La Policía Bonaerense detuvo a cuatro sospechosos en la villa San Petersburgo, Isidro Casanova, acusados de integrar una banda dedicada a asaltar choferes de aplicaciones mediante emboscadas y el pedido de préstamos bancarios fraudulentos desde los celulares de las víctimas.
El operativo, coordinado por el Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría 5° San Alberto bajo las órdenes del fiscal Luciano Borda de la UFI N°1, permitió desarticular una organización que utilizaba la modalidad de falso pasajero para abordar a los conductores. Durante los allanamientos, los efectivos secuestraron dos armas de fuego: un revólver calibre .22 y un .38 especial con la numeración limada, además de dispositivos móviles que serán sometidos a peritajes técnicos. Según fuentes judiciales, el líder de la estructura sería Cristian Leonardo Álvarez, un hombre de 54 años con un extenso prontuario por robo calificado que, llamativamente, figuraba como empleado registrado en el rubro de venta de componentes electrónicos ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) desde febrero de este año. La investigación vincula a Álvarez como el presunto receptor de las transferencias de dinero obtenidas ilegalmente de los damnificados.
La metodología delictiva de este grupo presentaba una sofisticación técnica que excede el simple robo de pertenencias físicas. De acuerdo con los investigadores del caso, los delincuentes forzaban a los choferes, bajo amenaza de muerte, a ingresar a sus aplicaciones de billeteras virtuales para solicitar préstamos preaprobados. En un hecho puntual ocurrido el pasado 25 de marzo, la banda logró que una de sus víctimas tramitara un crédito por $5.000.000, monto que fue transferido de forma inmediata a cuentas controladas por la organización. Por este motivo, la imputación que enfrentan los detenidos no solo incluye robo agravado y tenencia ilegal de arma de guerra, sino también el delito de defraudación informática. Entre los arrestados anteriormente vinculados a esta misma red se encuentra Uriel Lizarraga, de 18 años, quien ya contaba con dos causas previas por delitos contra la propiedad, lo que marca una estructura que combina la experiencia de delincuentes veteranos con la ejecución de jóvenes reclutados en los asentamientos de la zona.
Contexto
La situación de inseguridad para los trabajadores de plataformas de transporte en La Matanza alcanzó niveles críticos durante el primer semestre del año, registrándose tres muertes de conductores en episodios de robo. La villa San Petersburgo se consolidó como un punto neurálgico para estas operaciones delictivas, habiendo sido también la base de operaciones de Gonzalo “Comita” Villalba. Este último fue detenido recientemente por el asesinato de un chofer ocurrido el 26 de marzo, apenas un día después del asalto de los $5 millones atribuido a la banda de Álvarez. En aquel episodio, Villalba fue delatado por su propia pareja, quien viajaba en el Chevrolet Corsa de la víctima al momento del crimen. La recurrencia de estos hechos motivó una serie de operativos en cadena; horas antes de las últimas detenciones, la Comisaría de Altos de Laferrere había capturado a otros cuatro sospechosos vinculados a una serie de nueve asaltos cometidos entre abril y mayo contra trabajadores del mismo sector.
El fenómeno de los ataques a choferes de aplicaciones como Uber, Cabify o Didi no es nuevo, pero la incorporación de la defraudación informática mediante el uso de biometría o amenazas para acceder a créditos bancarios representa un salto en la escala de violencia y perjuicio económico. Antecedentes inmediatos muestran que el riesgo no solo proviene de falsos pasajeros, sino también de delincuentes que operan “a la pesca”. El pasado 2 de junio, a las 6:55 de la mañana, un conductor de un Ford Kinetic blanco fue asesinado en la intersección de las calles Andrade y Zinny, en Rafael Castillo. En ese caso, el agresor disparó desde la vía pública sin mediar palabra, y fue el propio pasajero quien debió tomar el volante para trasladar al herido al Hospital Néstor Kirchner, donde finalmente falleció. Este clima de hostilidad generó que diversas zonas del partido de La Matanza sean consideradas “zonas rojas” por los propios trabajadores, quienes coordinan grupos de alerta para evitar ingresos a barrios específicos durante la madrugada.
Impacto
La desarticulación de la banda de Álvarez impacta directamente en la operatividad de los delitos informáticos asociados al robo a mano armada en el conurbano bonaerense. Para los investigadores, la captura del “veterano” de 54 años es clave porque corta el circuito de blanqueo o recepción del dinero robado a través de las billeteras virtuales. Desde el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires indicaron que este tipo de detenciones busca desalentar la modalidad de préstamos forzosos, que deja a las víctimas no solo con el trauma del asalto y la pérdida de su vehículo o celular, sino con deudas bancarias millonarias que son difíciles de desconocer ante las entidades financieras. El impacto económico para los choferes es devastador, dado que muchos operan con vehículos alquilados o adquiridos mediante planes de ahorro que no pueden seguir pagando tras los siniestros.
Por otro lado, la presión social y gremial de los conductores de aplicaciones aumentó tras los últimos crímenes. Organizaciones de trabajadores independientes exigen a las empresas de tecnología mayores filtros de seguridad para los pasajeros y la implementación de botones de pánico conectados directamente con el sistema 911. Según operadores del mercado de seguros, la siniestralidad en el rubro de transporte de pasajeros por aplicación en La Matanza subió un 40% en lo que va del año, lo que derivó en un incremento de las primas y en la negativa de algunas compañías a cubrir unidades que circulen en determinadas franjas horarias por los barrios más conflictivos del distrito. La caída de esta célula en San Petersburgo representa un alivio temporal, pero las autoridades reconocen que la fragmentación de estas bandas permite una rápida regeneración de nuevos grupos delictivos en la zona.
La Justicia ahora se centra en el peritaje de los teléfonos secuestrados para determinar si existen conexiones entre la banda de Álvarez y otros homicidios de choferes aún no esclarecidos en la zona oeste. El fiscal Luciano Borda espera los resultados de las pruebas de balística sobre el revólver .38 especial para cotejarlo con proyectiles recuperados en escenas de crímenes recientes. Mientras tanto, los cuatro detenidos permanecerán bajo custodia policial a la espera de ser indagados, mientras se mantiene la búsqueda de otros integrantes que habrían participado en el apoyo logístico de los asaltos en Rafael Castillo e Isidro Casanova.
