El juez federal Ernesto Kreplak resolvió ampliar el procesamiento de 13 directivos y responsables de los laboratorios HLB Pharma Group y Laboratorios Ramallo SA, tras confirmar que el fentanilo contaminado producido por estas firmas causó la muerte de 90 personas.
La resolución judicial, dictada en el marco de la causa FLP 17371/2025, representa un giro sustancial en la investigación al incorporar 70 nuevas víctimas fatales a las 20 que ya habían sido contabilizadas en la etapa inicial del proceso. Según informaron fuentes del Juzgado Federal N° 3 de La Plata, la medida también contempla a 44 pacientes que, si bien sobrevivieron a la aplicación de la droga, sufrieron lesiones graves y daños permanentes en su salud debido a infecciones bacterianas derivadas del fármaco adulterado. Los imputados enfrentan cargos por el delito de adulteración de sustancias medicinales agravado por el resultado de muerte, bajo la figura de coautoría funcional, lo que implica una responsabilidad directa en la cadena de producción y control de calidad de los medicamentos distribuidos en centros de salud de todo el país.
La identificación de las nuevas víctimas fue posible gracias a un cambio en la metodología de peritaje ante la dificultad de hallar material biológico en todos los casos. De acuerdo con los peritos oficiales de la Corte Suprema, se estableció el “criterio de dosis suficiente” para determinar la causalidad en aquellos pacientes donde no se pudo realizar una secuenciación genética. Este criterio técnico define que cualquier paciente que haya recibido cinco o más ampollas del lote 31202 de fentanilo HLB se considera víctima confirmada, dado que esa cantidad de fármaco es suficiente para provocar una infección bacteriana letal o altamente dañina. Esta decisión técnica permitió destrabar la parálisis probatoria que generaba la falta de trazabilidad estricta de los lotes, un déficit administrativo que los propios laboratorios habrían omitido durante el proceso de fabricación y despacho.
La nómina de procesados incluye a la cúpula directiva y técnica de ambas empresas involucradas. Entre los principales señalados se encuentran los hermanos Ariel Fernando García y Diego Hernán García, propietarios de los laboratorios, junto a su madre, Nilda Furfaro, quien se desempeñaba como vicepresidenta y accionista de HLB Pharma Group SA. La justicia también procesó a los directores Javier Martín Tchukrán, José Antonio Maiorano y Carolina Ansaldi. En el área de control de calidad y producción, las responsabilidades recayeron sobre María Victoria García, Wilson Daniel Pons, Adriana Iúdica, Arzolidys Dayana Astudillo Bolívar, Rocío del Cielo Garay, Edgardo Gerardo, Antonio Sclafani y Eduardo Darchuk. Mientras que la mayoría son considerados coautores, Nilda Furfaro fue señalada como partícipe necesaria en la maniobra que permitió la salida al mercado de productos sin las garantías sanitarias mínimas exigidas por la ANMAT.
Contexto
El caso se originó hace un año, cuando una serie de muertes sospechosas en unidades de terapia intensiva encendió las alarmas de las autoridades sanitarias nacionales. Las primeras investigaciones determinaron que los pacientes habían desarrollado cuadros infecciosos agudos tras ser sedados con fentanilo, un analgésico opioide de alta potencia. Los análisis de laboratorio sobre el lote 31202 revelaron la presencia de bacterias que no deberían existir en un producto inyectable estéril. Históricamente, la industria farmacéutica argentina mantiene estándares de bioseguridad rigurosos, pero este incidente puso de manifiesto fallas críticas en la supervisión estatal y privada. Los antecedentes de HLB Pharma ya registraban observaciones administrativas previas, pero ninguna de la gravedad necesaria para suspender sus líneas de producción antes de que ocurriera la tragedia.
La magnitud de este brote infeccioso por medicamentos contaminados es considerada una de las más graves en la historia judicial reciente de la provincia de Buenos Aires. En los primeros 20 casos confirmados, los investigadores contaban con muestras biológicas que permitieron un cruce genético directo entre la bacteria hallada en las ampollas y la encontrada en los cuerpos de los fallecidos. Sin embargo, a medida que la investigación avanzó hacia otros centros de salud, la falta de protocolos de conservación de muestras obligó al juzgado a recurrir a la epidemiología forense. Este contexto de precariedad en la trazabilidad de los fármacos dentro de los hospitales también forma parte de la investigación secundaria, ya que se busca determinar si hubo negligencia en el manejo de los stocks una vez que se emitió la primera alerta sanitaria.
Impacto
La ampliación del procesamiento tiene un impacto directo en la escala de las posibles condenas, que podrían alcanzar el máximo previsto para delitos contra la salud pública. Para el sistema sanitario, este fallo sienta un precedente sobre la responsabilidad de los directores técnicos y responsables de calidad, quienes no podrán alegar desconocimiento sobre las fallas en los procesos de esterilización. Fuentes del Ministerio de Salud indicaron que este caso ha forzado una revisión integral de los protocolos de inspección de la ANMAT sobre laboratorios que producen genéricos de alta demanda. El impacto social es igualmente profundo, ya que las familias de las 90 víctimas fatales y los 44 sobrevivientes ahora cuentan con un respaldo judicial que vincula directamente la administración del fármaco con el deceso o la lesión, facilitando las demandas civiles por daños y perjuicios.
En el mercado farmacéutico, la situación de HLB Pharma Group y Laboratorios Ramallo SA es de virtual colapso operativo. La desconfianza generada por la contaminación del lote 31202 provocó la caída de contratos de suministro con diversas provincias y prestadores privados. Operadores del sector señalan que este caso acelera la implementación de sistemas de trazabilidad por código QR individual para cada ampolla, una medida que busca evitar que lotes sospechosos circulen de manera anónima en el sistema de salud. La resolución del juez Kreplak también envía una señal clara a la industria sobre la “coautoría funcional”, estableciendo que la responsabilidad no se agota en el operario de la máquina, sino que escala hasta los propietarios y accionistas que definen las políticas de inversión y mantenimiento de las plantas.
El proceso judicial entra ahora en una etapa de definiciones técnicas finales antes de la elevación a juicio oral. Se espera que las defensas de los 13 imputados apelen la ampliación del procesamiento, cuestionando principalmente el “criterio de dosis suficiente” como prueba de cargo. No obstante, la contundencia de los peritajes realizados por los organismos oficiales sugiere que la causa avanzará hacia el debate público en el corto plazo. El próximo paso clave será la finalización de las pericias contables sobre las empresas para determinar si existió un ahorro deliberado en costos de seguridad que derivó en la contaminación bacteriana, lo que podría agravar aún más la situación procesal de los hermanos García Furfaro y el resto de la cúpula directiva.
