La Justicia Federal de San Isidro detuvo a Facundo Leal, expresidente de ARSAT, tras hallar 2,5 millones de dólares y estupefacientes en su domicilio, en el marco de una causa por corrupción y direccionamiento de contratos logísticos.
El operativo, liderado por el juez Lino Mirabelli y el fiscal Fernando Domínguez, reveló un esquema de retornos y sobreprecios que vincula a la cúpula de la empresa estatal de soluciones satelitales con la firma Argentina Logistic Services (ALS). Según fuentes judiciales, la investigación se precipitó tras el robo de 15 contenedores con material crítico de la Red Federal de Fibra Óptica en un depósito de San Fernando en enero de 2024. Al inspeccionar el predio, los peritos detectaron que las cámaras de seguridad estaban fuera de servicio y el cerco perimetral cortado, lo que orientó las sospechas hacia una connivencia entre los directivos de ARSAT y los responsables de la seguridad del predio. El análisis de los dispositivos móviles secuestrados permitió reconstruir una trama de mensajes que detallan el pago de sobornos y la manipulación de licitaciones para favorecer a un grupo empresario específico.
La estructura delictiva, denominada internamente como “la banda de los mendocinos”, estaba liderada por Leal, quien ocupó la presidencia de ARSAT entre 2022 y 2024 antes de pasar al Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA). Durante el allanamiento en su departamento de Palermo, los efectivos de seguridad incautaron 650.000 dólares en efectivo, además de pesos argentinos, divisas de otros seis países y sustancias como ketamina, MDMA y cocaína. Simultáneamente, en una propiedad vinculada al exfuncionario en la provincia de Mendoza, se localizaron otros 1,7 millones de dólares organizados en fajos termosellados. De acuerdo con operadores del mercado logístico, la maniobra consistía en la contratación directa de ALS mediante la presentación de ofertas de cortesía por parte de empresas vinculadas, como Transportes Padilla y Tradelog, para simular una competencia inexistente en los procesos de cotización.
Gerardo Boschin, ex subgerente de Compras y Contrataciones de ARSAT, aparece como el ejecutor operativo del esquema. Según la fiscalía, Boschin filtró información privilegiada a los directivos de ALS y autorizó órdenes de compra por un total de 1.930.861 dólares y 40.300.000 pesos entre los años 2021 y 2024. Estas contrataciones abarcaban servicios de depósito, uso de grúas y transporte de materiales sensibles. La investigación también señala a Santiago Pando como el presunto intermediario encargado de coordinar los pagos ilegales entre los empresarios y los funcionarios públicos. Por el lado de la empresa ALS, se encuentran bajo la lupa su presidente, Fernando Diego Paredes, el vicepresidente Diego Padilla y el director suplente Gastón Walter Padilla, quienes habrían coordinado la presentación de presupuestos coordinados para asegurar la adjudicación de los contratos estatales.
Contexto
El origen de esta red se remonta al 29 de junio de 2021, cuando Juan Andrés Navarro, entonces gerente comercial de ARSAT, firmó un memorándum técnico que recomendaba el traslado de los bienes de la empresa a los depósitos de ALS bajo la modalidad de contratación directa. Este movimiento fue el puntapié inicial para el desembarco de un grupo de funcionarios mendocinos en puestos clave de la administración nacional. La influencia de este sector se extendió más allá de las telecomunicaciones, alcanzando áreas de transporte y gestión ferroviaria. Por ejemplo, Leonardo Comperatore, exministro de Seguridad de Mendoza, se desempeñó como jefe de Relaciones Institucionales en ARSAT y tuvo un paso por Trenes Argentinos Infraestructura, reflejando una red de nombramientos cruzados que facilitó el control de las cajas operativas del Estado durante la gestión anterior.
La dinámica de las licitaciones bajo sospecha muestra un patrón de irregularidades administrativas recurrentes. El 10 de septiembre de 2021, tres empresas presentaron sus ofertas con apenas minutos de diferencia, un dato que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) considera una prueba de la cartelización del servicio. La relación de parentesco entre los directivos de las firmas competidoras —Diego Padilla es hijo del vicepresidente de Transportes Padilla— refuerza la hipótesis de que el proceso fue una puesta en escena para validar el desembolso de fondos públicos. Además, se detectó que Sofía Varela Vizgarra, gerenta general de ALS, mantenía vínculos laborales activos con Tradelog, otra de las empresas que participó de la compulsa de precios, cerrando el círculo de intereses compartidos entre los supuestos competidores.
Impacto
Este caso representa un golpe significativo a la transparencia en la gestión de activos estratégicos del Estado, ya que los materiales robados y mal custodiados forman parte de la infraestructura básica de conectividad del país. El desvío de fondos por casi 2 millones de dólares en contratos logísticos no solo implica un perjuicio económico directo al erario público, sino que también pone en riesgo la integridad de la Red Federal de Fibra Óptica. Según indicaron desde el Ministerio de Economía, la auditoría interna de ARSAT está revisando todos los contratos firmados durante el período 2021-2024 para determinar si existen otros proveedores involucrados en maniobras similares. La vinculación de funcionarios de alto rango con el tráfico de divisas y estupefacientes añade una dimensión de criminalidad compleja que trasciende los delitos contra la administración pública.
La situación procesal de los involucrados se agrava con la participación de Pablo Gastón Pagani, exsubgerente de Finanzas y cuñado de Leal, quien habría autorizado prórrogas contractuales sin el aval del Directorio de la compañía. Esta falta de controles internos permitió que ALS mantuviera el control de los depósitos de ARSAT a pesar de las evidentes fallas de seguridad que derivaron en el saqueo de los contenedores en San Fernando. La fiscalía sostiene que la estructura funcionaba como una organización ilícita dedicada a la extracción sistemática de recursos públicos mediante el inflado de costos operativos y la posterior distribución de retornos en moneda extranjera, lo que explica el volumen de efectivo hallado en los domicilios de los imputados.
En las próximas horas, el juez Mirabelli deberá resolver el pedido de indagatoria para la totalidad de los sospechosos, incluyendo a Juan Antonio Álvarez, jefe de compras de la entidad. Mientras la causa permanece bajo secreto de sumario, los investigadores analizan el flujo de fondos hacia el exterior y la posible existencia de cuentas no declaradas en paraísos fiscales. La tensión política crece en torno a los funcionarios que aún permanecen en cargos provinciales, como Ramiro Canet en Mendoza, cuya situación podría verse comprometida a medida que avance el peritaje de los mensajes de texto y correos electrónicos incautados en la sede central de ARSAT en Benavídez.
