Un mecánico de 50 años fue condenado a dos años y ocho meses de prisión efectiva en Santa Rosa, La Pampa, tras ser hallado culpable de estafar a seis comercios locales por un monto superior a los 12 millones de pesos.
La sentencia contra Miguel Ángel Hernández fue dictada este miércoles por la Justicia pampeana, luego de que la jueza de Control homologara un acuerdo de juicio abreviado. El proceso fue impulsado por el fiscal general Guillermo Sancho, contando con la conformidad de la defensora oficial Paula Arrigone y la admisión de culpabilidad del propio imputado. Hernández fue declarado autor material y penalmente responsable de los delitos de estafa en concurso real con uso y falsificación de documento privado. Según detallaron fuentes judiciales vinculadas al caso, el condenado poseía antecedentes penales previos, lo que motivó que la pena fuera de cumplimiento efectivo en un establecimiento penitenciario.
El esquema delictivo ejecutado por Hernández se desarrolló de manera sistemática entre los meses de enero y mayo del corriente año. El modus operandi consistía en presentarse en establecimientos de diversos rubros —incluyendo gomerías, viveros y locales de materiales eléctricos— para realizar compras de alto valor. Para concretar los pagos, el mecánico utilizaba cheques que habían sido previamente robados, adulterados o que pertenecían a terceras personas sin vinculación con las transacciones. Un elemento distintivo de su accionar era la búsqueda de un excedente: en la mayoría de las operaciones, el valor del cheque superaba el costo de la mercadería, logrando que los comerciantes le entregaran importantes sumas de dinero en efectivo en concepto de vuelto.
La cronología de las estafas documentadas por el Ministerio Público Fiscal revela la magnitud del perjuicio económico. El primer hecho ocurrió a principios de año en una gomería, donde Hernández adquirió cuatro neumáticos por un valor de $968.000. Para el pago, entregó un cheque del Banco Nación denunciado como robado por un monto de $1.600.000, logrando retirarse con $632.000 en efectivo. A fines de marzo, repitió la maniobra en otro local del mismo rubro, donde compró seis cubiertas de camión utilizando un cheque del Banco Galicia por $3.200.000, perteneciente a un titular radicado en la localidad bonaerense de Lincoln. Estas operaciones iniciales marcaron el inicio de una escalada que afectó a múltiples sectores productivos de la capital pampeana.
Durante el mes de abril, el condenado diversificó sus objetivos y se dirigió a un negocio de herramientas. Allí se apoderó de compresores, amoladoras, taladros e indumentaria de trabajo mediante la entrega de un cheque de $3.500.000 emitido a nombre de una empresa agropecuaria. En mayo, la secuencia continuó en un vivero, donde abonó una compra de $1.712.586 con un documento adulterado de $2.500.000, obteniendo un vuelto de $787.414. Pocos días después, en otro comercio técnico, adquirió equipos por $1.099.220 con un cheque de $2.000.000, llevándose $765.663 adicionales en billetes. El último registro data de un local de materiales eléctricos, donde obtuvo una hidrolavadora y una aspiradora por $1.543.500 con un cheque de $3.000.000, dejando el saldo restante como crédito para futuras compras que nunca se concretaron.
Contexto
Este tipo de delitos financieros ha mostrado un incremento en las provincias del interior del país, donde la confianza en las transacciones comerciales presenciales suele ser mayor que en los grandes centros urbanos. La utilización de cheques físicos, aunque en retroceso frente a las transferencias digitales, sigue siendo una herramienta común en los rubros de insumos industriales y agropecuarios. Los antecedentes de Hernández fueron un factor determinante para la celeridad del juicio abreviado, ya que el imputado ya contaba con registros por delitos contra la propiedad, lo que limitaba sus opciones de defensa ante la contundencia de las pruebas recolectadas por la fiscalía de Guillermo Sancho.
En paralelo a la situación en La Pampa, las fuerzas federales han detectado un fenómeno similar de circulación de valores apócrifos en otras regiones. Recientemente, el Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina (PFA) desarticuló una organización en el norte del conurbano bonaerense dedicada a la distribución de billetes falsos. Aquella investigación, iniciada en abril de 2025 tras una detención en Vicente López, demostró que las bandas criminales están sofisticando sus métodos de inserción de dinero y documentos falsos en el circuito legal, afectando principalmente a pequeños y medianos comerciantes que no cuentan con sistemas de verificación inmediata de valores bancarios.
Impacto
La condena de Hernández representa un alivio para el sector comercial de Santa Rosa, que se vio afectado por una pérdida patrimonial directa de $12.000.000 en apenas cinco meses. Desde la Cámara de Comercio local indicaron que estos hechos generan una retracción en la aceptación de cheques de terceros, dificultando la operatoria de clientes legítimos. El impacto no es solo financiero por la pérdida de la mercadería, sino también por el drenaje de liquidez que sufrieron los locales al entregar dinero en efectivo como vuelto de los documentos falsificados. La resolución judicial incluyó además la devolución de un vehículo Volkswagen Suran que había sido secuestrado al imputado, el cual deberá ser retirado por un tercero autorizado debido a la detención efectiva del mecánico.
La sentencia firme establece un precedente importante en la provincia respecto a la persecución de delitos económicos bajo la modalidad de estafa reiterada. Para los investigadores, el caso subraya la necesidad de que los comercios refuercen sus protocolos de validación de identidad y de consulta de estados de cheques en las plataformas del Banco Central de la República Argentina (BCRA). La modalidad de “el vuelto en efectivo” se ha identificado como la principal vulnerabilidad en estos esquemas, ya que permite al delincuente convertir un documento sin valor en moneda de curso legal de forma inmediata, antes de que el sistema bancario detecte la irregularidad del papel.
Tras la lectura del fallo y la homologación del acuerdo, Miguel Ángel Hernández fue trasladado a una unidad penitenciaria para comenzar el cumplimiento de su condena. Mientras tanto, las autoridades judiciales mantienen abiertas líneas de investigación para determinar el origen de los cheques robados y si existía una red de provisión de documentos que abastecía al mecánico para sus operaciones en la capital pampeana.
