La Fiscalía Federal de Gualeguaychú desarticuló una organización criminal dedicada a la producción y distribución masiva de cigarrillos falsificados en San Luis, Entre Ríos, San Juan y Mendoza, con un saldo de cinco personas imputadas.
El operativo, denominado “MK8”, permitió el hallazgo de una planta industrial clandestina con una capacidad operativa para fabricar 700 millones de unidades anuales. Durante los 24 allanamientos simultáneos ordenados por el Juzgado Federal de Gualeguaychú, a cargo de Hernán Viri, las fuerzas de seguridad secuestraron 54 toneladas de tabaco en hebras, 14 millones de estampillas fiscales apócrifas y maquinaria de alta complejidad. Según indicaron fuentes judiciales, la maniobra habría generado ganancias ilícitas por un total de 32 millones de dólares, lo que representa uno de los golpes más significativos contra el mercado negro de tabaco en la historia reciente del país.
La investigación, liderada por el fiscal federal subrogante Pedro Mariano Rebollo y el auxiliar fiscal Matías Emmanuel Silva, determinó que la organización operaba bajo una fachada societaria aparentemente legítima en la provincia de San Luis. Sin embargo, las tareas de inteligencia criminal revelaron que el establecimiento funcionaba como el núcleo de una red de falsificación de marcas reconocidas. Los peritajes preliminares realizados por técnicos de la industria tabacalera confirmaron que los productos carecían de los controles sanitarios y tributarios exigidos por la ley, utilizando sellos de seguridad falsos para engañar a los consumidores y a los organismos de control estatal.
El seguimiento logístico fue clave para desentramar la estructura. Los investigadores de la Prefectura Naval Argentina utilizaron técnicas de vigilancia encubierta, compras controladas y análisis de intervenciones telefónicas para reconstruir la ruta de la mercadería. Según detallaron desde el Ministerio Público Fiscal, los cigarrillos eran trasladados mediante empresas transportistas y una red de distribuidores locales que abastecía a comercios minoristas en diversas jurisdicciones. En muchos casos, la venta se realizaba de forma oculta, sin exhibición al público y mediante transacciones exclusivamente en efectivo para evitar la trazabilidad financiera de los fondos obtenidos.
Contexto
La causa tuvo su origen en julio de 2024, tras una serie de denuncias e informes aportados por la Delegación de Inteligencia Criminal de la Prefectura Naval sobre la venta de cigarrillos de origen dudoso en localidades de Entre Ríos. Lo que inicialmente parecía ser un caso de comercio minorista de mercadería ilegal derivó en una pesquisa de mayor escala al detectarse patrones de distribución que excedían los límites provinciales. La fiscalía detectó que la organización no solo falsificaba el producto final, sino que había montado una infraestructura industrial capaz de competir en volumen con plantas legales, aprovechando la porosidad de los controles en las rutas nacionales que conectan la región de Cuyo con el litoral argentino.
Históricamente, el mercado de cigarrillos apócrifos en Argentina ha estado vinculado al contrabando transfronterizo, principalmente desde Paraguay. No obstante, este caso marca un precedente distinto: la producción íntegra se realizaba dentro del territorio nacional, utilizando materia prima local y maquinaria industrial de gran porte. Representantes de las tabacaleras damnificadas señalaron ante la justicia que se trata de la mayor estructura de producción ilegal registrada en la historia de Argentina, destacando la sofisticación de las estampillas fiscales falsificadas, las cuales contaban con detalles gráficos que dificultaban su identificación a simple vista por parte de los comerciantes y consumidores.
Impacto
El impacto de esta maniobra afecta directamente a la recaudación fiscal del Estado Nacional, dado que el sector tabacalero es uno de los que posee mayor carga impositiva a través del Fondo Especial del Tabaco (FET) y otros gravámenes internos. La evasión detectada en esta causa no solo perjudica al erario público, sino que genera una competencia desleal que desestabiliza a las empresas que operan bajo el marco normativo vigente. Además, desde el Ministerio de Salud han advertido en reiteradas ocasiones que los productos tabacaleros falsificados representan un riesgo sanitario incrementado, ya que no respetan los niveles máximos de alquitrán, nicotina y monóxido de carbono, ni garantizan la ausencia de contaminantes en el proceso de secado del tabaco.
En términos judiciales, la imputación de los cinco responsables bajo cargos de falsificación de marcas, adulteración de sellos oficiales, evasión fiscal y lavado de activos marca un endurecimiento en la persecución de delitos económicos complejos. La magnitud de los activos secuestrados y el volumen de la producción indican que la red contaba con un respaldo financiero considerable, lo que ha llevado a la fiscalía a profundizar la investigación sobre posibles conexiones internacionales. Se sospecha que la organización también realizaba operaciones transfronterizas para el ingreso de insumos químicos y la exportación de excedentes de producción hacia países limítrofes, lo que podría derivar en nuevas detenciones en las próximas semanas.
Tras el desmantelamiento de la planta en San Luis, la Justicia Federal se centra ahora en el análisis de la documentación contable secuestrada y en el peritaje de los dispositivos electrónicos de los imputados. El objetivo es identificar a los financistas detrás de la operación y determinar si existió complicidad de funcionarios en la habilitación de los galpones utilizados. Mientras tanto, los cinco detenidos permanecen a disposición del juez Hernán Viri, a la espera de sus declaraciones indagatorias, en un proceso que promete revelar más eslabones de una cadena delictiva que operaba con total impunidad en el corazón del país.
