El Poder Ejecutivo Nacional enviará al Congreso un nuevo paquete legislativo para desregular el Código Aduanero, el mercado inmobiliario y el transporte de cabotaje, según confirmaron fuentes del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado esta semana.
La iniciativa, liderada técnicamente por el ministro Federico Sturzenegger, busca desmantelar estructuras corporativas y reducir costos logísticos en áreas que el oficialismo considera críticas para la reactivación económica. En el ámbito inmobiliario, el proyecto propone un cambio de paradigma radical: el corretaje dejaría de ser catalogado como una “profesión liberal” para transformarse en un servicio de intermediación comercial. Esta modificación técnica tiene consecuencias directas sobre la organización sectorial, ya que apunta a eliminar la obligatoriedad de la matrícula en colegios profesionales y a permitir que los operadores actúen sin restricciones geográficas entre las distintas jurisdicciones del país. Según operadores del mercado inmobiliario, esta medida busca fomentar la libre competencia y reducir las barreras de entrada para nuevos prestadores, aunque ya genera resistencia en las cámaras que agrupan a los martilleros públicos.
En materia de comercio exterior, la reforma integral del Código Aduanero pretende simplificar los procesos de importación y exportación mediante la eliminación de pasos burocráticos que hoy encarecen la operatoria. Fuentes de la Aduana indicaron que el texto bajo revisión contempla una modificación profunda en el régimen de controles y una readecuación de la dotación de personal en los puntos de frontera. Asimismo, el proyecto incluye una revisión de las figuras penales vinculadas al contrabando, buscando proporcionalidad en las sanciones y una mayor celeridad en la resolución de expedientes administrativos. El objetivo final, de acuerdo con los borradores que circulan en la Casa Rosada, es alinear la normativa argentina con los estándares internacionales de facilitación del comercio, reduciendo la discrecionalidad de los funcionarios en la clasificación de mercaderías.
Por otro lado, la reforma de la Ley de Cabotaje representa uno de los puntos más sensibles del paquete por su impacto en la soberanía logística y el empleo sectorial. La propuesta oficial habilita a buques con bandera y tripulación extranjeras a realizar transporte comercial de cargas entre puertos argentinos, una actividad que hasta hoy está reservada mayoritariamente a la marina mercante nacional. Además, el proyecto introduce cambios en el régimen de los prácticos, los profesionales encargados de asesorar a los capitanes en las maniobras de entrada y salida de las terminales portuarias. Desde el Ministerio de Economía sostienen que la apertura de la competencia en los ríos y costas nacionales es la única vía para bajar los costos de flete interno, que en muchos casos superan el valor del transporte internacional hacia destinos transatlánticos.
Contexto
Este nuevo impulso reformista se produce en un momento de alta tensión legislativa para La Libertad Avanza, que ha encontrado dificultades para consolidar sus mayorías en las comisiones. La semana pasada, el oficialismo sufrió un revés cuando la sesión para tratar el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada debió pasar a cuarto intermedio hasta el 6 de agosto. La falta de apoyo de los bloques aliados se centró en el rechazo a la eliminación de restricciones para la venta de tierras a extranjeros, un tema que cobró sensibilidad pública tras los festejos por la victoria deportiva contra Inglaterra y las reivindicaciones sobre las Islas Malvinas. La propia vicepresidenta Victoria Villarruel manifestó su disconformidad en comunicaciones privadas con la ministra Patricia Bullrich, donde advirtió que la normativa podría comprometer la integridad territorial del país.
A este escenario se suma la demora en el tratamiento de la denominada Ley Hojarasca, que busca derogar decenas de leyes consideradas obsoletas por el Ejecutivo, y la postergación del debate sobre la nueva Ley General de Sociedades. Esta última ha despertado interés en foros internacionales por la inclusión de las “sociedades automatizadas”, una figura jurídica diseñada específicamente para empresas que operan con Inteligencia Artificial. El Gobierno intenta ahora retomar la iniciativa política con este nuevo paquete de desregulación, mientras desmiente versiones sobre un pedido de nuevas facultades delegadas bajo una emergencia administrativa, una herramienta que permitiría legislar por decreto pero que carece de consenso en el Senado.
Impacto
La implementación de estas medidas transformaría la estructura de costos de la economía argentina, afectando especialmente a las pequeñas y medianas empresas que dependen de la logística fluvial y el comercio exterior. En el sector inmobiliario, la desregulación de los colegios profesionales podría derivar en una baja de las comisiones por intermediación, pero también plantea interrogantes sobre la seguridad jurídica de las transacciones al eliminarse el control de matrícula. Para los sindicatos marítimos y las navieras locales, la apertura del cabotaje supone una amenaza directa a la supervivencia de la bandera argentina, anticipando un conflicto gremial de escala nacional si el proyecto avanza sin modificaciones en el Congreso.
Desde el punto de vista fiscal, la agilización aduanera busca incrementar el volumen de operaciones para compensar la eventual baja de recaudación por menores multas o tasas estadísticas. Sin embargo, el mayor impacto se espera en la competitividad de las economías regionales, que hoy enfrentan costos de transporte internos desproporcionados. La posibilidad de que buques extranjeros operen en el Paraná y en el litoral atlántico podría reducir los precios de los insumos básicos, aunque el costo político para el Gobierno será gestionar la resistencia de los sectores que consideran estas reformas como una desprotección del trabajo nacional y la soberanía territorial.
El próximo paso clave será la presentación formal de los textos en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo deberá negociar artículo por artículo con los bloques de la oposición dialoguista. La fecha de envío aún no ha sido confirmada, ya que los borradores se encuentran en una etapa de revisión técnica final para evitar impugnaciones judiciales posteriores. El éxito de este paquete dependerá de la capacidad del Gobierno para separar la agenda técnica de desregulación de los debates identitarios y nacionalistas que paralizaron sus iniciativas previas en el recinto.
