El juez Javier Sánchez Sarmiento y el fiscal Lucio Herrera avanzan en la investigación contra los anestesiólogos Delfina “Fini” Lanusse y Hernán Boveri por el presunto robo de propofol y equipo médico del Hospital Italiano para uso personal.
La investigación judicial, que ha tomado un ritmo vertiginoso en las últimas semanas, se sustenta en una serie de testimonios clave brindados por colegas de los imputados. Entre las declaraciones más relevantes figura la de Chantal “Tati” Leclercq, también anestesióloga y amiga cercana de Lanusse, quien aportó datos precisos sobre episodios de consumo de sustancias dentro de domicilios particulares. Según fuentes judiciales, el expediente busca determinar si Boveri, aprovechando su jerarquía como jefe de neurocirugía y especialista en la técnica de anestesia total intravenosa (TIVA), facilitó el desvío de ampollas de propofol y ketamina. Los testimonios recolectados por el magistrado describen un escenario de adicción cruzada y prácticas de riesgo que habrían incluido la administración de estos fármacos potentes fuera del ámbito hospitalario, presuntamente como un aditivo en la relación sentimental que mantenían ambos acusados. La gravedad del caso radica no solo en el hurto de insumos públicos y privados, sino en el peligro sanitario que representa el uso recreativo de drogas diseñadas exclusivamente para el quirófano.
El relato de Leclercq fue fundamental para reconstruir la cronología de los hechos ocurridos entre septiembre de 2025 y principios de 2026. La médica detalló ante la Justicia que, en una oportunidad, ingresó al departamento de Lanusse con un juego de llaves propio y encontró a su colega tirada en el piso, en un estado de semiconsciencia. En esa ocasión, Lanusse le habría confesado que se había “drogado” junto a Boveri antes de que este emprendiera un viaje laboral a Perú. En otra visita posterior, motivada por un cuadro febril de la imputada, Leclercq observó jeringas usadas y ampollas de propofol esparcidas por el suelo del domicilio. Estas pruebas circunstanciales coinciden con lo declarado por otra testigo, identificada como la médica S., quien fue la primera en alertar a las autoridades del Hospital Italiano tras observar un marcado deterioro físico en Lanusse, incluyendo una lesión de entidad en su frente. Según el procesamiento dictado por Sánchez Sarmiento, estas declaraciones son coherentes y concordantes con la evidencia física recolectada, a pesar de los intentos de las defensas por desacreditar a las testigos calificándolas como “usinas narrativas” o portadoras de testimonios de oídas.
Contexto
Para comprender la magnitud de este escándalo, es necesario remontarse a la estructura operativa del Hospital Italiano y a la dinámica del servicio de anestesiología. Hernán Boveri no era un profesional más; era un referente nacional e internacional en la técnica TIVA, dictando seminarios en el exterior y liderando las cirugías más complejas del centro de salud. Esta posición de poder, según el juez, le otorgaba una “posición de confianza” que facilitaba la falta de controles sobre el stock de medicamentos. El caso se entrelaza trágicamente con la muerte de Alejandro Zalazar, otro anestesiólogo del Hospital Rivadavia, quien fue hallado sin vida el 20 de febrero con una vía conectada a su pie derecho, apenas tres días antes de que se iniciara formalmente la causa por el robo de propofol. Zalazar mantenía vínculos estrechos con el grupo y, según los testimonios, habría provisto de antibióticos a Lanusse en sus momentos de crisis de salud. La conexión entre el fallecimiento de Zalazar y el circuito de desvío de anestésicos es actualmente uno de los ejes principales que el juzgado intenta esclarecer mediante el peritaje de teléfonos celulares y registros de ingresos hospitalarios.
Históricamente, el control de psicotrópicos en las instituciones de salud argentinas ha presentado vulnerabilidades en el proceso de descarte. Aunque la jefa del Hospital Italiano declaró inicialmente que no se detectaron irregularidades en el stock ni faltantes en los procedimientos de descarte, el juez Sánchez Sarmiento ha puesto en duda esta afirmación. El magistrado sostiene que existen diversas modalidades para sustraer el fármaco sin encender alarmas administrativas, como el falseamiento de las hojas de anestesia de los pacientes. Al consignar un uso mayor de propofol del que realmente se suministra durante una intervención, los profesionales pueden quedarse con el excedente sin que el sistema de inventario lo registre como una pérdida. Esta maniobra, sumada a la ausencia de requisas sobre las pertenencias del personal al egresar de la institución, habría permitido que Boveri y Lanusse acumularan el material necesario para sus prácticas privadas durante meses, evadiendo los protocolos de seguridad interna del nosocomio.
Impacto
El impacto de esta causa sacude los cimientos de la comunidad médica y pone bajo la lupa los protocolos de vigilancia de sustancias controladas en los grandes centros de salud. La revelación de que profesionales de alta jerarquía podrían estar involucrados en el tráfico interno de anestésicos para uso recreativo genera una crisis de confianza en el sistema sanitario. Para los pacientes, la preocupación radica en la posibilidad de que las dosis administradas en quirófano hayan sido manipuladas o registradas de forma fraudulenta para alimentar este circuito ilegal. Además, el caso Leclercq pone en evidencia una red de encubrimiento y lealtades cruzadas entre residentes y médicos de planta que dificultó la detección temprana de las adicciones. La justicia ahora debe determinar si hubo negligencia por parte de las autoridades del Hospital Italiano al no detectar el comportamiento de Boveri y Lanusse, considerando que las señales de deterioro físico y las irregularidades en el manejo de insumos eran comentadas de forma informal entre el personal mucho antes de que se realizara la denuncia formal.
Desde el punto de vista legal, el procesamiento de Boveri y Lanusse marca un precedente en la persecución de delitos relacionados con el ejercicio de la medicina y el abuso de sustancias dentro del ámbito profesional. La defensa de los acusados sostiene que la causa está viciada por testimonios indirectos y que no existen pruebas materiales directas del robo, argumentando que las ampollas halladas podrían haber tenido otro origen. Sin embargo, la fiscalía insiste en que la acumulación de indicios, las fotos de las lesiones de Lanusse y la coincidencia de los relatos de múltiples colegas conforman un cuadro probatorio sólido. El impacto también se extiende al Hospital Rivadavia, donde Leclercq desempeñaba funciones y donde también se investiga el faltante de anestesia, sugiriendo que el problema del desvío de propofol podría ser sistémico y no un hecho aislado de una sola institución. La comunidad médica aguarda con expectativa las resoluciones de la Cámara, ya que esto podría derivar en normativas mucho más estrictas para el control de inventarios en tiempo real.
El cierre de esta etapa instructoria deja una tensión pendiente que se resolverá en las próximas semanas. La Sala V de la Cámara Criminal y Correccional ha fijado una audiencia para comienzos del mes próximo, donde se tratarán las apelaciones presentadas por los abogados defensores de Boveri y Lanusse. En dicha instancia, los camaristas deberán decidir si confirman los procesamientos o si dan lugar a los planteos de nulidad basados en la supuesta falta de pruebas directas. Mientras tanto, el juez Sánchez Sarmiento aguarda los resultados finales de las pericias toxicológicas y el análisis de las comunicaciones del fallecido Alejandro Zalazar, piezas que podrían terminar de cerrar el rompecabezas de una red que mezcló la medicina de alta complejidad con el drama de la adicción y el robo de insumos críticos. El destino de la matrícula profesional de los involucrados y su libertad ambulatoria dependen ahora de la solidez con la que la fiscalía logre sostener los testimonios de quienes, como Leclercq, decidieron romper el silencio.
