La Gendarmería Nacional busca intensamente a los hermanos Juan Cruz y Santiago Borras tras el aterrizaje de una avioneta con 321 kilos de cocaína en Villa Eloísa, Santa Fe, donde un efectivo resultó gravemente herido al ser atropellado durante la fuga.
El operativo, coordinado por la Procunar, derivó en una persecución por caminos rurales del sur santafesino que culminó con la detención de dos pilotos de nacionalidad boliviana, aunque los principales responsables logísticos lograron evadir los controles. Según informaron fuentes judiciales, el gendarme embestido por los sospechosos permanece internado en una unidad de terapia intensiva en Rosario con traumatismos de cráneo severos. Los investigadores identificaron a los hermanos Borras, oriundos de Roldán, como los presuntos encargados de la recepción y el traslado terrestre del estupefaciente. El hallazgo de la aeronave se produjo en un campo estratégico de la zona núcleo, donde los delincuentes contaban con una estructura de apoyo que incluía una camioneta Fiat Strada y un Volkswagen Gol, vehículos utilizados para intentar el trasbordo de la carga antes de la intervención de las fuerzas federales.
La situación procesal de los prófugos agrava el escenario para la justicia federal de Rosario. Santiago Borras, uno de los buscados, se encontraba bajo el régimen de prisión domiciliaria tras una condena por narcotráfico que data de 2014, cuando fue interceptado en la Ruta 33 con cuatro kilos de marihuana. A pesar de que su pena fue elevada a cuatro años por la Corte Suprema de la Nación, el Tribunal Oral Federal N°2 de Rosario le había otorgado el beneficio de la reclusión hogareña bajo el argumento de que era una persona joven en proceso de resocialización. Sin embargo, fuentes del Ministerio de Seguridad confirmaron que el condenado no contaba con tobillera electrónica y que la última inspección en su domicilio se había realizado en febrero pasado. Por su parte, Juan Cruz Borras, el otro hermano implicado, se desempeñaba como empleado en una terminal portuaria de la región, lo que refuerza la hipótesis de que la organización utilizaba la infraestructura del Gran Rosario para el movimiento de grandes volúmenes de droga.
Contexto
El incidente en Villa Eloísa no es un hecho aislado, sino que se inscribe en una secuencia de vuelos irregulares detectados en la pampa sojera durante los últimos meses. En noviembre pasado, una avioneta se estrelló en Arequito con 60 kilos de cocaína, un evento que ya había puesto a los hermanos Borras en el radar de la inteligencia criminal. La región se ha consolidado como un nodo logístico debido a la porosidad de los controles aéreos y la conectividad que ofrecen los caminos rurales para el bombardeo o aterrizaje de aeronaves provenientes de Bolivia. Este fenómeno se da en un marco de reconfiguración del mercado regional tras la caída de figuras clave como el uruguayo Sebastián Marset y el reciente asesinato del piloto boliviano José Pedro Rojas Velasco, alias “Pepa”, quien fue acribillado por sicarios en Warnes, Bolivia, diez días antes de que otro cargamento de 422 kilos fuera interceptado en Vera, al norte de Santa Fe.
La estructura criminal que operaba en esta zona parece haber heredado la logística de la banda de Brian Bilbao, quien había montado un aeródromo clandestino en un country de Oliveros, cerca de la Termoeléctrica General San Martín. Según registros de la Policía Federal Argentina, la frecuencia de estos vuelos ha aumentado tras el vacío de poder dejado por las detenciones de los cabecillas históricos, permitiendo que organizaciones locales con conocimiento del terreno, como la de los hermanos Borras, asuman roles de mayor relevancia en la cadena de distribución. La conexión con el puerto de Rosario, donde trabajaba Juan Cruz Borras, es un antecedente que la justicia de San Nicolás también analiza, dado que el sospechoso ya enfrentaba una causa previa por portación ilegal de arma de fuego, lo que demuestra un perfil delictivo activo a pesar de sus empleos formales.
Impacto
El decomiso de estos 321 kilos de cocaína pone de manifiesto que el Gran Rosario ya no es solo un centro de consumo y narcomenudeo, sino un punto de transferencia clave para el contrabando internacional a través de la Hidrovía Paraná-Paraguay. Operadores del mercado ilegal señalan que el valor de la mercadería se multiplica exponencialmente al salir del país: mientras que en Bolivia un kilo de cocaína promedia los 2.000 dólares, en mercados como Australia puede alcanzar los 160.000 dólares. La participación de un empleado portuario en la logística terrestre sugiere una vulnerabilidad crítica en los controles de las terminales exportadoras, donde la droga podría ser introducida en buques de carga con destino a Europa, Asia y Oceanía, destinos finales donde la rentabilidad del negocio justifica los riesgos de la operación aérea.
Desde el punto de vista institucional, el caso reabre el debate sobre la eficacia de las prisiones domiciliarias sin monitoreo electrónico en causas de narcotráfico. El hecho de que Santiago Borras pudiera coordinar operaciones de gran escala mientras debía cumplir una condena hasta el año 2029 evidencia fallas sistémicas en el control de los sentenciados por delitos federales. Asimismo, la violencia ejercida contra el personal de Gendarmería marca un cambio en el perfil de estas bandas rurales, que anteriormente evitaban el enfrentamiento directo con las fuerzas de seguridad. La gravedad de las lesiones del agente internado ha generado una presión adicional sobre las fuerzas federales para dar con el paradero de los hermanos, quienes habrían utilizado su conocimiento de los caminos vecinales, afectados por las recientes lluvias y el tránsito de camiones de cosecha, para desaparecer de la zona de Bustinza y Villa Eloísa.
La investigación se centra ahora en el análisis de los teléfonos celulares secuestrados a los pilotos bolivianos y en los documentos hallados en los vehículos abandonados. Se espera que los peritajes sobre la avioneta Cessna y el material de embalaje de los ladrillos de cocaína permitan establecer si este cargamento pertenece a la misma organización que operaba en el norte provincial. La tensión se traslada ahora a la frontera norte y a los controles viales de la provincia, mientras la justicia aguarda los resultados de los allanamientos realizados en Roldán para determinar si los Borras cuentan con protección de otras estructuras criminales de mayor jerarquía en la región.
