El Departamento de Justicia de Estados Unidos y el FBI iniciaron una investigación sobre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para reconstruir presuntos circuitos de lavado de activos y fraude bancario vinculados a la gestión de Claudio Tapia.
La pesquisa, liderada por los fiscales Patrick Gushue, Christopher Ting y Michael Berger, se centra en la recolección de testimonios de exjerárquicos de la entidad y empresarios del sector. Según fuentes judiciales con acceso al proceso, los investigadores pusieron el foco en Juan Pablo Beacon, ex presidente ejecutivo del Consejo Federal y antiguo aliado del tesorero Pablo Toviggino. La justicia estadounidense busca determinar si la estructura de la calle Viamonte utilizó el sistema financiero de ese país para extraer decenas de millones de dólares mediante facturación apócrifa por servicios de logística nunca prestados. Las maniobras bajo sospecha incluirían la coordinación con operadores informales de la City porteña para el reingreso de divisas en efectivo a la Argentina, eludiendo los controles cambiarios vigentes en el país sudamericano.
El eje central de la investigación es la firma TourProdEnter LLC, propiedad del productor Javier Faroni y su esposa Erica Gillette, que administró ingresos internacionales de la AFA por al menos 260 millones de dólares. De acuerdo con registros bancarios analizados por especialistas financieros, la empresa operó cuentas en Citibank, Synovus, Bank of America, JP Morgan y PNC Bank. De ese total, aproximadamente 57 millones de dólares fueron derivados a sociedades y beneficiarios sin una justificación económica clara. Entre los receptores de estos fondos figuran personas que perciben planes sociales en Bariloche y Buenos Aires, además de firmas vinculadas directamente a la familia de Toviggino, como SOMA SRL y Cabello SRL. El contrato vigente otorgaba a la firma de Faroni una comisión del 30% sobre los ingresos netos internacionales y un 10% adicional sobre gastos logísticos, cifras que los investigadores consideran inusuales para los estándares del mercado deportivo global.
En las últimas semanas, el FBI también concretó una videoconferencia de tres horas con el empresario Guillermo Tofoni, quien mantiene litigios previos con la conducción actual de la AFA. Durante el encuentro, los agentes indagaron sobre el funcionamiento interno de la toma de decisiones en el predio de Ezeiza y el rol de los intermediarios en contratos con multinacionales como Adidas y Warner, que aportaron 60 y 40 millones de dólares respectivamente. Según fuentes del mercado, la estrategia del Departamento de Justicia apunta a aplicar el Programa Piloto de Premios para Denunciantes Corporativos, buscando que antiguos empleados jerárquicos aporten pruebas documentales sobre el desvío de fondos a cambio de beneficios procesales. La ruptura política entre Beacon y Toviggino, marcada por acusaciones cruzadas de espionaje y filtración de datos sensibles, facilitó el acercamiento de los investigadores a testigos clave que residen actualmente en la Patagonia y el exterior.
Contexto
Esta investigación surge tras una serie de revelaciones sobre el manejo de los fondos internacionales de la AFA durante un periodo de estrictas restricciones cambiarias en Argentina. Históricamente, la relación entre la dirigencia del fútbol argentino y la justicia de Estados Unidos quedó marcada por el caso “FIFA Gate” en 2015, que desarticuló una red de sobornos por derechos de televisación. Sin embargo, la pesquisa actual se diferencia al enfocarse en la operatoria de sociedades constituidas en Miami y el uso de cuentas bancarias locales para el movimiento de activos provenientes de contratos comerciales legítimos que habrían sido desviados. La creación de la sede de la AFA en Hialeah, Florida, y la expansión de sus operaciones comerciales en América del Norte bajo la figura de Tomás Regalado, también pusieron a la entidad bajo la lupa de los reguladores bancarios estadounidenses, quienes detectaron movimientos sospechosos en las cuentas de las empresas intermediarias entre 2024 y 2025.
La estructura de poder en la AFA, consolidada tras la reelección de Tapia, se apoya en el Consejo Federal liderado por Toviggino, órgano que controla los votos del interior del país. La figura de Juan Pablo Beacon fue fundamental en este esquema hasta su reciente alejamiento, ocurrido en medio de tensiones por el manejo de la caja política y deportiva. La intervención de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) en el rastreo de información sobre estos movimientos financieros añade una capa de complejidad política al caso, en un momento donde el Gobierno nacional mantiene una disputa abierta con la conducción de la AFA por la implementación de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD). Los fiscales Gushue y Ting, especialistas en integridad bancaria, buscan establecer si los fondos que salieron de las cuentas de TourProdEnter LLC terminaron financiando actividades ilícitas o enriquecimiento indebido de funcionarios deportivos.
Impacto
El avance de esta causa en los tribunales de Washington y Florida representa una amenaza directa a la estabilidad institucional de la AFA y a su capacidad de operar financieramente en el exterior. Si el Departamento de Justicia logra probar que se utilizó el sistema bancario de Estados Unidos para lavar dinero proveniente de fraudes internos, la entidad podría enfrentar sanciones económicas severas y la inhabilitación de sus directivos para realizar negocios en territorio estadounidense. Esto afectaría no solo los contratos vigentes con patrocinadores globales, sino también la logística y recaudación de cara a la próxima Copa del Mundo. Además, el impacto llega a la política nacional, dado que Javier Faroni, titular de la principal empresa investigada, es un exlegislador con vínculos estrechos con sectores del anterior gobierno, lo que podría derivar en derivaciones judiciales locales por evasión impositiva y violación a la ley penal cambiaria.
Para los clubes miembros de la AFA, la confirmación de desvíos millonarios hacia sociedades fantasma y cuentas particulares de dirigentes podría disparar pedidos de auditorías externas y una crisis de legitimidad en la conducción. Los registros muestran que mientras la entidad reportaba dificultades financieras, se autorizaban pagos a guías espirituales y familiares de directivos a través de cuentas en Miami. La exposición de estos datos por parte del FBI obliga a las entidades bancarias involucradas, como el JP Morgan y el Citibank, a endurecer sus protocolos de cumplimiento (compliance) sobre cualquier giro de dinero vinculado al fútbol argentino, lo que en la práctica podría bloquear el flujo de divisas necesario para el funcionamiento operativo de la selección nacional y las ligas locales en el corto plazo.
El próximo paso procesal de la fiscalía estadounidense será el requerimiento formal de documentación a los bancos mencionados para trazar el destino final de los 57 millones de dólares que no tienen respaldo operativo. Se espera que en las próximas semanas se formalicen citaciones para exfuncionarios del área de deportes que tuvieron acceso a los contratos de logística bajo sospecha. Mientras tanto, la defensa de la AFA en Miami, encabezada por Mariano Lizardo, sostiene que las investigaciones son preliminares y que no existe evidencia de culpabilidad, aunque la presión de los organismos federales sobre los “sujetos de interés” en Argentina continúa en aumento.
