El Gobierno nacional habilitó este miércoles la inscripción para que talleres mecánicos particulares realicen la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), tras el levantamiento de una medida cautelar que impedía la descentralización del servicio de verificación vehicular en todo el país.
La medida, oficializada a través de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, permite que cualquier establecimiento que cumpla con los requisitos técnicos exigidos pueda anotarse en el nuevo Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos. Según informaron fuentes de la Jefatura de Gabinete, el sistema operará de manera digital, pública y gratuita, buscando eliminar lo que el oficialismo denomina como el “monopolio de las plantas de VTV”. Los establecimientos autorizados estarán facultados para inspeccionar no solo vehículos particulares, sino también unidades de transporte de pasajeros, de carga, vehículos comerciales y unidades antiguas o especiales, siempre bajo la supervisión de un Director Técnico responsable que acredite la capacidad operativa del local.
El esquema de plazos para las revisiones también sufrió modificaciones estructurales bajo el Decreto 196/2025. Los vehículos particulares 0 km ahora deberán realizar su primera inspección recién a los cinco años de su patentamiento, extendiendo los plazos previos. Para las unidades que tengan entre cinco y diez años de antigüedad, la revisión será obligatoria cada 24 meses, mientras que los vehículos que superen la década de uso deberán someterse al control de forma anual. En el caso de las unidades destinadas al transporte, la normativa establece que la primera revisión debe efectuarse a los 12 meses del patentamiento, manteniendo una periodicidad anual desde ese momento. Desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger, señalaron que la intención es fomentar la competencia de precios mediante la liberación de aranceles, permitiendo que cada taller fije sus propios costos de servicio.
Contexto
La reforma del sistema de verificación técnica se enmarca en la Ley Nacional de Tránsito y fue impulsada originalmente el 10 de marzo, cuando el ministro Federico Sturzenegger anunció la intención de transformar el control vehicular en Argentina. Sin embargo, la implementación efectiva se vio demorada por una disputa judicial que derivó en una medida cautelar, la cual fue finalmente levantada esta semana. Históricamente, el servicio de Verificación Técnica Vehicular (VTV) funcionó bajo un régimen de concesiones cerradas en diversas jurisdicciones, donde un número limitado de plantas operaba con tarifas reguladas por el Estado provincial o municipal. Este modelo generaba cuellos de botella en la atención y largas esperas para los usuarios, especialmente en los meses de alta demanda estacional previos a los períodos vacacionales.
La administración de Javier Milei sostiene que el modelo anterior no solo era ineficiente, sino que favorecía estructuras de mercado poco transparentes. Con la creación del Registro Nacional de Talleres, el Ejecutivo busca integrar a los automóviles particulares en un sistema nacional de control que anteriormente estaba enfocado de manera casi exclusiva en el transporte de cargas y pasajeros de jurisdicción federal. Esta transición ocurre en un momento donde el Gobierno busca reducir la carga administrativa sobre los ciudadanos y eliminar regulaciones que, según la visión oficial, encarecen el mantenimiento de los vehículos sin aportar beneficios proporcionales en materia de seguridad vial. La digitalización del proceso de inscripción, que se realiza mediante declaración jurada, es el pilar técnico que permite esta apertura inmediata del mercado.
Impacto
El impacto inmediato de esta medida se traduce en una mayor oferta de centros de atención para los propietarios de vehículos, quienes podrán elegir el taller de su preferencia basándose en la cercanía, el precio o la calidad del servicio. Fuentes del mercado automotor estiman que la incorporación de talleres de barrio y concesionarias oficiales al sistema de RTO podría reducir significativamente los tiempos de espera y fomentar una baja en los precios finales por la presión de la competencia. No obstante, la efectividad de la medida depende de la adhesión de las provincias. Dado que el tránsito es una facultad no delegada, cada jurisdicción debe decidir si acepta el nuevo esquema nacional o mantiene sus propios regímenes de concesión. La provincia de Buenos Aires ya manifestó que no acompañará el cambio, lo que genera una fragmentación normativa donde un vehículo verificado en un taller nacional podría enfrentar problemas de validez en rutas provinciales bonaerenses.
Por otro lado, la desregulación plantea desafíos técnicos significativos para la seguridad vial. Los talleres inscriptos deberán acreditar equipamiento específico para pruebas de frenado, emisión de gases y estado de luces, bajo estándares que la Agencia Nacional de Seguridad Vial deberá fiscalizar para evitar que la competencia de precios derive en una relajación de los controles. Asimismo, la industria se enfrenta al reto de adaptar los protocolos de revisión para las nuevas tecnologías. Actualmente, el sistema nacional carece de un protocolo específico y unificado para la inspección de vehículos híbridos, híbridos enchufables y eléctricos, cuyas particularidades mecánicas y de seguridad —como el estado de las baterías de alta tensión— requieren un herramental y una capacitación técnica que la mayoría de los talleres convencionales aún no posee.
El próximo paso del Gobierno será la publicación detallada de los requisitos técnicos en el Boletín Oficial para que los primeros talleres puedan comenzar a operar bajo la nueva modalidad antes de la próxima temporada de invierno. La tensión política con las provincias que rechazan la medida, como el caso de Buenos Aires, se perfila como el principal obstáculo para la uniformidad del sistema. Se espera que en las próximas semanas se inicien mesas de diálogo técnico entre la Secretaría de Transporte y las cámaras de talleres mecánicos para definir los mecanismos de auditoría que garanticen que la descentralización no afecte los índices de siniestralidad vial en el territorio nacional.
