El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que enviará en los próximos días un proyecto al Congreso de la Nación para modificar la Ley de Inocencia Fiscal, con el objetivo de incentivar la canalización de ahorros en dólares hacia la inversión productiva.
Durante su intervención en el 43º Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), el titular del Palacio de Hacienda explicó que la iniciativa surge tras una serie de reuniones con profesionales contables, quienes manifestaron inquietudes técnicas sobre la normativa vigente. Según indicaron fuentes del Ministerio de Economía, la intención oficial es dotar al contribuyente de una mayor seguridad jurídica para que los fondos que hoy permanecen fuera del circuito bancario, comúnmente denominados “dólares del colchón”, se vuelquen a la economía real. Caputo subrayó que este movimiento de capitales es esencial para activar un círculo virtuoso de crecimiento, formalidad y superávit fiscal, lo que eventualmente permitiría una reducción sostenida de la presión tributaria en el mediano plazo.
El proyecto que ingresará a la mesa de entradas del Poder Legislativo contempla tres modificaciones estructurales al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG). En primer lugar, se busca flexibilizar la rectificación de declaraciones juradas. Actualmente, si la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) detecta una diferencia superior al 15% en el saldo a favor del fisco, el contribuyente pierde automáticamente la presunción de exactitud, quedando expuesto a revisiones de ejercicios pasados. La reforma propuesta permitiría que, ante una discrepancia detectada por el organismo recaudador, el ciudadano pueda corregir y pagar la diferencia sin perder los beneficios de liberación fiscal para los períodos 2022, 2023 y 2024. Esta medida apunta a reducir el temor a sanciones por errores formales que hoy frena la adhesión masiva al sistema.
En segunda instancia, el Gobierno nacional planea eliminar los topes de acceso al régimen, que hoy excluyen a quienes perciben ingresos anuales superiores a los $1.000 millones o poseen un patrimonio que exceda los $10.000 millones. Al suprimir estos límites, el Palacio de Hacienda busca ampliar el universo de grandes contribuyentes que pueden formalizar sus tenencias en moneda extranjera. Finalmente, la tercera modificación elevará el monto mínimo para litigar, actualmente fijado en apenas $25.000. De acuerdo con operadores del mercado y técnicos de la ARCA, esta actualización es necesaria para adecuar el umbral a la inflación acumulada y evitar que la Justicia y el fisco desperdicien recursos operativos en causas de bajo impacto económico, concentrando los esfuerzos en los casos de mayor relevancia fiscal.
Contexto
La Ley de Inocencia Fiscal fue concebida originalmente como un complemento de la ley de modernización laboral, formando parte de un paquete de reformas estructurales que el Poder Ejecutivo considera fundamentales para la reactivación económica. Sin embargo, desde su implementación, diversos sectores profesionales advirtieron que la redacción original presentaba debilidades que desincentivaban la exteriorización de activos. La falta de garantías claras sobre el “tapón fiscal” —la protección contra investigaciones de años anteriores— generó que muchos de los 80.000 adherentes registrados hasta la fecha lo hicieran solo de forma nominal, sin ingresar efectivamente divisas al sistema financiero local. Ante este escenario, el Gobierno decidió postergar el vencimiento de la ventana de adhesión hasta fines de julio para dar tiempo al tratamiento legislativo de estas correcciones.
Este movimiento se produce en un marco donde el equipo económico de Luis Caputo busca consolidar la trayectoria de baja de impuestos, que según cifras oficiales ya representa una reducción de aproximadamente 20.000 millones de dólares anuales, equivalentes a tres puntos del Producto Bruto Interno (PBI). La estrategia oficial se apoya en mantener el gasto público constante mientras se fomenta el crecimiento de la base imponible a través de la formalización. No obstante, el Gobierno mantiene un compromiso estricto con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para garantizar un superávit fiscal del 1,5% del PBI hacia el año 2026, lo que condiciona la velocidad de algunas reformas si la recaudación no acompaña las proyecciones de crecimiento del segundo semestre.
Impacto
El impacto de estas modificaciones es directo sobre la liquidez del sistema financiero y la capacidad de financiamiento del sector privado. Al facilitar la entrada de dólares que hoy están fuera del sistema, el Gobierno espera que aumente la oferta de divisas en el mercado interno, lo que podría estabilizar las cotizaciones financieras como el MEP y el Contado con Liquidación (CCL). Para el contribuyente promedio y las empresas, la eliminación de los topes patrimoniales y la posibilidad de rectificar declaraciones sin sanciones punitivas reduce el riesgo legal de la formalización. Según analistas de consultoras privadas, si el proyecto logra cerrar la brecha entre los adherentes actuales y el ingreso real de divisas, se podría observar un incremento significativo en los depósitos en dólares en el corto plazo.
Por otro lado, la actualización del monto mínimo para litigar tendrá un efecto administrativo profundo en la ARCA y en el Tribunal Fiscal de la Nación. Al desestimar causas por montos que hoy resultan insignificantes debido a la depreciación monetaria, se espera una agilización de los procesos judiciales pendientes. Esto no solo reduce la carga burocrática para el Estado, sino que también disminuye la litigiosidad para las pequeñas y medianas empresas que a menudo se veían envueltas en procesos judiciales costosos por deudas nominales mínimas. El éxito de esta medida dependerá, en última instancia, de la celeridad con la que el Congreso trate el proyecto y de la confianza que los cambios generen en un electorado que históricamente ha mostrado reticencia a declarar activos ocultos.
El próximo paso clave será la presentación formal del texto en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo deberá negociar con los bloques aliados para asegurar una aprobación rápida antes del nuevo vencimiento de julio. Mientras tanto, el mercado permanecerá atento a la evolución de la recaudación y a la capacidad del Gobierno para mantener el equilibrio fiscal sin comprometer las metas acordadas con los organismos internacionales. La tensión pendiente radica en si estas modificaciones serán suficientes para convencer a los ahorristas de que la seguridad jurídica prometida es permanente y no una medida transitoria de necesidad fiscal.
