La Policía de España detuvo en Madrid a Matheo Enzo Torres Palacios, señalado por la Justicia federal argentina como el líder de una organización de ciberdelincuentes responsable de vulnerar los sistemas de Mi Argentina y la tarjeta SUBE.
El operativo, ejecutado tras una orden del juez federal Adrián González Charvay, permitió la captura de quien en el ambiente digital se conoce como “Gov.eth”, un joven de nacionalidad española nacido en Bélgica que ostentaba una vida de lujos en Europa mientras coordinaba ataques informáticos contra organismos públicos y medios de comunicación locales. Durante el allanamiento en su residencia madrileña, los efectivos del Departamento de Inteligencia Contra el Crimen Organizado de la Policía Federal Argentina (PFA), que trabajaron con un agente encubierto, secuestraron dos teléfonos móviles y dos computadoras que serán sometidas a peritajes técnicos para determinar el alcance de las intrusiones y la red de contactos del sospechoso. Según fuentes de la investigación, Torres Palacios no contaba con una alerta roja de Interpol al momento de su arresto, lo que le permitió desplazarse con libertad por centros de consumo de alta gama en Milán, París y Barcelona.
La estructura delictiva liderada por Torres Palacios no se limitaba a la intrusión técnica, sino que incluía una sofisticada operación de comercialización de datos personales a través de la plataforma Telegram. La Sala II de la Cámara Federal de San Martín confirmó recientemente el procesamiento de nueve integrantes de la banda denominada “Los Dictadores”, quienes operaban bajo las directivas que el imputado enviaba desde el exterior. Entre los procesados se encuentran dos jóvenes que eran menores de edad al momento de los hechos, lo que agrava la figura penal de asociación ilícita. Los peritajes realizados por la PFA revelaron que el grupo controlaba diversos bots automatizados capaces de extraer información en tiempo real del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), el PAMI, el Registro de Propiedad Automotor y el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales. El embargo colectivo dictado por la Justicia asciende a los 50 millones de pesos, reflejando la magnitud del daño patrimonial y la escala del negocio ilegal montado por la organización.
La exposición pública de “Gov.eth” contrastaba con la clandestinidad de sus operaciones técnicas, logrando construir una figura de culto en redes sociales donde acumuló 2,9 millones de seguidores en Instagram. En su perfil, el acusado exhibía viajes en primera clase, compras en tiendas exclusivas como Gucci y Christian Dior, y acceso a eventos de alto perfil, como el concierto del trapero Duki en el estadio Bernabéu. Esta notoriedad digital le valió saludos de figuras de la música urbana como Bizarrap, quienes en videos previos a la masificación de la inteligencia artificial, lo reconocían bajo el apodo del “Messi de los hackers”. Sin embargo, detrás de la fachada de influencer, la Justicia detectó maniobras de amedrentamiento. Un periodista que investigaba grupos de discurso violento denunció haber recibido amenazas directas desde un número de Miami vinculado a Torres Palacios, incluyendo fotografías de armas y datos filiatorios de su familia, en una causa que tramita en el Juzgado Federal N°2 de Sebastián Ramos.
Contexto
El accionar de Torres Palacios y su banda se intensificó entre finales de 2024 y principios de 2025, un período marcado por una serie de vulnerabilidades críticas en la infraestructura digital del Estado argentino. Uno de los hitos más graves de esta secuencia fue el ataque al portal de la editorial Perfil, donde los atacantes lograron publicar una fotografía del presidente Javier Milei obtenida directamente de la base de datos del RENAPER, demostrando el acceso irrestricto que poseían a documentación confidencial. En otra incursión contra el sitio de Ámbito Financiero, la organización desplegó simbología de las SS junto a consignas políticas, lo que motivó una intervención inmediata de las divisiones de ciberdelito de las fuerzas federales. Estos antecedentes no fueron hechos aislados, sino parte de una estrategia de “doxeo” masivo, término utilizado en la jerga informática para referirse a la recopilación y publicación de información privada con fines de extorsión o desprestigio.
La investigación judicial logró identificar que la monetización de estos ataques se realizaba mediante la venta de “tokens” para acceder a herramientas como el “AFA BOT”, un software diseñado específicamente para consultar datos personales de ciudadanos argentinos de forma ilegal. En los chats incorporados al expediente, un joven marplatense de 20 años identificado como “Krippy” ofrecía abiertamente informes y fotos de DNI a color, asegurando contar con la confianza de una amplia cartera de clientes en el mercado negro digital. Esta modalidad de delincuencia atomizada, donde el líder imparte órdenes desde Europa y las células locales ejecutan las intrusiones y ventas en territorio nacional, representa un desafío creciente para la seguridad informática del país, que ha visto cómo sus registros más sensibles terminaron a la venta por pocos dólares en canales de mensajería encriptada.
Impacto
La caída de la cúpula de “Los Dictadores” y la detención de Torres Palacios marcan un punto de inflexión en la persecución del cibercrimen en Argentina, evidenciando la necesidad de actualizar los protocolos de custodia de datos públicos. El impacto de estas filtraciones es profundo, ya que la información sustraída de organismos como el PAMI o el Registro de Propiedad Automotor puede ser utilizada para estafas bancarias, suplantación de identidad y ataques de ingeniería social dirigidos a ciudadanos vulnerables. Desde el Ministerio de Seguridad indicaron que la cooperación internacional con las fuerzas españolas fue clave para localizar al sospechoso, quien utilizaba técnicas de triangulación de IP para ocultar su ubicación real mientras coordinaba las operaciones de la banda desde su residencia en Madrid.
Por otro lado, el procesamiento de menores de edad dentro de la estructura criminal pone de relieve una problemática social y legal sobre la captación de jóvenes con habilidades técnicas para fines delictivos. La confirmación de los procesamientos por parte de la Cámara Federal de San Martín establece un precedente jurídico sobre la responsabilidad de quienes, aun operando desde el extranjero, dirigen asociaciones ilícitas que afectan la seguridad nacional. El embargo de 50 millones de pesos busca no solo resarcir los costos de la investigación, sino también desarticular la capacidad financiera de una organización que lograba ingresos significativos mediante la venta descarada de la privacidad de millones de argentinos en foros de hacking internacionales.
El proceso de extradición de Matheo Torres Palacios hacia la Argentina se iniciará en las próximas semanas, mientras los peritos informáticos de la PFA analizan el contenido de los dispositivos secuestrados en Madrid. Se espera que la información contenida en las computadoras del acusado permita identificar a otros compradores de datos y posibles nexos con grupos de activismo digital con motivaciones políticas. La Justicia federal mantiene abierta la investigación sobre las amenazas al periodista denunciante, buscando determinar si existió una conexión directa entre el entorno de “Gov.eth” y sectores que promueven la violencia digital en el país. El caso queda ahora bajo la supervisión de la Cámara Federal, que deberá ratificar las penas solicitadas para los integrantes de la banda que operaban en Buenos Aires y Mar del Plata.
