Algodonera Avellaneda quedó al borde de la quiebra en Santa Fe tras el vencimiento de los plazos legales para alcanzar un acuerdo con el Banco Nación, su principal acreedor, por una deuda millonaria en pesos y dólares.
La situación de la firma textil, históricamente vinculada a la familia Vicentin, ingresó en una fase crítica luego de que el juez Fabián Lorenzini, titular del Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la Segunda Nominación de Reconquista, diera por concluidas las prórrogas del período de exclusividad. Sin el aval de la entidad financiera estatal, que concentra la mayor parte del pasivo, la empresa no logró las mayorías necesarias para homologar su concurso preventivo. Según informaron fuentes judiciales, la compañía cuenta con una nómina de 360 empleados distribuidos en sus plantas, quienes ya habían prestado conformidad a la propuesta de pago, a diferencia de los acreedores financieros que mantienen una postura rígida frente a la insolvencia de la firma.
El Banco Nación (BNA) fundamentó su rechazo técnico al plan de reestructuración presentado por los directivos de la algodonera. De acuerdo con fuentes de la entidad bancaria, la propuesta no cumplía con las condiciones mínimas de viabilidad, ya que no garantizaba la recuperación del 100% de los créditos desembolsados. Las cifras en juego son contundentes: el BNA concentra un crédito verificado de $1.585.782.428,89 y U$S 260.791.600,40. Este monto representa aproximadamente el 80% del pasivo quirografario total de la empresa. Desde el banco señalaron que, tras dos años de proceso concursal y múltiples audiencias informativas, la decisión de no acompañar la oferta se basa en criterios de responsabilidad y prudencia en la administración de recursos públicos, considerando además que Algodonera Avellaneda y Vicentin operaban de forma mancomunada en la toma de créditos.
Ante la negativa del principal acreedor, la defensa legal de la textil, encabezada por el abogado Héctor Biscay, presentó un recurso urgente ante el juez Lorenzini. La estrategia de la empresa consiste en solicitar la exclusión del voto del Banco Nación bajo la figura de “acreedor hostil”. Según indicaron desde el cuerpo legal de la firma, el objetivo es que el magistrado ignore la voluntad del banco para permitir que el acuerdo alcanzado con el resto de los acreedores y los trabajadores sea suficiente para evitar la liquidación de los activos. Esta maniobra jurídica busca forzar una salida que preserve la unidad productiva, aunque especialistas en derecho concursal advierten que es una medida de difícil ejecución dada la magnitud de la deuda con el Estado nacional.
Contexto
La crisis de Algodonera Avellaneda no es un hecho aislado, sino que se inscribe en el complejo entramado del colapso del Grupo Vicentin, iniciado en diciembre de 2019. La textil, ubicada en el Parque Industrial de Reconquista, en el norte santafesino, ha sido durante décadas un motor económico para la región, procesando fibra de algodón proveniente de campos propios y de terceros en Santa Fe, Chaco y Santiago del Estero. El juez Fabián Lorenzini, quien también lleva adelante el concurso de la cerealera Vicentin —hoy bajo control operativo del Grupo Grassi—, ha intentado mediar en este conflicto extendiendo los plazos legales en dos oportunidades previas, buscando evitar el impacto social que significaría el cierre de una de las pocas industrias textiles de gran escala que permanecen activas en la provincia.
A lo largo de los últimos 24 meses, la empresa intentó diversas fórmulas de pago que incluyeron quitas de capital y plazos de gracia extendidos, pero ninguna logró satisfacer las expectativas del Banco Nación. La relación entre la entidad financiera y el grupo empresario se encuentra deteriorada desde que se judicializaron los préstamos otorgados durante la gestión anterior del banco, los cuales son objeto de investigaciones paralelas en fueros penales. Mientras tanto, los trabajadores de la planta han mantenido una postura de acompañamiento a la patronal para resguardar sus fuentes de ingreso, aceptando condiciones que, en otro contexto, hubieran resultado insuficientes, entendiendo que la alternativa es el cese total de actividades y el remate de la maquinaria.
Impacto
El impacto de una eventual quiebra de Algodonera Avellaneda trasciende las fronteras de la ciudad de Reconquista. La desaparición de la firma afectaría directamente a 360 familias y de forma indirecta a una red de proveedores logísticos, talleres de mantenimiento y productores algodoneros de tres provincias del norte argentino. En términos económicos, la caída de la empresa dejaría un vacío en la cadena de valor del algodón, reduciendo la capacidad instalada de desmote y procesamiento en un momento donde el sector industrial busca competitividad frente a las importaciones. Para el sistema financiero, el cierre implicaría la cristalización de una pérdida millonaria para el erario público, ya que en un proceso de liquidación de activos, el recupero de los más de 260 millones de dólares adeudados sería significativamente menor al valor nominal.
Desde el punto de vista social, la incertidumbre es total entre los operarios. Fuentes gremiales indicaron que el clima en la planta es de máxima tensión, describiendo la situación actual como el peor escenario posible en un contexto de recesión económica. El ministro de Trabajo de Santa Fe, Roald Báscolo, ha seguido de cerca las negociaciones, aunque reconoció que el margen de maniobra del gobierno provincial es limitado frente a un conflicto que se dirime en la justicia comercial y que involucra a un organismo nacional. La caída de AA representaría un golpe simbólico y material para el polo industrial del norte santafesino, que ya ha sufrido el impacto del desguace de otras empresas del mismo grupo económico en los últimos años.
El próximo jueves será una fecha determinante para el futuro de la compañía, ya que el juzgado fijó una audiencia que funciona como un ultimátum para las partes. Si el juez Lorenzini rechaza el pedido de exclusión del voto del Banco Nación y no aparece un inversor interesado en un proceso de salvataje (cramdown), la declaración de quiebra será inevitable a partir de la semana próxima. La tensión se traslada ahora a los despachos judiciales de Reconquista, donde se definirá si Algodonera Avellaneda logra una supervivencia jurídica de último momento o si se convierte en el próximo gigante industrial en cerrar sus puertas definitivamente.
