El diputado nacional Maximiliano Ferraro denunció este martes una parálisis deliberada en la causa $LIBRA, que investiga una presunta estafa global con criptomonedas vinculada al entorno del presidente Javier Milei y su hermana, Karina Milei, en los tribunales federales.
La investigación, que se encuentra bajo la órbita del fiscal Eduardo Taiano y el juez Marcelo Martínez de Giorgi, atraviesa un momento de extrema tensión institucional. Según fuentes de la Cámara de Diputados, el expediente no registró avances significativos en el último año, omitiendo citaciones a declaración testimonial o indagatoria a pesar de las pruebas recolectadas. Ferraro, quien presidió la Comisión Investigadora en el Congreso, vinculó directamente esta inacción con la reciente aprobación en el Senado del pliego de la cónyuge de Martínez de Giorgi, una medida impulsada por el Poder Ejecutivo que el legislador calificó como una presunta devolución de favores para garantizar la impunidad de los involucrados.
El foco de la sospecha recae sobre el vínculo previo entre el mandatario y Mauricio Novelli, el trader que lideró el lanzamiento de $LIBRA. Peritajes realizados al teléfono móvil de Novelli revelaron que, en 2020, el actual presidente fue empleado de la firma N&W Professional Traders, donde percibía honorarios en pesos y dólares por dictar cursos virtuales. Los registros telefónicos analizados por especialistas de Cibercrimen sugieren un esquema de pagos por US$ 5 millones que Hayden Davis, CEO de Kelsier Ventures, habría pactado con Karina Milei, actual secretaria general de la Presidencia. Incluso, mensajes interceptados por la plataforma CoinDesk muestran a Davis afirmando que poseía control sobre el jefe de Estado debido a los desembolsos realizados a su hermana.
La conducta financiera de Novelli también despertó alertas en los organismos de control. De acuerdo con datos de la investigación, el trader realizaba gastos suntuarios en efectivo y sin facturación, incluyendo la compra de un reloj Audemars Piguet valuado en US$ 45.000 y la solicitud de cotización por un BMW M40i de más de US$ 100.000. Asimismo, se detectaron movimientos en criptomonedas por aproximadamente US$ 700.000 en sus cuentas personales, coincidiendo con gestiones para adquirir terrenos en barrios privados por valores superiores al millón de dólares. Legisladores aliados al oficialismo compararon este comportamiento con el del vocero presidencial, Manuel Adorni, señalando una matriz de gastos desmedidos que no coincidirían con los ingresos declarados.
Contexto
El origen de la controversia se remonta al 14 de febrero de 2025, cuando el presidente Javier Milei publicó en su cuenta de la red social X el código alfanumérico del contrato de $LIBRA, promocionándola como una herramienta para financiar emprendimientos privados. Si bien el mandatario sostuvo posteriormente que solo compartió la información porque “la vio pasar” en internet, un informe pericial de la Policía Federal Argentina (PFA) contradijo esta versión. Los técnicos de la PFA concluyeron que el código del token no era público al momento del posteo presidencial, lo que implica que la información le fue suministrada de forma privada antes de su difusión masiva.
La causa $LIBRA se suma a una serie de expedientes que involucran a figuras del mercado financiero como Manuel Terrones Godoy y Julián Peh, quienes junto a Davis y Novelli habrían orquestado el despliegue de la criptomoneda. La parálisis judicial actual evoca antecedentes de causas políticas que se detuvieron ante el avance del poder de turno. En este sentido, la comparación con la denominada “fiesta de Olivos” durante la gestión de Alberto Fernández resulta inevitable para los denunciantes, quienes ven en el apartamiento de las querellas decidido por Martínez de Giorgi —durante un partido de la Selección Argentina— una maniobra para diluir la responsabilidad penal de los investigados.
Impacto
La decisión judicial de apartar a los querellantes tiene un impacto directo en la transparencia del proceso, ya que limita la capacidad de control de las víctimas y de los organismos civiles sobre la investigación. El argumento del magistrado, que coincide con la estrategia de la defensa de Novelli, sostiene que los compradores de $LIBRA fueron inversores que asumieron riesgos inherentes al mercado volátil de los activos digitales. Sin embargo, esta postura ignora la posible existencia de información privilegiada y el rol del Estado en la promoción de un activo que resultó en una pérdida millonaria para miles de ahorristas.
Para el sistema democrático, la sospecha de una negociación de cargos judiciales a cambio de beneficios en causas sensibles erosiona la confianza en las instituciones. La parálisis de la fiscalía de Taiano, que incluso intentó citar a la abogada e investigadora Natalia Volosin en lugar de a los sospechosos, marca un precedente peligroso sobre la persecución a quienes denuncian hechos de corrupción. La falta de avances en una estafa de escala global, con pruebas tecnológicas concretas, posiciona a la Argentina en un lugar de vulnerabilidad frente a estándares internacionales de lucha contra el lavado de dinero y el fraude financiero.
El próximo paso procesal dependerá de la Cámara Federal, donde los querellantes y los diputados de diversos bloques, incluidos Oscar Agost Carreño (Pro), Sabrina Selva (UxP) y Esteban Paulón (PS), presentarán sus apelaciones para evitar el cierre definitivo del caso. Mientras tanto, Mauricio Novelli fue visto recientemente en Miami, mostrando una actitud de total despreocupación ante la justicia argentina. La resolución de este conflicto determinará si la causa $LIBRA se convierte en un hito de justicia o en un nuevo capítulo de impunidad estructural en el país.
