulidad siguiendo la doctrina del fiscal federal Eduardo Taiano, argumentando que la investigación se originó en una denuncia anónima y fue instruida por un auxiliar fiscal, figura no contemplada en el viejo Código Procesal cuya vigencia fue prorrogada hasta 2027 por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Este escenario se da en medio de la designación de 70 nuevos funcionarios judiciales, un hecho que Mahiques calificó en redes sociales como un “triunfo del pueblo argentino”.
Contexto
La disputa por el control de los organismos judiciales y las terminales de comercio exterior no es nueva, pero ha cobrado una intensidad inusitada tras la prórroga de la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal en Comodoro Py. Esta demora, firmada por Mahiques, genera un “limbo” jurídico donde conviven dos sistemas procesales distintos, permitiendo que planteos como el del juez de Rosario, Aníbal Pineda, lleguen a la Corte Suprema para definir qué normas aplicar. Pineda instó al máximo tribunal a resolver la situación de Marcelo Bailaque, exjuez federal de Rosario acusado de extorsión a empresarios junto al financista Fernando Whipei y el extitular de ARCA Santa Fe, Carlos Vaudagna. La falta de claridad procesal ha servido para suspender efectos de delaciones entre supuestos cómplices en causas que involucran a otros magistrados como Gastón Salmaín y Carlos Vera Barros.
Por otro lado, la influencia de figuras del espionaje y la política en las designaciones judiciales marca el pulso de las causas más sensibles. Fuentes judiciales vinculan a Rosselli y al propio López Biscayart con el entorno de Jaime Stiuso, quien mantendría una alianza estratégica con Santiago Caputo, asesor presidencial y referente directo de Andrés Vázquez en ARCA. En este entramado aparece también Juan Tomás Rodríguez Ponte, recientemente designado juez federal N°2 de Lomas de Zamora con jurisdicción sobre Ezeiza. Rodríguez Ponte, exsecretario de Ariel Lijo y extitular de la oficina de escuchas de la Corte (Dajudeco), tiene ahora bajo su órbita la causa por enriquecimiento ilícito y lavado de activos contra Martín Insaurralde, lo que añade una capa de complejidad a las negociaciones políticas en la provincia.
Impacto
El freno a la reelección de los consejeros de la Magistratura impacta directamente en la estrategia de los intendentes bonaerenses, quienes veían en ese fallo una “llave maestra” para impugnar la ley que limita sus mandatos en la provincia. Si la Justicia permitía que un juez o un legislador ignorara los límites de permanencia en un cuerpo colegiado, el argumento de la “proscripción” o la violación de derechos políticos para los jefes comunales ganaba una fuerza jurídica inédita. Al caerse este precedente, la discusión vuelve estrictamente al ámbito legislativo, donde La Cámpora y el Frente Renovador de Sergio Massa poseen los votos necesarios para habilitar o bloquear cualquier reforma a la ley de mandatos locales, condicionando el apoyo de los intendentes a la paz interna del peronismo bonaerense.
Asimismo, la anulación de causas por vicios procesales en el fuero Penal Económico genera una señal de alerta sobre la eficacia de la lucha contra el contrabando y la corrupción en las fronteras. La decisión de López Biscayart basada en la invalidez de las denuncias anónimas y la actuación de auxiliares fiscales podría provocar una catarata de pedidos de nulidad en investigaciones similares en curso. Esto afecta no solo la recaudación fiscal a través de ARCA, sino que debilita la estructura de control en puntos críticos como el Aeropuerto de Ezeiza, donde la rotación de funcionarios como Nicolás Velis —hijo del titular de Aduanas— y las purgas internas responden más a equilibrios de poder político que a criterios de eficiencia administrativa.
El escenario futuro queda supeditado a la resolución de la Corte Suprema sobre la validez de los códigos procesales y la suerte de las designaciones de nuevos jueces federales. La tensión entre el sector que responde a Mahiques y el que se alinea con Ariel Lijo por la Procuración General de la Nación definirá el rumbo de las investigaciones criminales en los próximos años. Mientras tanto, los intendentes bonaerenses observan con atención los movimientos en los tribunales de Lomas de Zamora, sabiendo que su supervivencia política depende tanto de un acuerdo en la Legislatura de La Plata como de la benevolencia de los magistrados que hoy custodian sus expedientes más comprometedores.
