Expertos del Conicet y la organización The Nature Conservancy presentaron en Bariloche un informe que detalla que combatir incendios forestales en la Patagonia cuesta hasta cinco veces más que invertir en tareas de prevención y presupresión territorial.
El análisis, liderado por el biólogo Javier Grosfeld y el economista Franco Coiro Di Marco, expone una disparidad crítica en la asignación de recursos públicos y privados frente a la emergencia climática. Según los datos presentados en el seminario “Conviviendo con el fuego en los bosques andino-patagónicos”, el costo de combatir las llamas mediante la supresión —que incluye el despliegue de brigadistas y medios aéreos— es drásticamente superior a los US$1.800 por hectárea que requeriría un manejo preventivo eficiente, como la silvicultura y las quemas prescriptas. Los especialistas advirtieron que la falta de una política de Estado orientada a la prevención no solo pone en riesgo la biodiversidad, sino que genera un drenaje financiero insostenible para el Tesoro Nacional y las administraciones provinciales, dado que la estructura de costos del combate aéreo absorbe entre el 89% y el 99% del presupuesto total destinado a cada evento.
Las cifras relevadas por Grosfeld y Coiro Di Marco son contundentes al analizar casos específicos de los últimos años en la región. El incendio en Cuesta del Ternero, ocurrido en 2021 en las cercanías de El Bolsón, afectó 6.600 hectáreas con un costo operativo de US$4,5 millones. Sin embargo, la magnitud del problema escaló con el incendio en el Valle Magdalena durante 2025, donde se quemaron 24.000 hectáreas. Este evento demandó una inversión directa de US$25 millones, cifra que no contempla los aportes privados de empresas petroleras ni el despliegue de sus propios medios aéreos. Otro caso testigo fue el de Puerto Patriada, en el Lago Epuyén, que durante el último verano generó gastos por US$10 millones. Estos montos representan únicamente los gastos operativos inmediatos, dejando fuera del cálculo la pérdida de infraestructura, el daño a la microeconomía regional y la degradación de servicios ecosistémicos vitales como la purificación del agua y la calidad del aire.
Al profundizar en el caso del Valle Magdalena, el especialista del Conicet Patagonia Norte señaló que, al sumar los costos no contabilizados y las tareas de restauración necesarias para recuperar el bosque nativo, el valor real por hectárea asciende a una cifra de entre US$10.000 y US$12.000. Bajo esta métrica, el costo total estimado de ese solo incendio alcanzaría los US$275 millones. En contraste, Grosfeld subrayó que la prevención reduce en un 70% la ocurrencia de grandes incendios forestales en un horizonte de 50 años y permite un ahorro del 55% en el costo total de manejo del fuego. A pesar de estos beneficios económicos y ambientales, el biólogo criticó la opacidad en la información pública disponible sobre las superficies afectadas y los costos reales, señalando un déficit estructural en el manejo del combustible forestal y la intervención en las zonas de interfaz donde el bosque se encuentra con los asentamientos urbanos.
Contexto
La Patagonia argentina viene de atravesar una de las temporadas de incendios más severas de su historia reciente, con un saldo que supera las 70.000 hectáreas degradadas por el fuego. Este fenómeno se produce en un escenario de cambio climático global que ha extendido las temporadas de sequía y aumentado las temperaturas promedio en la región cordillerana, facilitando la propagación de las llamas. Históricamente, la política de manejo del fuego en Argentina ha estado centrada en la respuesta reactiva, es decir, en el fortalecimiento del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) para la extinción, descuidando las etapas de presupresión que son habituales en países con problemáticas similares como Estados Unidos o España. La invasión de especies exóticas, particularmente pinos, ha agravado la situación al funcionar como un combustible altamente inflamable que altera el régimen natural de incendios de los bosques de coihues y lengas.
La discusión técnica actual divide a los expertos entre quienes promueven un manejo forestal intensivo y quienes advierten sobre las dificultades logísticas de la prevención en áreas protegidas. Ariel Amthauer, director de Lucha contra Incendios Forestales y Emergencias de la Administración de Parques Nacionales, aportó una perspectiva compleja al debate al revelar que, de los 38 focos detectados este verano en la región, 22 fueron originados por causas naturales, principalmente tormentas eléctricas. Incendios como los de Los Manzanos, al sur del Parque Nacional Nahuel Huapi, o Puerto Café, en Los Alerces, se iniciaron en zonas remotas e intangibles, lo que otorgó al fuego una ventaja de hasta 15 días antes de que las brigadas pudieran intervenir. Esta realidad pone en jaque la viabilidad de las tareas de silvicultura preventiva en territorios donde el acceso humano es limitado o está restringido por normativas de conservación ambiental.
Impacto
El impacto de esta desproporción económica afecta directamente la capacidad de resiliencia de las comunidades patagónicas y la estabilidad de las arcas públicas. La dependencia casi absoluta de los medios aéreos para el combate —cuyo costo operativo se mide en miles de dólares por hora de vuelo— limita la disponibilidad de fondos para el desarrollo de infraestructura local y la capacitación de brigadistas en territorio. Además, el costo de US$275 millones estimado para un solo gran incendio equivale a varias veces el presupuesto anual de carteras ministeriales completas, lo que demuestra que la inacción preventiva se traduce en una deuda ambiental y financiera que las futuras generaciones deberán afrontar. La afectación a la salud pública por el humo y la pérdida de atractivo turístico en localidades que dependen del paisaje andino generan un efecto multiplicador negativo en la economía regional que aún no ha sido cuantificado de forma integral por los organismos oficiales.
Desde el sector ambientalista, la ingeniera Lucila Lantschner y la organización The Nature Conservancy enfatizan que el rol de las comunidades es ahora el factor determinante para mitigar daños. La presentación de la guía “Convivir con el fuego en el bosque de la Patagonia” busca empoderar a los vecinos de las zonas de interfaz para que gestionen sus propios entornos como “espacios defendibles”. Esta estrategia de manejo integrado del fuego reconoce que, ante la imposibilidad del Estado de cubrir cada rincón del territorio, la resistencia de las viviendas y la reducción de biomasa combustible en los alrededores de los hogares son la última barrera de defensa. La premisa es clara: el fuego no reconoce límites de propiedad y la preparación vecinal es la única herramienta capaz de reducir la vulnerabilidad de las poblaciones frente a incendios que, por su magnitud y origen natural, resultan en muchos casos imparables para los sistemas de supresión tradicionales.
Hacia adelante, el desafío del sistema federal de manejo del fuego radica en equilibrar la inversión entre la tecnología de detección temprana y las tareas de manejo territorial. Mientras los expertos del Conicet insisten en que la prevención es la estrategia económicamente más eficiente, las autoridades de Parques Nacionales demandan mayores recursos para la alerta temprana en zonas remotas. La tensión pendiente se centra en la creación de una base de datos pública y transparente que permita auditar los costos reales de cada temporada, una herramienta que los especialistas consideran fundamental para redireccionar el presupuesto nacional hacia un modelo que deje de ser meramente reactivo y comience a ser preventivo antes del inicio del próximo ciclo estival.
