La Policía de la Ciudad detuvo este miércoles a dos personas en el barrio porteño de Monte Castro tras un allanamiento en un taller textil clandestino donde rescataron a 20 víctimas de explotación laboral.
El operativo, ejecutado por la División Trata de Personas, permitió la captura de una mujer de 45 años y un hombre de 37, ambos de nacionalidad boliviana, quienes administraban el establecimiento ubicado en el oeste de la Capital Federal. Según confirmaron fuentes judiciales, los imputados enfrentan cargos por infracción a la Ley 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas. El procedimiento fue ordenado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11, actualmente subrogado por el juez Ariel Lijo, bajo la supervisión de la Secretaría N° 21 a cargo de Carolina Lores Arnaiz. Durante la inspección, los agentes constataron que las personas rescatadas, en su mayoría también de nacionalidad boliviana, se encontraban en una situación de vulnerabilidad extrema, conviviendo en un espacio reducido que no cumplía con las normas mínimas de seguridad e higiene exigidas por la normativa vigente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Los investigadores detallaron que el taller funcionaba bajo la modalidad de “cama caliente”, un sistema de explotación donde los trabajadores rotan el uso de los colchones según sus turnos laborales, garantizando que la producción textil no se detenga en ningún momento del día. En el inmueble se secuestraron 23 máquinas de coser industriales, teléfonos celulares, documentación de identidad de las víctimas que estaba retenida por los encargados y cuadernos con anotaciones detalladas sobre la producción diaria y las deudas que los empleados supuestamente mantenían con los dueños del lugar. De acuerdo con fuentes del Ministerio de Justicia de la Ciudad, las víctimas no tenían libertad de movimiento y permanecían encerradas bajo llave durante las jornadas de trabajo, que en muchos casos superaban las 16 horas diarias. La presencia de siete menores de edad entre los rescatados agravó la situación procesal de los detenidos, ya que se presume la utilización de mano de obra infantil en tareas de terminación de prendas y empaquetado.
Contexto
La problemática de los talleres clandestinos en la Ciudad de Buenos Aires no es un fenómeno nuevo, pero ha mostrado una mutación en su distribución geográfica hacia barrios residenciales como Monte Castro, Villa del Parque y Floresta. Históricamente, estos centros de explotación se concentraban en las zonas de Bajo Flores y Parque Avellaneda, aprovechando la cercanía con los centros de comercialización mayorista. Sin embargo, los controles más estrictos de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) y las denuncias vecinales han forzado a estas organizaciones a buscar inmuebles que pasen desapercibidos como viviendas familiares. Según datos de la Dirección Nacional de Migraciones, que participó activamente en este operativo, muchas de las víctimas ingresan al país bajo promesas de empleo formal y vivienda digna, pero al llegar se les retira el pasaporte y se les impone una deuda por el costo del traslado y el alojamiento, lo que constituye el núcleo del delito de trata con fines de explotación laboral. Este caso se suma a una serie de procedimientos realizados en el último semestre que buscan desarticular las redes de provisión de indumentaria a ferias informales.
La intervención de múltiples organismos estatales en el allanamiento de Monte Castro subraya la complejidad de la cadena de producción textil ilegal en la región metropolitana. Además de la Policía de la Ciudad, trabajaron en el lugar especialistas de la Gerencia Operativa del Centro de Asistencia a la Víctima y la Dirección General de Protección Familiar contra la Violencia. Estos equipos técnicos indicaron que el perfil de las víctimas suele coincidir con personas en situación de precariedad económica extrema que carecen de redes de contención local. La Ley de Trata en Argentina, reformada en 2012, eliminó el consentimiento de la víctima como eximente de responsabilidad penal para los explotadores, entendiendo que la situación de vulnerabilidad anula cualquier voluntad real. Este marco legal es el que permite hoy al juez Ariel Lijo avanzar con las detenciones a pesar de que, en algunos casos, los trabajadores puedan manifestar inicialmente que se encuentran en el lugar por voluntad propia debido al miedo o al desconocimiento de sus derechos laborales básicos.
Impacto
El rescate de estas 20 personas tiene un impacto directo en la visibilización de las condiciones de servidumbre que persisten en la industria textil porteña. Para los vecinos de Monte Castro, el operativo confirmó sospechas sobre el movimiento inusual de bultos y personas en horarios nocturnos, lo que refuerza la importancia de los canales de denuncia anónima. Desde el punto de vista social, la asistencia inmediata a los siete menores rescatados es la prioridad de los organismos de protección, quienes deben garantizar su escolarización y salud tras meses de encierro. En términos económicos, este tipo de procedimientos golpea la estructura de costos de la indumentaria ilegal, que basa su competitividad en la evasión impositiva y la anulación total de los costos laborales mediante la esclavitud moderna. Fuentes de la Agencia Gubernamental de Control señalaron que el inmueble será clausurado de forma definitiva y se investigará la responsabilidad del propietario del edificio, quien podría ser considerado partícipe necesario si se demuestra que conocía la actividad que se desarrollaba en su propiedad.
La causa judicial entrará ahora en una etapa de análisis de las pruebas recolectadas, especialmente los cuadernos de anotaciones y los dispositivos móviles secuestrados. Estos elementos son fundamentales para determinar si el taller de Monte Castro funcionaba como una célula aislada o si formaba parte de una red más amplia de producción que abastece a marcas de ropa o locales comerciales de mayor escala. Los dos detenidos permanecen incomunicados y se espera que presten declaración indagatoria en las próximas 48 horas ante el Juzgado Federal N° 11. Mientras tanto, las víctimas adultas han sido incorporadas al Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento, donde recibirán asistencia psicológica y asesoramiento legal para regularizar su situación migratoria en el país, mientras se define su posible declaración bajo el sistema de cámara Gesell para preservar su integridad durante el proceso penal.
