La demanda de partos domiciliarios planificados aumentó un 42% en Estados Unidos entre 2020 y 2024, según datos del Centro Nacional de Estadísticas de Salud, lo que generó un conflicto legal en estados donde las parteras no enfermeras carecen de licencia.
En estados como Georgia, la actividad de las parteras profesionales certificadas (CPM) es ilegal si no poseen un título de enfermería, lo que las expone a órdenes de cese, multas o procesos penales. A pesar de estas restricciones, el fenómeno creció un 72% en dicho estado, reflejando una tendencia nacional donde las familias buscan alternativas al sistema hospitalario tradicional. Según fuentes del sector sanitario, la falta de un marco regulatorio uniforme obliga a muchas profesionales a trabajar en la clandestinidad, atendiendo consultas prenatales en entornos domésticos para evitar la detección de las autoridades. Actualmente, siete estados mantienen prohibiciones estrictas: en Carolina del Norte la práctica es un delito menor, mientras que en Nueva York se categoriza como un delito grave. No obstante, 36 estados y el Distrito de Columbia ya implementaron sistemas de licencias para estas profesionales, quienes obtienen su certificación tras asistir al menos 55 partos y demostrar competencias técnicas específicas, a diferencia de las enfermeras-parteras que operan mayoritariamente en centros de salud.
La resistencia a la legalización proviene principalmente de sectores médicos institucionales. El Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos sostiene que los bebés tienen el doble de probabilidades de morir en partos domiciliarios planificados en comparación con los hospitales, aunque admiten que los datos son limitados y no discriminan la formación de quien asiste el nacimiento. Por otro lado, la Asociación de Hospitales de Georgia y el Departamento de Salud Pública local bloquearon proyectos de ley recientes exigiendo que cualquier regulación incluya una supervisión médica directa y acuerdos de transferencia obligatorios. Anna Adams, portavoz de la asociación hospitalaria, señaló que el 11% de los partos en casa terminan en traslados de emergencia, situaciones donde los médicos reciben pacientes sin antecedentes clínicos previos, lo que complica la atención crítica. En contrapartida, las parteras argumentan que la autonomía es esencial para su modelo de cuidado y que la integración al sistema permitiría el acceso a medicamentos que salvan vidas y cobertura de seguros como Medicaid.
Contexto
El auge de los partos en casa ocurre en un momento de crisis para la atención materna en Estados Unidos. Un informe de 2024 de March of Dimes reveló que el 35% de los condados del país son considerados “desiertos obstétricos”, careciendo de centros de parto o proveedores especializados. Esta escasez se vio agravada por la revocación del fallo Roe v. Wade en 2022, que provocó un éxodo de ginecólogos en estados con leyes restrictivas sobre el aborto. Idaho, por ejemplo, perdió un tercio de sus especialistas en dos años por temor a persecuciones legales. En este escenario, las parteras profesionales aparecen como una alternativa ante la falta de médicos. Históricamente, el movimiento por el parto humanizado ha intentado legalizar la profesión durante décadas, pero solo en los últimos 15 años los legisladores estatales mostraron una mayor apertura. En 2023, intentos de regular la actividad en Misisipi, Nebraska y Virginia Occidental fracasaron en las legislaturas locales, dejando a cientos de profesionales en un limbo jurídico mientras la demanda de sus servicios sigue en ascenso.
Impacto
La falta de regulación impacta directamente en la seguridad de las madres y los recién nacidos, ya que impide la estandarización de protocolos de emergencia y el intercambio de información médica. Según Missi Burgess, presidenta del capítulo de Georgia de la Asociación Nacional de Comadronas Profesionales Certificadas, la ausencia de licencias no detiene los partos en casa, sino que los vuelve más riesgosos al privar a las familias de proveedores formados y supervisados. El impacto es particularmente agudo en las comunidades afroamericanas; las mujeres negras tienen tres veces más probabilidades de morir por causas relacionadas con el parto que las blancas. Jamarah Amani, cofundadora de la National Black Midwives Alliance, sostiene que el sistema hospitalario ha fallado sistemáticamente a estas poblaciones, lo que explica por qué la tasa de partos en casa entre mujeres negras subió un 42% a nivel nacional. La legalización permitiría que estas parteras operen dentro del sistema de salud, facilitando traslados hospitalarios más fluidos y garantizando que las pacientes reciban atención posparto continua, un área donde el sistema tradicional suele presentar deficiencias.
El futuro de la actividad podría encontrar un nuevo rumbo a través de la administración federal. Cassaundra Jah, directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Comadronas Profesionales Certificadas, confirmó gestiones ante el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) para obtener protecciones legales nacionales bajo el movimiento “Make America Healthy Again”. Mientras tanto, la batalla legal continúa en los estados: en abril, tres parteras demandaron a Georgia alegando que las restricciones actuales violan la constitución estatal. El próximo año será clave para la reintroducción de proyectos de ley de licencias en al menos seis estados, en un intento por formalizar una práctica que, aunque resistida por la ortodoxia médica, ya representa entre el 3% y el 5% de los nacimientos en estados como Pensilvania, Utah y Washington.
