La coalición gobernante de Israel presentó este miércoles un proyecto de ley para disolver la Knéset y convocar a elecciones anticipadas, en una maniobra estratégica del partido Likud para mantener la iniciativa sobre el cronograma electoral nacional.
La decisión, formalizada por el jefe de disciplina de la coalición, Ofir Katz, cuenta con el respaldo de los seis grupos parlamentarios que integran el oficialismo: Likud, Judaísmo Unido de la Torá (UTJ), Shas, Nueva Esperanza, Sionismo Religioso y Otzma Yehudit. Según informaron fuentes parlamentarias en Jerusalén, la propuesta establece que la fecha definitiva de los comicios será fijada por el Comité de la Cámara, con un margen de entre 90 días y cinco meses tras la sanción de la norma. El límite legal para la realización de las elecciones es el 27 de octubre, fecha en la que originalmente expiraba el mandato legislativo vigente. Esta aceleración del proceso electoral responde a la pérdida de la mayoría operativa en el recinto, luego de que la oposición retirara sus propios proyectos para exponer la fragilidad del Gobierno, obligando a Netanyahu a tomar las riendas de la disolución para evitar una derrota política mayor en manos de sus adversarios.
El detonante final de esta crisis institucional fue la ruptura del vínculo con los sectores ultraortodoxos, pilares fundamentales de la estructura de poder de Benjamín Netanyahu. El martes, el rabino Dov Lando, autoridad espiritual del partido Degel HaTorah, ordenó a sus legisladores avanzar con la disolución inmediata del Parlamento tras declarar una pérdida total de confianza en la figura del primer ministro. Esta facción, que integra la alianza Judaísmo Unido de la Torá, suspendió la coordinación de votos con el Ejecutivo debido al incumplimiento de una promesa clave: la sanción de una ley que exima de forma permanente a los estudiantes de yeshivas (seminarios religiosos) del servicio militar obligatorio. Al confirmar Netanyahu que dicha legislación no sería aprobada antes de los comicios, el incentivo para sostener la coalición desapareció, dejando al Gobierno en una posición de vulnerabilidad extrema que forzó la retirada de otros proyectos sensibles, como la ley de nombramientos que buscaba otorgar al Ejecutivo el control sobre la designación del fiscal general y el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).
Contexto
Para comprender la magnitud de este colapso político, es necesario remontarse a la formación de la actual coalición, la más conservadora en la historia del Estado de Israel, y a las tensiones acumuladas desde los ataques del 7 de octubre de 2023. Benjamín Netanyahu, de 76 años, es el mandatario con más tiempo en el cargo en la historia del país, sumando más de 18 años en el poder en distintos períodos desde 1996. Sin embargo, su presente está marcado por frentes judiciales y personales críticos: enfrenta un juicio prolongado por cargos de corrupción y recientemente reveló haber sido intervenido quirúrgicamente por un cáncer de próstata. A pesar de este panorama, el líder del Likud confirmó su intención de encabezar nuevamente las listas electorales, apostando a una recuperación de su imagen pública basada en los resultados de las operaciones militares en curso y la gestión de la seguridad nacional tras la incursión de Hamas.
La cuestión del reclutamiento de los ultraortodoxos ha sido históricamente un punto de fricción en la sociedad israelí, pero alcanzó un punto de ebullición en los últimos meses debido a las exigencias de igualdad en la carga militar tras el estallido de la guerra. Mientras los sectores laicos y nacionalistas exigen que todos los ciudadanos contribuyan a la defensa del Estado, los partidos Haredi consideran el estudio de la Torá como una protección espiritual esencial e innegociable. Netanyahu intentó durante semanas equilibrar estas demandas contrapuestas para evitar el desmembramiento de su base de apoyo, pero la presión de la Corte Suprema y la resistencia de los sectores liberales de la oposición, liderados por Yair Lapid y Naftali Bennett, terminaron por cerrar el margen de maniobra del primer ministro, quien se vio incapaz de cumplir con sus socios religiosos sin provocar un estallido social o una crisis de gabinete con sus ministros más moderados.
Impacto
La disolución del Parlamento y el llamado a urnas abren un escenario de incertidumbre económica y social en un momento de alta sensibilidad geopolítica. El impacto inmediato se refleja en la parálisis de reformas estructurales y en la puja por la fecha de votación, que divide incluso a los aliados actuales. Mientras que Degel HaTorah presiona para votar el 1 de septiembre, el partido Shas, liderado por Arye Deri, prefiere el 15 de septiembre para capitalizar la movilización de votantes religiosos durante las festividades judías. Por otro lado, el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, del Partido Sionismo Religioso, busca postergar la fecha hasta octubre para evitar que su formación quede por debajo del umbral electoral necesario para ingresar al Parlamento, tras haber gestionado un presupuesto estatal restrictivo que afectó su popularidad en las encuestas recientes.
Desde la perspectiva de la opinión pública, los sondeos proyectan un tablero sumamente fragmentado que dificulta la formación de un futuro gobierno estable. Una encuesta reciente del canal público Kan otorga al Likud 26 escaños, una caída significativa respecto a los 32 actuales. La alianza opositora Beyahad, conformada por Lapid y Bennett, obtendría 25 bancas, mientras que la formación de centroderecha Yashar, del ex jefe militar Gadi Eisenkot, se posiciona como un actor clave con una proyección de crecimiento sostenido. El impacto político central reside en que, aunque el bloque anti-Netanyahu podría sumar más escaños en conjunto, la negativa de líderes como Bennett a pactar con partidos árabes podría generar un nuevo bloqueo parlamentario, similar al que llevó a Israel a repetir elecciones en cinco oportunidades en años anteriores, profundizando la crisis de representatividad.
El proceso electoral estará dominado por dos ejes que definirán el futuro de la seguridad israelí: la creación de una comisión nacional de investigación sobre las fallas de inteligencia del 7 de octubre y la resolución definitiva sobre el estatus militar de los ultraortodoxos. La oposición ya ha adelantado que centrará su campaña en la responsabilidad del Ejecutivo por el día más mortífero en la historia del país y en las críticas a la política exterior, calificando los recientes acuerdos de alto el fuego con Irán como un fracaso estratégico. Con la votación preliminar de la ley de disolución prevista para el próximo lunes y una posible votación final el 20 de mayo, Israel se encamina a una campaña electoral agresiva donde la supervivencia política de Netanyahu y el modelo de convivencia entre los sectores religiosos y laicos del país estarán en el centro del debate nacional.
