La Fiscalía de Delitos Complejos de Córdoba, a cargo de Silvana Quaglia, asumió la investigación por el homicidio de Matías Ochonga, ocurrido el 13 de julio en San Francisco, tras el fracaso de los operativos para capturar al principal sospechoso.
El traspaso del expediente desde la Fiscalía de Instrucción de Feria marca un giro institucional en la causa, que dejó de ser tratada como un hecho de inseguridad urbana para ser analizada bajo la lupa del crimen organizado. Ochonga, de 20 años, fue ejecutado de tres disparos por la espalda en la intersección de avenida Libertador Norte y bulevar 25 de Mayo, en pleno centro de la ciudad cordobesa. El ataque se produjo pasadas las 2 de la madrugada, mientras una multitud celebraba el triunfo de la Selección Argentina ante Suiza por 3 a 1 en los cuartos de final del Mundial. Según fuentes judiciales, la complejidad del caso y la red de encubrimiento que protege al presunto autor, identificado como “Manay”, de 25 años, motivaron la intervención de la unidad especializada en delitos complejos.
Hasta el momento, las fuerzas de seguridad solo lograron la detención de Agustín Alexis Guevara, cuñado del principal sospechoso, quien enfrenta cargos por encubrimiento agravado. De acuerdo con fuentes de la Policía de Córdoba, Guevara habría facilitado la logística para la huida del atacante tras el crimen. Los investigadores realizaron múltiples allanamientos en barrios periféricos de San Francisco y en la localidad santafesina de Frontera, que limita directamente con la provincia de Córdoba. A pesar del despliegue de efectivos y el análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas, el paradero de “Manay” sigue siendo una incógnita para las autoridades, lo que derivó en el dictado de una orden de captura con alcance nacional e internacional.
Contexto
El perfil de los involucrados y la modalidad del ataque sugieren un trasfondo de violencia estructural en la zona limítrofe entre Córdoba y Santa Fe. Matías Ochonga, la víctima, poseía un historial delictivo que incluía condenas por robos calificados y había recuperado su libertad bajo el régimen de libertad condicional el pasado 3 de julio, apenas diez días antes de ser asesinado. Al momento de su muerte, sobre él pesaban todavía dos pedidos de captura vigentes por causas judiciales previas que no habían sido resueltas. Esta situación refuerza la hipótesis de que el joven era un objetivo predeterminado y que sus atacantes conocían sus movimientos habituales tras su salida de la unidad penitenciaria.
Por su parte, el sospechoso prófugo cuenta con antecedentes penales por robo calificado, abuso de armas de fuego, violación de domicilio y tentativa de robo. Fuentes del Ministerio de Seguridad de Córdoba indicaron que el joven de 25 años estaría vinculado a estructuras familiares que operan en el mercado local de estupefacientes. La zona de San Francisco y Frontera ha sido históricamente un punto crítico para la seguridad provincial debido a la permeabilidad de sus límites, lo que facilita el desplazamiento de delincuentes entre jurisdicciones para evadir a la justicia. El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, fue tajante al desvincular el hecho de los festejos deportivos, calificándolo como un ajuste de cuentas derivado de disputas territoriales entre clanes que manejan el tráfico de drogas en la región.
Impacto
La intervención de la Fiscalía de Delitos Complejos implica un cambio en la estrategia de persecución penal, priorizando el desmantelamiento de la red de apoyo que permite la clandestinidad del sospechoso. La principal preocupación de las autoridades radica en la escalada de violencia en San Francisco, una ciudad que, aunque acostumbrada a la fricción fronteriza, no registraba ejecuciones de este tipo en zonas céntricas y ante una gran concurrencia de público. El uso de armas de fuego en espacios de celebración masiva ha puesto en alerta a las fuerzas federales, que ahora colaboran con la policía provincial para monitorear los pasos fronterizos y las rutas de escape hacia el interior de Santa Fe.
Desde el punto de vista operativo, la fiscal Quaglia ordenó pericias técnicas exhaustivas sobre los teléfonos celulares secuestrados durante los allanamientos y un relevamiento pormenorizado de los registros fílmicos de la noche del 13 de julio. Se busca determinar si existió una zona liberada o si el atacante contó con información privilegiada sobre la ubicación de la víctima. La detención de Guevara es considerada apenas el primer eslabón de una cadena de complicidades que involucraría a uno de los clanes más influyentes de la localidad de Frontera. Para los operadores del mercado judicial, este caso representa una prueba de fuego para la coordinación entre las justicias de Córdoba y Santa Fe en la lucha contra el crimen organizado transprovincial.
El próximo paso procesal será la indagatoria a Agustín Alexis Guevara, mientras se aguardan los resultados de los peritajes balísticos realizados sobre los proyectiles recuperados del cuerpo de Ochonga en el Hospital J. B. Iturraspe. La justicia busca confirmar si el arma utilizada en el crimen ha sido empleada en otros hechos delictivos recientes en la zona. Mientras tanto, la tensión en los barrios periféricos de San Francisco se mantiene elevada ante la posibilidad de nuevas represalias entre las bandas enfrentadas, lo que ha obligado a reforzar la presencia de la Guardia de Infantería en los puntos más conflictivos de la frontera interprovincial.
