El 28 de junio de 1966, las Fuerzas Armadas derrocaron al presidente Arturo Illia tras rodear la Casa Rosada, disolver el Congreso y anular los partidos políticos, iniciando la dictadura autodenominada Revolución Argentina liderada por Juan Carlos Onganía.
La caída de la administración radical se precipitó durante la madrugada de aquel martes, cuando efectivos del Regimiento 3 de Infantería cercaron la sede de gobierno. El operativo fue comandado por el teniente general Pascual Pistarini, quien previamente había relevado al general de división Carlos Caro y retirado la confianza al secretario de Guerra, Eduardo Castro Sánchez. A las 21:40 del día anterior, los militares ya controlaban las radios y las antenas de los canales 7 y 9, impidiendo que el mandatario emitiera un mensaje por cadena nacional. En el despacho presidencial, Illia intentó resistir la autoridad de los insurrectos declarando la jefatura del Ejército y acusando a Pistarini de rebelión, pero la falta de apoyo en las cúpulas de la Fuerza Aérea, representada por el brigadier Teodoro Álvarez, y la ambigüedad de la Marina, al mando de Benigno Varela, sellaron su destino.
Uno de los episodios más tensos ocurrió a las cinco de la mañana, cuando el teniente Aliberto Rodrigáñez Riccheri, a cargo de la guardia de Gobierno, solicitó autorización para abrir fuego contra los golpistas con treinta fusiles y dos ametralladoras. Según fuentes históricas de la Casa Rosada, Illia rechazó la propuesta bajo la premisa de que el país necesitaba paz y no derramamiento de sangre. Minutos después, el general Julio Alsogaray y el coronel Luis César Perlinger ingresaron al despacho para exigir la renuncia del mandatario. Illia los calificó de “salteadores nocturnos” y sostuvo que su accionar causaría daños irreparables a la Patria. Finalmente, a las 7:30, el presidente fue desalojado por la fuerza mediante el uso de gases lacrimógenos por parte de la Policía Federal, retirándose en el automóvil particular de su ministro de Justicia, Carlos Alconada Aramburú, debido a que no poseía bienes de lujo ni fondos reservados.
Contexto
El gobierno de Arturo Illia, iniciado en 1963, se desarrolló en un marco de fragilidad política debido a la proscripción del peronismo, aunque en 1964 el mandatario intentó normalizar la situación levantando dichas restricciones. Durante su gestión, se implementaron medidas económicas de corte nacionalista, como la derogación de los contratos petroleros y la sanción de la Ley de Medicamentos, que limitaba el poder de los laboratorios extranjeros. Según datos del Ministerio de Economía de aquel entonces, el presupuesto destinado a educación, ciencia y tecnología alcanzó el 25%, una cifra récord para la época. Además, la administración logró un saldo positivo en la balanza comercial y redujo la desocupación sin recurrir a préstamos del Fondo Monetario Internacional (FMI).
A pesar de estos indicadores, la presión militar fue constante. Los sectores castrenses criticaban lo que denominaban una “legalidad formal y estéril” y acusaban al radicalismo de lentitud administrativa, apodando al presidente como “la tortuga”. La tensión interna en las fuerzas se agudizó en noviembre de 1965, cuando Juan Carlos Onganía pidió el retiro en protesta por el nombramiento de Castro Sánchez. Este malestar fue capitalizado por sectores sindicales y políticos; incluso Juan Domingo Perón, desde su exilio en España, calificó el movimiento golpista como “simpático”, argumentando que Onganía ponía término a una etapa de supuesta corrupción y parálisis estructural que afectaba el desarrollo del país.
Impacto
El derrocamiento de Illia no solo interrumpió el orden constitucional, sino que transformó radicalmente la estructura institucional de la Argentina. La junta revolucionaria, integrada por Pistarini, Álvarez y Varela, reemplazó a la Corte Suprema de Justicia y otorgó facultades legislativas al Poder Ejecutivo de facto. El impacto social fue inmediato: la instauración del estatuto de la Revolución Argentina por encima de la Constitución Nacional derivó en la intervención de las universidades y la posterior “Noche de los Bastones Largos”, que provocó una fuga de cerebros masiva de científicos y académicos hacia el exterior, desmantelando décadas de avance en investigación y desarrollo.
En el plano económico y social, el pacto tácito inicial entre el gremialismo peronista y la dictadura de Onganía se disolvió rápidamente ante las políticas de ajuste y la supresión de libertades civiles. La falta de canales democráticos de expresión condujo a una escalada de violencia política y a insurrecciones populares en diversas provincias. La figura de Illia, quien al dejar el cargo declaró ante escribano poseer únicamente una casa en Cruz del Eje y haber vendido su auto para costear el tratamiento médico de su esposa, se convirtió con los años en un símbolo de austeridad republicana, contrastando con la inestabilidad y el autoritarismo que caracterizaron a los gobiernos sucesivos.
La historia registró un tardío pedido de disculpas por parte del coronel Perlinger en 1982, quien reconoció la lección de civismo dada por el presidente depuesto. Sin embargo, las consecuencias del quiebre institucional de 1966 marcaron el inicio de un ciclo de intervenciones militares que culminaría en la década más oscura de la historia argentina. La proyección de este hecho sigue siendo objeto de análisis en el Congreso y ámbitos académicos, donde se debate la responsabilidad de los actores civiles y mediáticos que fomentaron el clima previo al golpe, dejando una tensión pendiente sobre la solidez de los consensos democráticos frente a las crisis económicas.
