El Ministerio de Bioagroindustria de Córdoba decomisó más de 150 kilos de carne en Villa San Nicolás, departamento Santa María, durante un operativo contra la faena clandestina realizado esta semana por la Dirección General de Fiscalización y Control.
El procedimiento, ejecutado en conjunto con la Patrulla Rural, se originó a partir de una serie de denuncias anónimas que alertaban sobre maniobras de procesamiento y comercialización irregular de subproductos cárnicos en la zona. Al ingresar a los establecimientos inspeccionados, los agentes provinciales constataron que los locales operaban de manera informal, careciendo de las habilitaciones municipales y provinciales necesarias para la manipulación de alimentos de origen animal. Según indicaron fuentes del Ministerio de Bioagroindustria, el lugar no reunía las condiciones higiénico-sanitarias mínimas para garantizar la inocuidad de los productos, lo que motivó el secuestro inmediato de la mercadería y de las herramientas utilizadas para el desposte de las piezas. Los inspectores detallaron que no se pudo acreditar ningún tipo de control veterinario previo ni la documentación que certificara el origen legal del ganado, lo que representa una violación directa a los protocolos de seguridad alimentaria vigentes en el territorio cordobés.
Las actuaciones legales se encuadraron bajo un estricto marco normativo que incluyó la aplicación de la Ley Nº 10.326, correspondiente al Código de Convivencia de la provincia, la cual sanciona aquellas conductas que ponen en riesgo la salud y la seguridad pública. Asimismo, se aplicó la Ley Nº 6.974, que regula específicamente la comercialización de carnes y exige condiciones edilicias y técnicas para la producción, y la Ley Nº 5.542, referida a las marcas y señales que garantizan la trazabilidad del ganado desde el campo hasta el mostrador. De acuerdo con los peritos de la Dirección de Fiscalización, la mercadería incautada fue trasladada de inmediato a un frigorífico habilitado para su desnaturalización y posterior destrucción, ya que al no contar con cadena de frío verificable ni análisis de laboratorio, se consideró un material de alto riesgo para el consumo humano. Además del decomiso, las autoridades dispusieron el cese total de las actividades en el predio y el secuestro de sierras, gancheras y otros elementos de corte empleados en la faena ilegal.
Contexto
Este operativo en el departamento Santa María no es un hecho aislado, sino que se inscribe en una serie de acciones preventivas que la provincia de Córdoba viene intensificando durante el primer semestre del año. A mediados de mayo, un procedimiento de similares características tuvo lugar en la localidad de Hernando, dentro del departamento Tercero Arriba, donde el Ministerio de Bioagroindustria también decomisó aproximadamente 150 kilos de carne y procedió a la clausura de instalaciones que funcionaban como mataderos improvisados. En aquella oportunidad, los agentes detectaron que el establecimiento realizaba el desposte de medias reses en espacios que no cumplían con los estándares de salubridad básicos y carecían de los análisis de laboratorio obligatorios para detectar enfermedades como la triquinosis. La repetición de estos episodios en diferentes puntos de la provincia refleja una problemática persistente vinculada a la informalidad en la cadena cárnica, especialmente en zonas periféricas o rurales donde el control estatal suele ser más complejo de ejecutar de forma permanente.
La faena clandestina en Argentina ha sido históricamente un foco de preocupación para las autoridades sanitarias debido a la dificultad para monitorear enfermedades zoonóticas. Patologías como la brucelosis, la tuberculosis bovina y, fundamentalmente, la triquinosis, pueden transmitirse fácilmente a la población si el animal no pasa por una inspección veterinaria en un frigorífico autorizado. Según datos de organismos sanitarios provinciales, los brotes alimentarios derivados de productos sin trazabilidad suelen incrementarse en periodos de crisis económica, cuando la brecha de precios entre el mercado formal y el informal se ensancha. En este escenario, el gobierno de Córdoba ha reforzado la vigilancia epidemiológica y las inspecciones de oficio, buscando desarticular estos nodos de producción ilegal que evaden no solo las normativas de salud, sino también las obligaciones fiscales y las leyes de marcas y señales que protegen la propiedad del ganado frente al abigeato.
Impacto
El impacto directo de estas maniobras recae sobre la salud pública, ya que la comercialización de carne sin inspección veterinaria anula cualquier posibilidad de detectar parásitos o bacterias antes de que lleguen al consumidor final. Desde el Ministerio de Bioagroindustria advirtieron que el consumo de estos productos puede derivar en brotes de enfermedades graves que saturan el sistema sanitario y ponen en riesgo la vida de los ciudadanos. Por otro lado, existe un perjuicio económico significativo para los productores y carniceros que operan dentro de la legalidad, cumpliendo con el pago de tasas, impuestos y normativas de higiene, quienes se ven obligados a competir en condiciones de desigualdad frente a establecimientos que operan en la clandestinidad absoluta. La detección de estos 150 kilos de carne evita que miles de raciones de alimento potencialmente contaminado ingresen al circuito comercial de las carnicerías de barrio o ferias locales, donde el control del consumidor suele ser menor.
Asimismo, el fortalecimiento de estos controles busca restaurar la confianza en la cadena de comercialización cárnica en un momento donde el consumo interno en Argentina atraviesa niveles históricamente bajos debido a la pérdida del poder adquisitivo. Las autoridades provinciales enfatizaron que la colaboración ciudadana es una pieza clave para el éxito de estas políticas de fiscalización. Para ello, se mantiene activa la plataforma digital de la Dirección General de Fiscalización y Control, además de la línea gratuita 0800-8888-2476, donde se pueden radicar denuncias sobre locales sospechosos. La intención oficial es que el consumidor exija siempre la documentación que respalde la procedencia de la carne, como las facturas de compra en frigoríficos habilitados, para asegurar que el producto ha pasado por todos los filtros de seguridad que exige la ley provincial.
Tras el operativo en Villa San Nicolás, la justicia administrativa provincial iniciará los sumarios correspondientes para determinar las multas económicas que deberán afrontar los responsables de los establecimientos clausurados. Mientras tanto, la Patrulla Rural y los equipos técnicos de Bioagroindustria mantendrán la vigilancia en el departamento Santa María y zonas aledañas para prevenir la reapertura de estos centros o el traslado de la actividad ilegal a predios vecinos. El próximo paso de las autoridades será intensificar las auditorías en las bocas de expendio minoristas para verificar que no existan remanentes de mercadería de origen dudoso en las góndolas, asegurando así el cierre total del circuito de comercialización irregular detectado en esta última semana.
