La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a nueve años de prisión para Pablo Gabriel Torres Lacal por el triple homicidio ocurrido en el Delta de Tigre durante marzo de 2016.
La decisión del máximo tribunal, integrada por los magistrados Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, desestimó por inadmisible el recurso de queja presentado por la defensa del imputado. Mediante la aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, la justicia clausuró la última instancia de revisión posible para Torres Lacal, quien deberá comenzar de forma inmediata el cumplimiento efectivo de su pena en un establecimiento penitenciario. El fallo ratifica la calificación de homicidio simple con dolo eventual, una figura legal que implica que el conductor de la lancha Shark II debió representarse que su conducta negligente y el exceso de velocidad podían provocar una tragedia y, aun así, continuó con su accionar sin modificar la marcha.
Los hechos que derivaron en esta sentencia definitiva ocurrieron la medianoche del 31 de marzo de 2016 en el Canal Vinculación. Según las pericias accidentológicas presentadas durante el debate oral en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de San Isidro, la embarcación timoneada por Torres Lacal navegaba a una velocidad sustancialmente superior a la permitida y sin las luces de navegación reglamentarias encendidas. En ese trayecto, impactó de forma directa contra la lancha Mad II, en la que viajaban Manuel Storani, de 14 años, su madre Ángeles Bruzzone y otras cuatro personas. El choque fue de tal magnitud que la embarcación de las víctimas fue partida al medio, provocando la muerte instantánea del adolescente, de su madre y de Francisco Javier Gotti, quien acompañaba al condenado en la Shark II. Fuentes judiciales confirmaron que los testimonios de los sobrevivientes fueron determinantes para reconstruir la actitud temeraria del conductor antes de la colisión.
Contexto
El proceso judicial para alcanzar esta firmeza se extendió por más de ocho años, atravesando múltiples instancias de apelación que fueron sistemáticamente rechazadas. El juicio oral recién se llevó a cabo a fines de 2023, siete años y medio después del siniestro, un retraso que fue duramente cuestionado por la querella encabezada por el dirigente radical Federico Storani. Durante las audiencias, se ventilaron detalles sobre el comportamiento de los ocupantes de la lancha Shark II; si bien los exámenes toxicológicos arrojaron resultados negativos para alcohol en sangre en el conductor, testigos presenciales y uno de los acompañantes, David Hernán Di Rico, admitieron el consumo de bebidas antes de iniciar la navegación hacia un bar de la zona. La defensa de Torres Lacal intentó sostener la hipótesis de un accidente inevitable producto de la oscuridad del Delta, pero las pruebas de velocidad y la falta de señalización lumínica de su propia nave desmoronaron dicha estrategia ante los jueces de San Isidro.
La lucha de la familia Storani se convirtió en un emblema para las víctimas de delitos viales y náuticos en la provincia de Buenos Aires. Federico Storani, histórico referente de la Unión Cívica Radical, mantuvo una presencia constante en los tribunales junto a los compañeros de colegio de su hijo, quienes bajo la consigna “Justicia por Manu” visibilizaron el caso en la agenda pública. En noviembre de 2023, tras conocerse la sentencia inicial, Storani manifestó que el fallo representaba un alivio necesario tras años de impunidad procesal, aunque remarcó que ninguna cifra de años de cárcel podría reparar la pérdida de sus seres queridos. La ratificación previa por parte del Tribunal de Casación Penal bonaerense y el posterior rechazo de la Suprema Corte provincial en octubre de 2025 pavimentaron el camino para que la Corte Suprema de la Nación dictara la palabra final en este expediente que acumuló miles de fojas de peritajes técnicos.
Impacto
La firmeza de esta condena marca un precedente fundamental en la jurisprudencia náutica argentina al aplicar la figura del dolo eventual en un ámbito donde habitualmente se optaba por la figura del homicidio culposo, que conlleva penas significativamente menores y usualmente excarcelables. Operadores del sistema judicial de San Isidro señalaron que este fallo envía un mensaje directo sobre la responsabilidad de los timoneles en el Delta, una zona de alta densidad de tráfico recreativo donde las normas de seguridad suelen ser ignoradas. La pena de nueve años de prisión efectiva se posiciona como una de las más altas aplicadas por siniestros de esta naturaleza, equiparando la responsabilidad de un conductor de lancha con la de un automovilista que utiliza su vehículo como un arma potencial al circular a velocidades prohibidas en zonas de riesgo.
Para el entorno de las víctimas, la resolución de la Corte Suprema cierra un ciclo de incertidumbre legal que permitía que el condenado permaneciera en libertad mientras se agotaban los recursos extraordinarios. La detención de Torres Lacal, dispuesta para el momento en que el fallo adquiriera firmeza, se ejecutará bajo la supervisión del Servicio Penitenciario Bonaerense. Desde el Ministerio de Justicia indicaron que el cumplimiento de la totalidad de la pena será monitoreado estrictamente, dado el impacto social del caso y la gravedad de las muertes ocasionadas. El fallo también pone el foco en la necesidad de mayores controles por parte de la Prefectura Naval Argentina en los canales del Tigre, especialmente durante los fines de semana y horarios nocturnos, donde la fiscalización de luces y velocidad sigue siendo un punto crítico para la seguridad de los navegantes.
Con la vía judicial agotada en el plano nacional, el caso de Manuel Storani entra en su etapa de ejecución de sentencia. Se espera que en los próximos días se defina el penal donde Torres Lacal cumplirá su condena, mientras la querella evalúa las acciones civiles derivadas del fallo firme. La resolución definitiva de la Corte Suprema no solo pone fin a una disputa legal de casi una década, sino que establece un estándar de exigencia para la conducción de embarcaciones de motor en todo el territorio nacional, cerrando uno de los capítulos más dolorosos de la historia reciente del Delta bonaerense.
