El fiscal federal Federico Iuspa solicitó la elevación a juicio oral de la causa contra siete integrantes de una organización criminal acusada de extorsionar e inducir al suicidio al soldado voluntario Rodrigo Gómez, de 21 años, en la Quinta de Olivos.
La investigación, que tramita ante el juzgado de la magistrada Sandra Arroyo Salgado en San Isidro, determinó que la víctima fue blanco de una maniobra de “sextorsión” ejecutada desde el interior de establecimientos penitenciarios de la provincia de Buenos Aires. Gómez, quien se desempeñaba en el área de seguridad de la residencia presidencial, se quitó la vida el 16 de diciembre pasado tras ser acorralado por las exigencias económicas de los delincuentes. Según consta en el expediente judicial, el joven sargento del Ejército Argentino llegó a transferir un total de 1.413.000 pesos a diversas cuentas bancarias y billeteras virtuales controladas por la banda, dinero que obtuvo mediante ahorros propios, préstamos de sus camaradas y créditos solicitados a través de aplicaciones financieras móviles.
El esquema delictivo comenzó cuando Gómez contactó a una supuesta joven de 17 años a través de una aplicación de citas. Poco después, recibió mensajes de una mujer que decía ser la madre de la menor, amenazándolo con realizar una denuncia por pedofilia. Inmediatamente después, entró en escena un falso subteniente del inexistente “Servicio de Investigaciones contra la Pedofilia Infantil Cibernética y Trata de Personas”. Los delincuentes utilizaron la identidad real de un oficial de la Policía de la Ciudad para otorgar veracidad al engaño, enviando fotos del uniformado en su puesto de trabajo. Ante el temor de perder su carrera militar y ser detenido, Gómez inició una serie de pagos desesperados. Entre las 17:33 y las 18:38 del 15 de diciembre, realizó cuatro transferencias por montos de 213.000, 400.000, 291.000 y 500.000 pesos, respectivamente. A pesar de haber quedado en la “pobreza máxima”, según sus propias palabras en los chats de WhatsApp, las exigencias no cesaron, lo que lo llevó a dispararse con su fusil reglamentario en el Puesto 9 de la Quinta de Olivos.
Los líderes de la organización fueron identificados como Tomás Francavilla y Mauricio Duarte Areco, quienes al momento de los hechos se encontraban alojados en la Unidad Penitenciaria de Magdalena. Un tercer cómplice, Kevin Sandoval, operaba desde la Unidad 26 de Olmos, en La Plata. La estructura se completaba con cuatro mujeres, encargadas de la logística financiera y la recepción del dinero en cuentas de billeteras virtuales. El fiscal Iuspa destacó en su requerimiento que la peligrosidad de la banda se evidencia no solo en el desenlace fatal de Gómez, sino también en la sofisticación para suplantar identidades oficiales y la recurrencia de sus ataques. La fiscalía detectó al menos otros dos casos: una víctima que fue obligada a transferir 15.000 pesos el 26 de diciembre y otra que depositó 116.000 pesos entre el 22 y el 28 del mismo mes, demostrando que la banda continuó operando incluso después de la muerte del soldado.
Contexto
Este caso pone de manifiesto la problemática persistente del uso de teléfonos celulares dentro de las cárceles bonaerenses, una medida que se flexibilizó durante la pandemia de COVID-19 por razones humanitarias pero que ha derivado en un incremento de delitos informáticos y extorsivos. Según datos de la Procuración General de la Nación, las estafas virtuales coordinadas desde centros de detención han crecido exponencialmente en los últimos tres años, afectando principalmente a usuarios de aplicaciones de citas y redes sociales. La organización desarticulada por la División Homicidios de la Policía Federal Argentina (PFA) aprovechaba la vulnerabilidad de las víctimas mediante el uso de perfiles falsos y la simulación de procedimientos judiciales, una modalidad conocida en el ámbito criminal como “la estafa del policía”.
La situación de Rodrigo Gómez refleja, además, la presión psicológica extrema a la que son sometidos los efectivos de fuerzas de seguridad y fuerzas armadas en estos casos. Al estar sujetos a regímenes disciplinarios estrictos, la amenaza de una denuncia penal —aunque sea falsa— actúa como un mecanismo de coerción altamente efectivo. En este sentido, la jueza Arroyo Salgado remarcó que el temor a la exposición pública de su vida privada y la posible detención fueron los factores determinantes que anularon la voluntad del soldado. Los antecedentes de la causa muestran que Gómez intentó desesperadamente buscar ayuda financiera entre sus compañeros de guardia en la residencia presidencial antes de concluir que no tenía salida, enviando su último mensaje a las 23:59 del día previo a su fallecimiento.
Impacto
El procesamiento y la elevación a juicio de esta banda tienen un impacto directo en la política carcelaria de la provincia de Buenos Aires. A raíz de este episodio, la jueza Arroyo Salgado envió un oficio formal al ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena, exigiendo medidas urgentes para restringir el acceso de los internos a dispositivos móviles. La magistrada argumentó que la falta de control en los penales dependientes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) facilitó la logística necesaria para inducir al suicidio a un funcionario público en ejercicio de sus funciones. Como consecuencia inmediata, los principales imputados fueron trasladados a cárceles del Servicio Penitenciario Federal (SPF), donde rigen protocolos de seguridad más estrictos respecto a las comunicaciones externas.
Desde el punto de vista jurídico, el caso sienta un precedente relevante sobre la responsabilidad penal en la inducción al suicidio vinculada a delitos económicos. La fiscalía sostiene que no se trató de una simple estafa, sino de una estructura criminal organizada que utilizó el terror psicológico como herramienta de recaudación. Para los especialistas en derecho penal, la elevación a juicio bajo estos cargos refuerza la figura de la extorsión agravada por el resultado muerte, lo que podría derivar en penas máximas para los cabecillas de la organización. Asimismo, el caso obliga a las instituciones militares y de seguridad a revisar sus protocolos de asistencia psicológica y prevención del suicidio ante situaciones de acoso digital y extorsión.
El próximo paso procesal será la fijación de la fecha para el debate oral, donde los siete imputados deberán responder por los delitos de extorsión y participación en la inducción al suicidio. La querella y la fiscalía buscarán demostrar que la muerte de Gómez fue la consecuencia directa y buscada de una presión sistemática ejercida por sujetos que, a pesar de estar privados de su libertad, mantenían plena capacidad operativa para delinquir. La resolución de este juicio será clave para determinar el grado de responsabilidad del Estado en la custodia de los detenidos y el control de los elementos tecnológicos dentro de los pabellones, una tensión que permanece vigente en la agenda de seguridad nacional.
