El Estado nacional presentó una demanda de inconstitucionalidad y una medida cautelar ante la Justicia contra la provincia de Buenos Aires para frenar el traspaso de los aportes previsionales de empleados de colegios privados al sistema jubilatorio bonaerense.
La controversia legal se centra en el artículo 59 de la Ley de Presupuesto 15.557, aprobada por la Legislatura bonaerense a fines del año pasado. Esta normativa dispone que el personal no docente y los docentes extraprogramáticos de instituciones educativas de gestión privada dejen de aportar al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), administrado por la Anses, para comenzar a tributar en el Instituto de Previsión Social (IPS) de la provincia. Según fuentes del Ministerio de Capital Humano, la medida afecta directamente a una masa de entre 50.000 y 55.000 trabajadores que, hasta el momento, se rigen por la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 y el régimen nacional de seguridad social. La presentación judicial del Ejecutivo nacional sostiene que la provincia invadió competencias federales exclusivas, violando la Ley 24.241 que regula el sistema jubilatorio en todo el territorio argentino.
Desde la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada Argentina (Aiepa), entidad que nuclea a los establecimientos afectados, también se inició una acción judicial ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. El secretario ejecutivo de la organización, Martín Zurita, advirtió que la falta de certeza jurídica coloca a los colegios en una situación de vulnerabilidad extrema. De acuerdo con operadores del sector educativo, las instituciones se encuentran ante la disyuntiva de cumplir con una ley provincial que carece de un marco operativo claro o arriesgarse a generar deudas con la Anses, que podría interpretar el desvío de fondos como una falta de pago de los aportes obligatorios nacionales. Zurita explicó que no existe actualmente una norma nacional que libere a los colegios de sus obligaciones con el SIPA, lo que genera una superposición normativa que pone en riesgo la estabilidad financiera de las entidades educativas.
Contexto
El origen de esta disputa se remonta a la última sesión legislativa de 2025, cuando el oficialismo bonaerense incluyó en la Ley de Presupuesto una reforma que busca fortalecer las arcas del IPS mediante la incorporación de trabajadores que históricamente pertenecieron al régimen nacional. Históricamente, los docentes de materias programáticas —aquellas que forman parte de la currícula oficial— ya aportan al sistema provincial, pero el personal administrativo, auxiliares y docentes de talleres extraprogramáticos siempre estuvieron bajo la órbita de la Anses. Esta distinción se basa en que estos últimos mantienen un vínculo laboral de derecho privado puro, a diferencia de los docentes de planta que reciben subsidios estatales para el pago de sus haberes en gran parte de los casos.
La administración provincial, encabezada por Axel Kicillof, impulsó este cambio argumentando la necesidad de unificar el régimen previsional dentro del sistema educativo bonaerense. Sin embargo, el Gobierno nacional sostiene que esta decisión fue adoptada de manera unilateral, sin instancias de diálogo previo con las autoridades de seguridad social de la Nación ni con los representantes de las cámaras patronales. Fuentes de la Anses indicaron que la maniobra representa una pérdida de recursos para el sistema nacional y una desprotección para el trabajador, dado que el traspaso forzoso no contempla la reciprocidad jubilatoria de manera automática ni garantiza que los años aportados previamente en el SIPA sean reconocidos sin trámites burocráticos complejos ante el IPS.
Impacto
El impacto económico de esta medida es doble y afecta tanto a las instituciones como al salario de bolsillo de los empleados. Según estimaciones técnicas de Aiepa, el traspaso al IPS implicaría un aumento inmediato en el costo laboral para los colegios. Esto se debe a que las instituciones podrían perder el beneficio del régimen diferencial de contribuciones patronales que otorga la Nación a los establecimientos de enseñanza oficial. Al pasar a un régimen provincial, las exenciones o alícuotas reducidas nacionales dejarían de aplicarse, encareciendo la estructura de costos de los colegios en un momento de alta sensibilidad por el valor de las cuotas mensuales.
Para el trabajador, la consecuencia es una reducción directa de sus ingresos netos. Mientras que el aporte personal en el sistema nacional SIPA es del 11%, el régimen previsional de la provincia de Buenos Aires exige un aporte significativamente superior, lo que se traduce en una caída del salario real. Además, existe una preocupación fundada sobre el futuro previsional de quienes tienen gran parte de su carrera en el sistema nacional. Si un trabajador aporta los últimos años al IPS pero no llega a cumplir con los requisitos de edad y años de servicio específicos de la provincia, podría verse obligado a jubilarse por la Anses, habiendo derivado sus aportes finales a una caja provincial que no le otorgará el beneficio, generando un conflicto de transferencia de fondos entre jurisdicciones.
La resolución del conflicto queda ahora en manos de la Justicia, que deberá decidir sobre la validez constitucional del artículo 59 de la ley provincial. Mientras la Corte Suprema bonaerense analiza la medida cautelar solicitada por Aiepa y la Nación, los colegios privados enfrentan la incertidumbre de la liquidación de haberes del próximo mes. El próximo paso clave será la respuesta formal que la Fiscalía de Estado de la provincia de Buenos Aires deberá presentar ante el máximo tribunal, donde se espera que defienda la autonomía provincial para legislar sobre su sistema previsional, en una tensión política y jurídica que promete llegar hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
