La Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) desarticuló una banda familiar dedicada al narcomenudeo en San Francisco, Córdoba, tras cuatro meses de investigación, deteniendo a tres adultos e identificando la participación de una menor de edad en la organización.
El operativo, que se concentró en el barrio Parque de la mencionada localidad cordobesa, consistió en tres allanamientos simultáneos que permitieron el cierre de puntos de venta de estupefacientes activos. Según informaron fuentes de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, los procedimientos principales se ejecutaron en viviendas ubicadas sobre la calle Resistencia al 400 y Padre Gervasi al 1000. En estos domicilios, los efectivos de seguridad lograron el secuestro de 223 dosis de cocaína y 24 dosis de marihuana, preparadas para su distribución inmediata. Además del material estupefaciente, los agentes incautaron la suma de $354.700 en efectivo, teléfonos celulares y diversos elementos de corte y fraccionamiento que resultan vitales para el avance de la causa judicial. Los detenidos, cuya identidad se mantiene bajo reserva por disposición de la magistratura interviniente, poseen vínculos de parentesco directos: dos de los hombres arrestados son primos, mientras que la mujer involucrada mantiene una relación familiar con otro de los investigados, confirmando la estructura de clan que caracterizaba a la banda.
De acuerdo con los datos proporcionados por el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Córdoba, la investigación previa de 120 días permitió determinar que la organización utilizaba sus propias viviendas como centros de acopio y comercialización. El dato más alarmante para los investigadores fue la constatación de que una menor de edad formaba parte activa de las maniobras vinculadas al tráfico de drogas a pequeña escala. Ante este escenario, la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de San Francisco ordenó el traslado de los tres adultos a la sede judicial, donde fueron imputados por el delito de comercialización de estupefacientes agravada por la utilización de un menor. Fuentes judiciales indicaron que el uso de niños o adolescentes en estas estructuras suele tener como objetivo evitar la responsabilidad penal de los mayores o facilitar el paso de sustancias en zonas de alta vigilancia, una modalidad que se ha detectado con mayor frecuencia en los operativos realizados en el interior provincial durante el último semestre.
Contexto
Este procedimiento en San Francisco se suma a una serie de acciones coordinadas por el Ministerio de Seguridad de la provincia para combatir el avance del narcomenudeo en los barrios periféricos. A mediados de marzo, la capital cordobesa fue escenario de un megaoperativo de escala superior que marcó un precedente en la lucha contra las organizaciones familiares. En aquella oportunidad, la FPA desplegó 45 allanamientos simultáneos en los sectores de Los Eucaliptus, Cooperativa Los Paraísos, San Vicente, Villa Argentina y Urquiza. Aquella acción, liderada por la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Tercer Turno a cargo de Carlos Cornejo, culminó con 20 personas detenidas y el secuestro de más de siete kilogramos de estupefacientes entre cocaína y marihuana. La magnitud de esa organización era significativamente mayor, contando con una estructura jerárquica que incluía grupos de seguridad y vigilancia encargados de custodiar los puntos de venta y alertar sobre la presencia policial, además de haber incautado 50 millones de pesos en efectivo.
La recurrencia de bandas con estructuras de parentesco en Córdoba responde a una lógica de protección interna y hermetismo que dificulta la infiltración de agentes o la obtención de testimonios de vecinos por temor a represalias. Según analistas del sector de seguridad provincial, el modelo de “clanes familiares” permite una rotación rápida de los roles en caso de que uno de los miembros sea detenido, manteniendo el negocio operativo. En el caso de San Francisco, la investigación se inició a partir de denuncias anónimas al Centro de Denuncias Web del Ministerio Público Fiscal, lo que permitió a los investigadores de la FPA trazar el mapa de distribución que operaba en el barrio Parque. Los antecedentes en la zona indican que el corredor de la Ruta Nacional 19 es un punto sensible para el ingreso de sustancias que luego son fraccionadas en domicilios particulares para su venta al consumidor final, una dinámica que la justicia busca desarticular mediante el cierre sistemático de los denominados “kioscos” de droga.
Impacto
La desarticulación de este punto de venta en San Francisco tiene un impacto directo en la seguridad ciudadana del barrio Parque, ya que la actividad de narcomenudeo suele estar asociada a un incremento en los delitos contra la propiedad y hechos de violencia urbana. Al clausurar estos centros de distribución, las autoridades buscan reducir la circulación de sustancias en entornos escolares y espacios públicos donde la banda operaba. El agravante por el uso de una menor de edad coloca el foco en la vulneración de los derechos de niños y adolescentes en contextos de criminalidad organizada, lo que obligará a la intervención de organismos de protección de la minoridad para evaluar la situación de la joven involucrada. Desde el Ministerio de Seguridad destacaron que el secuestro de las 223 dosis de cocaína representa un golpe al flujo financiero de la organización, impidiendo que el capital sea reinvertido en la adquisición de mayor logística para el tráfico.
Por otro lado, el impacto judicial de la causa se medirá en la capacidad de la Fiscalía para determinar si existen ramificaciones de esta banda familiar en otras localidades cercanas o si contaban con proveedores de mayor escala fuera de la provincia. La imputación por comercialización agravada conlleva penas significativamente más altas que el tráfico simple, lo que refleja la intención del Poder Judicial de Córdoba de aplicar sanciones ejemplificadoras cuando hay menores involucrados en la cadena delictiva. Operadores del mercado judicial estiman que el análisis de los teléfonos secuestrados en los domicilios de calle Resistencia y Padre Gervasi aportará datos clave sobre la red de contactos y posibles complicididades que permitieron a la banda operar durante al menos cuatro meses sin ser detectada previamente por las patrullas locales.
La Justicia ordenó que todas las evidencias recolectadas sean remitidas a los laboratorios especializados para las pericias químicas correspondientes, mientras se define el traslado de los detenidos a establecimientos penitenciarios. Se espera que en las próximas semanas se realicen nuevas indagatorias para establecer si la banda contaba con apoyo logístico externo para el traslado de la droga hacia San Francisco. La investigación permanece abierta y no se descartan nuevos allanamientos en la zona de influencia de la organización desarticulada.
