Cinco provincias del Litoral argentino declararon la emergencia hídrica ante la persistente bajante del río Paraná, que alcanzó niveles mínimos históricos para esta época del año. Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco y Misiones coordinan acciones conjuntas para mitigar el impacto.
La situación afecta directamente a la provisión de agua potable para más de 3 millones de habitantes, la navegación comercial y la actividad pesquera artesanal. Las plantas potabilizadoras de Rosario y Santa Fe operan con dificultades debido al bajo nivel del río.
El fenómeno, vinculado a la sequía prolongada en la cuenca alta del Paraná en Brasil, no muestra señales de reversión en el corto plazo según los pronósticos del Instituto Nacional del Agua.
Las autoridades nacionales anunciaron un fondo de emergencia de $15.000 millones para obras de adaptación y asistencia directa a las poblaciones más afectadas. También se activaron protocolos de racionamiento de agua en localidades ribereñas.
Organizaciones ambientales advierten que estos eventos extremos serán cada vez más frecuentes si no se toman medidas estructurales contra el cambio climático.
