La Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba ratificó este jueves un paquete de reformas económicas estructurales, tras la aprobación de urgencia del Comité Central del Partido Comunista, para intentar revertir la parálisis productiva y el desabastecimiento energético.
El plan de ajuste, impulsado por el presidente Miguel Díaz-Canel, representa el giro más profundo en la política económica del régimen en décadas. Entre los puntos centrales se destaca la autorización para que los cubanos residentes en el exterior puedan invertir en la isla en igualdad de condiciones con el capital foráneo y las empresas estatales. Esta apertura, que hasta ahora no se había formalizado, busca captar divisas de la diáspora ante la salida de empresas hoteleras, navieras y entidades bancarias internacionales que abandonaron el país por temor a las sanciones secundarias de Estados Unidos. Según fuentes del Ministerio de Economía cubano, la reforma también prevé una reducción drástica en la cantidad de ministerios y la sustitución de los subsidios generalizados por un sistema de ayudas focalizadas, siguiendo modelos de gestión similares a los implementados por China y Vietnam.
Durante la sesión extraordinaria, Díaz-Canel pronunció el discurso más autocrítico de su gestión, admitiendo que existen obstáculos internos que no dependen exclusivamente de factores externos. El mandatario señaló directamente a la lentitud administrativa, la burocracia y las normas vigentes como impedimentos para quienes intentan producir en el país. Esta declaración marca un quiebre con la narrativa oficial que, desde 1962, atribuyó la totalidad de las carencias al embargo estadounidense. Por su parte, el primer ministro Manuel Marrero aclaró que, aunque se busca una mayor eficiencia y autonomía para los municipios y las empresas estatales —que actualmente controlan el 80% de la actividad económica según datos del economista Carmelo Mesa-Lago—, el Estado no renunciará a su responsabilidad social ni al control político del sistema de partido único.
La celeridad del proceso legislativo, que se completó en menos de una semana desde el anuncio inicial del 12 de junio, refleja la urgencia de una administración acorralada por el malestar social. En barrios de La Habana se registraron protestas espontáneas y cacerolazos en respuesta a los apagones que, en algunas zonas, alcanzan las 30 horas consecutivas. La situación se agravó tras el bloqueo petrolero impuesto durante la gestión de Donald Trump, lo que derivó en una escasez crítica de agua, alimentos y medicamentos básicos. Raúl Castro, de 95 años, respaldó las medidas mediante una carta leída ante el Comité Central, calificándolas de beneficiosas para la supervivencia del modelo, a pesar de que el exlíder enfrenta cargos por homicidio en un tribunal federal de Estados Unidos por el derribo de avionetas de la organización Hermanos al Rescate en 1996.
Contexto
La economía cubana atraviesa una contracción acumulada que se profundizó a partir de 2019, combinando ineficiencias estructurales con un endurecimiento de las sanciones externas. Históricamente, las reformas en la isla se caracterizaron por una lentitud extrema, con procesos de maduración que tomaban años antes de ser implementados. Sin embargo, el deterioro actual de la infraestructura eléctrica y la caída del turismo han forzado al régimen a buscar alternativas de mercado. La referencia a China y Vietnam no es casual: el Partido Comunista de Cuba intenta replicar el éxito de esos países en la introducción de dinámicas capitalistas sin ceder el monopolio del poder político. El antecedente inmediato de esta crisis es el colapso del suministro de combustible, que paralizó el transporte y la industria pesada, dejando a la población en condiciones de vulnerabilidad extrema.
La presión internacional también juega un rol determinante en este nuevo escenario. Desde Washington, el vicepresidente estadounidense JD Vance advirtió que la administración evalúa los movimientos de La Habana antes de decidir cualquier alivio en las restricciones. Vance condicionó una mejora en la relación bilateral a que el régimen tome decisiones inteligentes en materia económica y política. Esta postura se alinea con las exigencias de la administración Trump, que ha mantenido una retórica de máxima presión e incluso ha aludido a la posibilidad de una intervención militar si la inestabilidad en la región se profundiza. La respuesta de Cuba, acelerando estas reformas, parece ser un intento de enviar una señal de pragmatismo hacia el exterior mientras intenta contener el descontento interno.
Impacto
El impacto inmediato de estas medidas se sentirá en la reconfiguración del sector privado y en la gestión de los recursos municipales. Al otorgar mayor autonomía a las intendencias y a las empresas del Estado, el régimen busca descentralizar la crisis y permitir que las economías regionales encuentren soluciones de autoabastecimiento, especialmente en el área agrícola. Para el reducido sector privado cubano, los anuncios generan una expectativa moderada. Mario González, gerente de un restaurante en el casco histórico de La Habana, señaló que la apertura ofrece una oportunidad que podría revitalizar zonas comerciales hoy desiertas, aunque el escepticismo predomina entre los ciudadanos de a pie que enfrentan jornadas de 12 horas sin suministro eléctrico.
La reforma social, que implica pasar de subsidios universales a ayudas dirigidas a sectores vulnerables, representa un cambio de paradigma en el contrato social de la Revolución. Esta medida busca reducir el déficit fiscal, pero conlleva el riesgo de aumentar la desigualdad en una sociedad que ya padece una inflación galopante en el mercado informal. La efectividad de este paquete dependerá de la velocidad de su implementación real en las aduanas y en el sistema bancario, donde la burocracia suele frenar cualquier intento de apertura. Si los cambios no logran restablecer el flujo de bienes básicos en el corto plazo, la tensión en las calles de las principales ciudades cubanas podría escalar, desafiando la capacidad de control del Ministerio del Interior.
El próximo paso clave será la reglamentación de las inversiones para los cubanos en el exterior, un proceso que será monitoreado de cerca por los operadores del mercado internacional y por el Departamento de Estado de EE. UU. La capacidad del régimen para atraer esos capitales determinará si Cuba logra estabilizar su balanza de pagos o si se encamina a un default social de consecuencias impredecibles. La tensión pendiente radica en si estas reformas son un cambio estructural genuino o simplemente una maniobra de supervivencia temporal ante el abismo económico.
