Candela Urquiza, una adolescente de 14 años, fue asesinada el pasado jueves por la tarde durante un enfrentamiento armado entre bandas dedicadas al narcotráfico en el límite entre González Catán y Virrey del Pino, partido de La Matanza.
El violento episodio se desencadenó cerca del kilómetro 35 de la Ruta 3, específicamente en la intersección de las calles Cabot al 6700. Según los reportes de las fuerzas de seguridad locales, dos integrantes de una organización criminal arribaron al lugar a bordo de una camioneta Ford Ecosport blanca y abrieron fuego de manera indiscriminada contra una vivienda que, de acuerdo con el testimonio de los residentes de la zona, funcionaba como un búnker de comercialización de estupefacientes. En ese preciso instante, Candela caminaba de la mano junto a su madre, Blanca Urquiza, de 50 años. Las cámaras de vigilancia del municipio registraron la secuencia en la que ambas intentaron huir al escuchar las detonaciones, pero un proyectil impactó en la cabeza de la menor, provocándole la muerte de forma instantánea en la vía pública. Su madre, al notar que la joven había caído, regresó para asistirla y recibió un disparo en la zona del cuello, por lo que fue trasladada de urgencia al Hospital Simplemente Evita, donde permanece internada en estado reservado.
La conmoción en el barrio Atalaya se tradujo en una masiva despedida a través de redes sociales y manifestaciones presenciales. Los allegados de la víctima destacaron que la adolescente se encontraba en pleno proceso de organización de su fiesta de quince años, evento que planeaba celebrar en los próximos meses. Daiana, tía de la menor, expresó el profundo dolor de la familia y cuestionó la violencia que impera en el sector, señalando que la vida de una niña fue arrebatada por delincuentes que actúan con total impunidad. Por su parte, Walter, abuelo de Candela, identificó a los presuntos agresores como jóvenes del mismo barrio cuyos padres son conocidos de la familia, pero que han optado por el control territorial mediante el uso de armas de fuego. El hombre denunció ante los medios que los tiroteos son constantes y que la presencia policial en la zona es insuficiente para contener el avance de las bandas que se disputan los puntos de venta de drogas.
Jorge, otro de los tíos de la víctima, ratificó que existen denuncias previas sobre el funcionamiento del búnker atacado, pero aseguró que las autoridades no tomaron medidas preventivas para desarticular el foco de conflicto. La indignación vecinal escaló durante el fin de semana, con pedidos de justicia encabezados por amigos y conocidos como Celeste y Braian, quienes difundieron imágenes de la joven para visibilizar el caso. Fuentes judiciales confirmaron que la fiscalía en turno de La Matanza se encuentra analizando el material de las cámaras de seguridad para identificar la patente del vehículo utilizado en el ataque y determinar la identidad de los tiradores, quienes se dieron a la fuga inmediatamente después de efectuar los disparos que terminaron con la vida de la adolescente e hirieron de gravedad a su madre.
Contexto
El partido de La Matanza, el más poblado de la provincia de Buenos Aires, atraviesa una crisis de seguridad vinculada al crecimiento de estructuras narcocriminales en los barrios periféricos. Las localidades de González Catán y Virrey del Pino han sido escenario recurrente de enfrentamientos por el control del territorio, una dinámica que se ha intensificado en los últimos 24 meses según datos de observatorios de seguridad ciudadana. El uso de viviendas particulares como puntos de venta minorista, conocidos como búnkeres, genera zonas de alta peligrosidad donde los transeúntes quedan expuestos a balaceras cruzadas. Antecedentes recientes en la zona del kilómetro 35 de la Ruta 3 indican que no es la primera vez que civiles ajenos a los conflictos resultan víctimas de proyectiles perdidos o ataques dirigidos a propiedades vinculadas al tráfico de sustancias prohibidas.
La falta de una política de saturación policial efectiva y la demora en las órdenes de allanamiento para los domicilios señalados por los vecinos han permitido que estas bandas operen con una logística que incluye vehículos robados y armamento de grueso calibre. De acuerdo con fuentes del Ministerio de Seguridad bonaerense, la zona sur de La Matanza presenta una complejidad geográfica que facilita la huida de los delincuentes hacia asentamientos de difícil acceso, lo que dificulta las tareas de persecución inmediata. El caso de Candela Urquiza se suma a una lista de menores de edad que han perdido la vida en el Gran Buenos Aires en situaciones de violencia urbana ligada al crimen organizado, lo que ha generado un clima de tensión social y reclamos persistentes hacia la cúpula policial y el poder judicial.
Impacto
El asesinato de Candela Urquiza impacta directamente en la percepción de seguridad de los habitantes de González Catán, quienes denuncian un estado de desprotección total frente al avance del narcotráfico. La muerte de una menor de 14 años en un horario de alta circulación peatonal pone de manifiesto la vulnerabilidad de los espacios públicos en los barrios populares. Desde el punto de vista institucional, el hecho presiona a las autoridades provinciales para acelerar las investigaciones sobre las redes de comercialización de drogas en la zona y revisar los protocolos de intervención en barrios donde el control territorial está en disputa. La gravedad del estado de salud de Blanca Urquiza añade una carga de dramatismo al caso, dejando a una familia desmembrada y a una comunidad en estado de alerta permanente.
En términos sociales, el crimen ha unificado a los vecinos en un reclamo por mayor presencia de fuerzas federales, ante la desconfianza manifestada hacia la policía local. La movilización en las calles Cabot y Atalaya busca evitar que el caso quede impune y que los responsables, ya señalados por los propios residentes, sean detenidos a la brevedad. Los operadores judiciales advierten que, de no mediar una respuesta contundente, el riesgo de represalias entre bandas o de justicia por mano propia por parte de los vecinos afectados podría escalar la violencia en el distrito. La pérdida de una vida joven en estas circunstancias refuerza la necesidad de intervenciones integrales que no solo abarquen lo policial, sino también la desarticulación económica de las bandas que financian estos ataques.
La investigación continúa bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Temática de Homicidios de La Matanza. Se espera que en las próximas horas se realicen peritajes balísticos sobre los restos de proyectiles hallados en la escena y se tomen declaraciones testimoniales clave a los vecinos que presenciaron la llegada de la camioneta blanca. El estado de salud de la madre de la víctima será determinante para el avance de la causa, mientras la comunidad prepara nuevas marchas para exigir que el crimen de Candela no se convierta en una cifra más de la inseguridad en el conurbano bonaerense.
