La Policía Nacional de Ecuador incautó 360 kilos de clorhidrato de cocaína en una zona rural de la provincia de Manabí, un cargamento que tenía como destino final el mercado de Estados Unidos y un valor estimado de 7 millones de dólares.
El operativo se llevó a cabo en el municipio de Puerto López tras una investigación de las unidades de inteligencia antinarcóticos que permitió localizar un inmueble utilizado como centro de acopio temporal. Durante la inspección del terreno, los agentes hallaron ocho sacos de yute negros ocultos entre la vegetación densa de la zona. En el interior de estos bultos se contabilizaron 319 paquetes rectangulares embalados con cinta adhesiva de color café, los cuales fueron sometidos a pruebas químicas de campo que confirmaron la pureza de la sustancia. Según informaron fuentes de la cúpula policial, el cargamento estaba listo para ser trasladado hacia la costa y embarcado en naves de gran potencia para su exportación ilegal.
William Calle, jefe policial de la zona de Manabí, detalló que la logística de las organizaciones criminales en esta región depende directamente de la colaboración de sectores pesqueros locales. El jefe policial explicó que el modus operandi consiste en utilizar lanchas rápidas que parten desde caletas recónditas en la costa ecuatoriana para realizar transbordos en alta mar o navegar directamente hacia Centroamérica. Calle precisó que en el mercado estadounidense el valor de cada kilo de cocaína oscila entre los 20.000 y 30.000 dólares, lo que eleva la pérdida económica para las mafias a una cifra millonaria. Durante el procedimiento fue aprehendido un hombre que se encontraba custodiando el perímetro, aunque posteriormente un juez de la jurisdicción decidió no dictar la prisión preventiva al considerar que no existían pruebas suficientes que lo vincularan directamente con la propiedad del estupefaciente.
En simultáneo con este decomiso, el Gobierno de Ecuador profundizó su ofensiva contra el crimen organizado mediante la militarización total de Puerto Bolívar, en la provincia de El Oro. El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, confirmó que la medida responde a una instrucción directa del presidente Daniel Noboa para recuperar el control de los nodos logísticos estratégicos. La operación en este puerto, cercano a la frontera con Perú, movilizó a más de 1.000 efectivos de las Fuerzas Armadas y 300 agentes de la Policía Nacional. Loffredo calificó a este enclave como uno de los principales puntos de “contaminación” de contenedores y mercaderías, asegurando que la intervención busca desarticular las estructuras que operan en las zonas más críticas del litoral sur del país.
Contexto
Ecuador se encuentra en una posición geográfica crítica para el tráfico internacional de estupefacientes, al estar situado entre Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de hoja de coca y cocaína. Esta ubicación, sumada a una economía totalmente dolarizada y una infraestructura portuaria desarrollada, ha facilitado que los carteles transnacionales utilicen el territorio ecuatoriano como una plataforma de salida hacia Europa y Norteamérica. En los últimos años, la violencia vinculada al narcotráfico ha escalado a niveles sin precedentes, obligando al Estado a declarar sucesivos estados de excepción y a calificar a las bandas criminales como organizaciones narcoterroristas que desafían la soberanía nacional.
Las estadísticas oficiales reflejan la magnitud del desafío que enfrentan las fuerzas de seguridad en el terreno. Durante el año 2024, Ecuador alcanzó un récord histórico de incautaciones con un total de 294,61 toneladas de sustancias prohibidas retiradas del mercado. En lo que va del año 2025, las autoridades han reportado el decomiso de 227,1 toneladas, lo que representa una disminución de 67 toneladas respecto al mismo período del año anterior. Esta variación en las cifras es analizada por especialistas del Ministerio de Seguridad como un posible cambio en las rutas de exportación o una fragmentación de los grandes cargamentos en envíos más pequeños y difíciles de detectar por los controles satelitales y marítimos.
Impacto
La incautación en Manabí y la intervención en Puerto Bolívar tienen un impacto directo en la estructura financiera de las bandas que operan en el Bloque de Seguridad. Al retirar del circuito comercial 360 kilos de cocaína, el Estado ecuatoriano no solo afecta la liquidez de estas organizaciones, sino que también interrumpe la cadena de suministros que alimenta la operación “Lanza del Sur”, una iniciativa liderada por Estados Unidos para combatir el tráfico marítimo en América Latina. La militarización de los puertos busca, fundamentalmente, reducir el índice de homicidios en las zonas portuarias y devolver la seguridad a los trabajadores del sector exportador, quienes frecuentemente son víctimas de extorsiones y amenazas por parte de las mafias que buscan infiltrar la carga legal.
Desde el punto de vista institucional, estas acciones refuerzan la política de mano dura del gobierno actual, que busca proyectar una imagen de control territorial ante los organismos internacionales y los socios comerciales. La presencia de más de un millar de militares en Puerto Bolívar pretende erradicar los denominados “cuarteles de contaminación”, donde la droga es ingresada en contenedores de banano y otros productos de exportación. Para los operadores del comercio exterior, la recuperación del control estatal es vital para mantener la competitividad de los productos ecuatorianos en los mercados internacionales, que exigen certificaciones de seguridad cada vez más estrictas para evitar el ingreso de sustancias ilícitas en sus aduanas.
El próximo paso del Gobierno será consolidar la presencia estatal en los corredores viales que conectan las zonas de producción fronteriza con los puertos del Pacífico. Se espera que en las próximas semanas el Ministerio de Defensa anuncie nuevas intervenciones en otras terminales marítimas estratégicas, mientras la Asamblea Nacional debate reformas para endurecer las penas por tráfico de drogas a gran escala. La tensión se mantiene en las provincias costeras, donde la respuesta de las organizaciones criminales ante la pérdida de sus cargamentos suele manifestarse en un incremento de la violencia urbana, un factor que las fuerzas de seguridad intentarán mitigar con patrullajes permanentes y el uso de tecnología de vigilancia aérea.
