El juez de Cámara de Ushuaia, Andrés Leonelli, fue sobreseído por la Justicia tras una denuncia de Google por presunto almacenamiento de material de abuso sexual infantil en la nube, archivos que pertenecían a una investigación penal de 2016.
El magistrado brindó detalles sobre el proceso judicial que enfrentó luego de que los algoritmos de la empresa tecnológica detectaran contenido sensible en su cuenta personal de Google Drive. Según explicó Leonelli ante las autoridades judiciales, el material se encontraba alojado en su computadora laboral desde hace ocho años, cuando se desempeñaba como juez de instrucción en Río Grande. En aquel entonces, recibió un reporte de la organización Missing Children que contenía archivos provenientes de una red social, los cuales fueron descargados y descomprimidos para ser incorporados como prueba en un expediente penal. El magistrado sostuvo que desconocía que esos ficheros permanecían en el disco rígido de su equipo de trabajo hasta que realizó una copia de seguridad masiva de su documentación profesional.
La situación escaló cuando el sistema de seguridad de Google identificó las imágenes y procedió al bloqueo inmediato de todas las cuentas del funcionario. De acuerdo con fuentes judiciales, la empresa realizó un reporte técnico ante el National Center for Missing and Exploited Children (Ncmec) en los Estados Unidos, organismo que actúa como nexo internacional para este tipo de delitos. Esta notificación fue derivada a la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas del Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires, lo que dio inicio a una causa penal que finalmente recayó en el Juzgado de Instrucción N°2 de Ushuaia. Durante el proceso, se realizaron allanamientos tanto en el domicilio particular del juez como en su despacho oficial, donde se secuestraron dispositivos electrónicos de su entorno familiar.
Contexto
El origen de este conflicto se remonta a las prácticas de digitalización y trabajo remoto que comenzaron a implementarse con mayor fuerza en el Poder Judicial de Tierra del Fuego. Según consta en el expediente, el Superior Tribunal de Justicia de la provincia promovía el uso de servicios de almacenamiento en la nube para facilitar el flujo de expedientes y sentencias fuera de las sedes tribunalicias. Leonelli argumentó que, al intentar resguardar miles de documentos judiciales y proyectos de sentencias, el sistema de sincronización automática de Google Drive arrastró el fichero de 2016 que contenía el material de abuso. El magistrado enfatizó que no existió una voluntad de atesorar dicho contenido, sino que se trató de un error técnico derivado de la gestión de archivos de causas antiguas que no habían sido depuradas del hardware oficial.
La defensa del magistrado también puso el foco en la imposibilidad de establecer un canal de comunicación humano con la empresa tecnológica. Leonelli relató que, tras el bloqueo de sus servicios, intentó realizar descargos administrativos explicando el origen legítimo y judicial de los archivos, pero solo recibió respuestas automatizadas. El sistema de Google le permitió un descargo inicial de apenas 700 caracteres, el cual fue rechazado sin una revisión pormenorizada de las pruebas que acreditaban su función como juez de instrucción en el momento de la recepción del material. Esta falta de respuesta derivó en una serie de reclamos ante Defensa del Consumidor y el envío de cartas documento a la sede de Google Argentina, mientras la investigación penal avanzaba de forma paralela sobre su vida privada.
Impacto
El impacto de este caso trasciende la figura del juez Leonelli y pone en debate la seguridad jurídica de los funcionarios judiciales que manipulan evidencia digital sensible en dispositivos conectados a servicios comerciales. El fallo dictado en octubre pasado por la Justicia no solo determinó el sobreseimiento del magistrado, sino que incluyó una aclaración fundamental: el proceso no afectó el buen nombre y honor del que gozaba el funcionario. Además, el juez federal Marcelo Bruno Dos Santos emitió una orden directa a Google para que restituya de forma inmediata el acceso a todas las cuentas y servicios bloqueados, reconociendo que la carga del material se produjo de manera accidental y en el marco del ejercicio de funciones públicas legítimas.
En el plano personal, el magistrado describió las consecuencias devastadoras que tuvo la acusación para su entorno. Durante los allanamientos, se secuestraron equipos pertenecientes a su esposa, quien ejerce como psicóloga, lo que puso en riesgo la confidencialidad de historias clínicas de sus pacientes. Leonelli calificó la experiencia como una “historia de terror” y remarcó la paradoja de ser investigado por uno de los delitos más graves del Código Penal siendo él un encargado de impartir justicia. La resolución judicial subraya que el almacenamiento en bloque de miles de archivos laborales fue la causa de la detección, validando la versión del magistrado sobre la ausencia de dolo en la tenencia de las imágenes.
El cierre de este proceso deja una tensión pendiente respecto a los protocolos de actuación de las grandes empresas tecnológicas frente a usuarios que desempeñan roles institucionales. Si bien el sobreseimiento limpia la foja de servicios de Leonelli, el magistrado advirtió que el daño reputacional es difícil de reparar, especialmente en una comunidad pequeña como la de Tierra del Fuego. El próximo paso legal podría estar vinculado a una demanda civil por daños y perjuicios contra la compañía proveedora del servicio, ante la negativa sistemática de atender las explicaciones brindadas durante la etapa administrativa del conflicto. La jurisprudencia sentada en este caso servirá de antecedente para otros funcionarios que manejan material sensible en entornos digitales compartidos.
