El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, anunció la eliminación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y la exención total de Sellos para la construcción y ampliación de viviendas familiares, medida que regirá desde junio de 2026.
La iniciativa legislativa, presentada formalmente por el Poder Ejecutivo provincial, establece un esquema de alivio fiscal sin precedentes en el territorio nacional. El programa de beneficios impositivos tendrá una vigencia determinada entre el 1° de junio de 2026 y el 30 de junio de 2027, con el objetivo central de dinamizar la actividad económica regional. Según detallaron fuentes del Ministerio de Economía de Chubut, la exención del Impuesto de Sellos podrá alcanzar el 100% en contratos de obra, financiamiento y garantías, aunque el porcentaje final estará sujeto a variables específicas como la magnitud de la inversión declarada y la cantidad de nuevos puestos de trabajo registrados que genere cada proyecto. Esta diferenciación busca incentivar no solo la inversión de capital, sino también la absorción de mano de obra local en un sector que ha mostrado signos de estancamiento en el último bienio.
El alcance de la normativa es amplio pero segmentado, enfocándose exclusivamente en el sector residencial para evitar el desvío de beneficios hacia fines comerciales. Podrán acceder al beneficio las familias que inicien la construcción de su vivienda única desde cero, propietarios que realicen ampliaciones en unidades ya existentes y desarrolladores inmobiliarios que proyecten edificios residenciales, siempre que al menos el 70% de la superficie total del inmueble esté destinada a vivienda. Un dato clave para el sector es que los proyectos que ya se encuentran en ejecución también podrán ser incluidos en el esquema de alivio, bajo la condición estricta de que las obras finalicen antes del 31 de diciembre de 2028. Quedan taxativamente excluidas de este beneficio las construcciones destinadas a fines comerciales, naves industriales y complejos de oficinas, priorizando así el acceso al hábitat familiar por sobre la renta corporativa.
Desde la Agencia de Recaudación de la Provincia del Chubut (ARPC), organismo que estará a cargo de la reglamentación y fiscalización de la ley, indicaron que la medida representa una apuesta por la formalización de la actividad. Al eliminar la carga de Ingresos Brutos sobre la actividad de construcción de viviendas, el Estado provincial resigna recaudación directa inmediata con la expectativa de recuperarla mediante el consumo indirecto y la generación de empleo genuino. El gobernador Torres enfatizó que esta decisión forma parte de un plan de ordenamiento financiero que permitió a la provincia alcanzar el equilibrio fiscal antes de lo previsto. “El Estado va a ser un socio, no un obstáculo”, afirmó el mandatario al presentar el proyecto, destacando que la quita de la “mochila fiscal” es la herramienta más eficiente para que el sector privado recupere la capacidad de inversión en un contexto macroeconómico complejo.
Contexto
La decisión de la administración chubutense se produce en un momento crítico para el mercado inmobiliario argentino, donde el costo de la construcción ha registrado incrementos significativos por encima de la inflación general en rubros específicos como materiales y logística. Históricamente, la presión tributaria en Argentina sobre una obra nueva puede representar hasta el 40% del valor final de venta, sumando gravámenes nacionales, provinciales y tasas municipales. En jurisdicciones comparativas como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), la exención de Sellos es mucho más restrictiva, aplicándose solo a escrituras de vivienda única que no superen los $226.100.000, con alícuotas que llegan al 2,7% para otros casos. En la Provincia de Buenos Aires, ese tributo se mantiene en el 2% para las escrituras de compraventa, lo que marca una diferencia sustancial con el modelo de Chubut, que ataca el costo de producción de la vivienda y no solo la transacción final.
A nivel político, este movimiento de Ignacio Torres busca posicionar a Chubut como una jurisdicción “tax friendly” o amigable con la inversión privada, diferenciándose de la gestión nacional y de otras provincias que han optado por mantener o subir alícuotas para compensar la caída de la coparticipación federal. La provincia patagónica viene de un proceso de renegociación de deuda y ajuste del gasto público que, según fuentes oficiales, le otorga ahora el margen de maniobra necesario para implementar estas exenciones sin poner en riesgo el pago de salarios estatales o servicios esenciales. El respaldo de las cámaras empresariales y de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) local ha sido total, entendiendo que la reducción de costos directos es la única vía para reactivar obras que hoy se encuentran paralizadas por falta de rentabilidad o financiamiento.
Impacto
El impacto directo de la medida se traducirá en una reducción inmediata de los costos de entrada para nuevos desarrollos. Para un desarrollador mediano, la eliminación de Ingresos Brutos y Sellos sobre los contratos de obra y financiamiento puede representar un ahorro de entre el 5% y el 8% del costo total del proyecto, un margen que en muchos casos define la viabilidad o el archivo de una inversión. Para el ciudadano común que busca ampliar su casa, la exención de Sellos en los contratos de construcción y la baja de Ingresos Brutos que los corralones y constructoras deberían trasladar al precio final, significa un alivio financiero que facilita el acceso a créditos o el uso de ahorros propios. Operadores del mercado inmobiliario patagónico estiman que esta política podría atraer capitales de otras provincias que busquen refugio en ladrillos con una carga impositiva sensiblemente menor a la media nacional.
Por otro lado, el impacto social se medirá en la creación de puestos de trabajo en el sector de la construcción, uno de los mayores multiplicadores de la economía. Al condicionar el máximo beneficio de la exención de Sellos a la cantidad de empleados contratados, el gobierno provincial obliga a las empresas a blanquear personal y a mantener niveles de actividad constantes. Esto genera un círculo virtuoso en las economías locales, ya que el salario del trabajador de la construcción se vuelca casi íntegramente al consumo en comercios de cercanía. Además, al fomentar la finalización de obras antes de fines de 2028, la ley asegura un flujo de actividad sostenido para los próximos tres años, otorgando previsibilidad a un sector que suele sufrir los vaivenes de la volatilidad cambiaria y la incertidumbre política.
El próximo paso para la implementación efectiva de este alivio fiscal será la aprobación definitiva en la Legislatura provincial, donde el oficialismo cuenta con los consensos necesarios tras el apoyo explícito de diversos sectores productivos. Una vez sancionada, la Agencia de Recaudación de la Provincia del Chubut deberá publicar los formularios y procedimientos digitales para que los contribuyentes puedan inscribir sus proyectos y obtener los certificados de exención. La atención del mercado ahora se centra en si otras provincias patagónicas o del centro del país seguirán el camino de Chubut para evitar una fuga de inversiones inmobiliarias hacia el sur, estableciendo una posible competencia fiscal entre jurisdicciones por captar el capital privado en el sector de la vivienda.
