La Argentina descendió al puesto 98° en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2026 de Reporteros Sin Fronteras (RSF), lo que representa una caída de once lugares respecto al informe previo y consolida una tendencia de deterioro institucional.
El informe anual de RSF revela que el país pasó de una calificación considerada “problemática” en 2024 a integrar el nivel de situación “difícil”, el segundo escalafón más bajo de la medición internacional. Este retroceso se fundamenta en el empeoramiento sistemático de los indicadores vinculados al ejercicio profesional del periodismo y en una retórica oficial de confrontación permanente. Según los datos recopilados por el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) en su Informe Anual de Monitoreo 2025, titulado “El periodismo en riesgo de silencio”, durante el último año se registró un récord histórico de 278 casos de ataques contra la prensa. Esta cifra representa el pico más alto desde que se inició la medición en 2008 y marca un incremento del 55% en comparación con los 179 casos reportados en 2024. De acuerdo con los registros de las organizaciones de monitoreo, el Poder Ejecutivo se posicionó como el principal emisor de estas agresiones, con el presidente Javier Milei identificado como autor directo de 119 arremetidas contra trabajadores de medios y empresas de comunicación.
La degradación de las condiciones para el trabajo periodístico en Argentina se manifestó recientemente en medidas administrativas restrictivas dentro de la Casa Rosada. El pasado 23 de abril, la Casa Militar impuso una prohibición temporal de ingreso a los periodistas acreditados en la sede gubernamental, fundamentada en una denuncia penal por presunto espionaje ilegal contra dos cronistas de la señal de noticias TN. Si bien la medida fue revertida parcialmente el primer día hábil de mayo, el regreso de los profesionales se produjo bajo un esquema de controles más rigurosos. Las nuevas normativas prohíben la circulación por pasillos comunes y el Patio de las Palmeras, áreas históricamente utilizadas para registrar el movimiento de funcionarios. Desde la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) señalaron que estas restricciones alteran las condiciones básicas para la cobertura del Poder Ejecutivo y calificaron la situación como un hecho de extrema gravedad institucional sin antecedentes cercanos en la etapa democrática del país. A esto se suma la creación de la Oficina de Respuesta Oficial, un organismo destinado a monitorear redes sociales y medios para señalar supuestas falsedades, lo que ha despertado alertas sobre una posible dinámica de estigmatización estatal.
Contexto
El escenario global de la libertad de prensa atraviesa su momento más crítico en un cuarto de siglo, con más de la mitad de los 180 países analizados por RSF bajo categorías de “difícil” o “muy grave”. En 2002, el 20% de la población mundial vivía en naciones con una buena situación de prensa; hoy, esa cifra se redujo a menos del 1%. Noruega lidera el ranking con 92,72 puntos sobre 100, mientras que el cierre de la lista está ocupado por regímenes autoritarios como Arabia Saudita (176), Irán (177), China (178), Corea del Norte (179) y Eritrea (180). En el continente americano, la tendencia es igualmente regresiva. Estados Unidos cayó siete posiciones hasta el puesto 64°, un fenómeno que RSF vincula a la adopción de manuales de confrontación contra los medios por parte de líderes políticos. En América Latina, países como Perú descendieron al puesto 144 tras el asesinato de cuatro periodistas, mientras que El Salvador retrocedió al lugar 143 bajo la gestión de Nayib Bukele. Venezuela (159), Cuba (160) y Nicaragua (168) permanecen en el fondo de la tabla regional, a pesar de haber registrado variaciones mínimas en sus puntajes respecto al ciclo anterior.
La situación argentina se enmarca en un alineamiento político y discursivo que los analistas internacionales asocian con movimientos de derecha populista global. Según el diagnóstico de Reporteros Sin Fronteras, la administración actual en Buenos Aires replica estrategias de comunicación similares a las de Donald Trump, caracterizadas por el uso de redes sociales para descalificar la labor informativa y la validación de insultos por parte de funcionarios y militantes. Este clima de hostilidad se ha traducido en una presión económica y judicial sobre los medios. La denuncia penal contra periodistas por realizar su trabajo de cobertura en la Casa de Gobierno marcó un punto de inflexión en la relación entre el Estado y la prensa acreditada. Operadores del sector comunicacional advierten que la combinación de ataques verbales desde la máxima jerarquía del Estado y la implementación de barreras físicas al acceso a la información pública configura un ecosistema de autocensura y debilitamiento del control democrático que no se veía en las últimas décadas de la historia política argentina.
Impacto
El impacto de este retroceso es multidimensional y afecta directamente la calidad democrática del país al restringir el acceso de la ciudadanía a información verificada. La caída en el ranking de RSF no es solo una cuestión de prestigio internacional, sino que influye en los indicadores de seguridad jurídica y transparencia que observan organismos multilaterales y potenciales inversores. Para el ejercicio profesional, el aumento del 55% en los ataques implica un riesgo físico y psicológico creciente para los cronistas de calle, quienes enfrentan un clima de hostilidad alimentado desde las plataformas digitales oficiales. La creación de la Oficina de Respuesta Oficial añade una capa de vigilancia estatal que, según constitucionalistas, podría derivar en el uso de recursos públicos para perseguir opiniones disidentes o investigaciones periodísticas incómodas para el poder de turno. La restricción de movimientos en la Casa Rosada limita la capacidad de los medios para auditar las agendas de los funcionarios, reduciendo la transparencia en la gestión de los asuntos públicos y dificultando la rendición de cuentas en tiempo real.
Hacia adelante, la tensión entre el Gobierno y las entidades periodísticas como ADEPA y Fopea parece lejos de resolverse. La efectivización de controles más estrictos para el ingreso a la Sala de Periodistas y la persistencia de la retórica confrontativa en las cuentas oficiales del Presidente sugieren que la dinámica de conflicto se mantendrá como un eje central de la estrategia de comunicación gubernamental. El próximo hito relevante será la evaluación semestral de los organismos internacionales de derechos humanos, que ya han puesto la lupa sobre la situación argentina tras las denuncias de restricciones al acceso a la información. La comunidad periodística permanece en estado de alerta ante la posibilidad de nuevas medidas administrativas que limiten la cobertura en dependencias oficiales o que profundicen la judicialización de la tarea informativa, un camino que, de profundizarse, podría llevar a la Argentina a niveles de aislamiento informativo comparables con los países que hoy cierran el ranking global de libertades civiles.
