La Fiscalía Descentralizada de Núñez-Saavedra solicitó la elevación a juicio de la causa contra Pablo Vicente Murúa, de 47 años, acusado de asaltar un departamento de servicios sexuales en Belgrano y disparar contra una de las víctimas el pasado 3 de junio.
El hecho ocurrió en un edificio de la calle Arribeños al 2100, donde Murúa ingresó tras simular interés por servicios ofrecidos en internet. Según consta en el requerimiento presentado por el fiscal José María Campagnoli ante el juez Diego Souto, el imputado llegó al lugar a las 2:30 de la madrugada en una motocicleta Yamaha MT07ST. Una vez dentro de la unidad, el hombre extrajo un arma de fuego y amenazó a una de las mujeres presentes: “Dame la plata que tengas y callate la boca. Te pego un tiro”, le advirtió antes de maniatarla con precintos y taparle la boca con cinta. El delincuente sustrajo entre 60.000 y 80.000 pesos en efectivo y cuatro teléfonos celulares, tras amedrentar a otras dos trabajadoras que se encontraban en el inmueble.
La situación escaló cuando una de las víctimas, identificada como Fernanda A., logró escapar hacia el palier del edificio para pedir auxilio al encargado. De acuerdo con la reconstrucción judicial, Murúa salió tras ella y, al grito de “te mato”, le apuntó directamente a la cabeza y efectuó un disparo. El proyectil rozó la sien de la mujer, quien cayó de rodillas al suelo pero no perdió el conocimiento. El fiscal Campagnoli sostiene que este acto constituye un intento de homicidio criminis causae, ya que el disparo tuvo como objetivo asegurar la impunidad del robo previo. Esta calificación técnica es el punto de mayor fricción legal, dado que el tribunal anterior había limitado la acusación a robo agravado y portación de arma, omitiendo la intención de matar.
La investigación que permitió la captura de Murúa se basó en un exhaustivo análisis de las cámaras de seguridad del Centro de Monitoreo Urbano (CMU) y dispositivos privados. Los operadores detectaron que el sospechoso llegó a la zona de Avenida del Libertador y Juramento acompañado por una mujer en moto. Tras el asalto, las cámaras registraron al hombre corriendo en dirección contraria a las 2:47 de la madrugada. Un dato llamativo que incorporó la fiscalía es que, antes de emprender la fuga definitiva hacia la Avenida General Paz, el delincuente se detuvo en un quiosco de 24 horas para comprar un chocolate, momento en el cual su rostro quedó nítidamente grabado por los sistemas de vigilancia del comercio.
Contexto
El caso se inscribe en una modalidad delictiva recurrente en el corredor norte de la Ciudad de Buenos Aires, donde departamentos destinados a servicios sexuales son blanco de asaltos debido al manejo de dinero en efectivo y la reticencia de las víctimas a denunciar por la naturaleza de su actividad. En este episodio particular, la trazabilidad del sospechoso fue posible gracias al sistema de lectoras de patentes de la Policía de la Ciudad, que identificó la motocicleta Yamaha de Murúa iniciando su recorrido en Mataderos, específicamente en la Avenida Juan Bautista al 6800, a las 2:11 de la madrugada del día del crimen.
Un antecedente clave para cerrar el cerco sobre el imputado ocurrió apenas 24 horas después del robo en Belgrano. El 4 de junio, Murúa protagonizó un accidente de tránsito en la localidad bonaerense de Merlo mientras circulaba en la misma motocicleta junto a una joven identificada como Rocío. Ambos fueron trasladados al Hospital Municipal Eva Perón con politraumatismos. Aunque Murúa se retiró del centro asistencial sin el alta médica, la policía logró secuestrar el vehículo en la comisaría 6ta de Merlo. Posteriormente, detectives de la División Homicidios que vigilaban su domicilio en la Avenida Alberti confirmaron su identidad al observarlo desplazarse con muletas, consecuencia directa del siniestro vial.
Impacto
La relevancia de este pedido de elevación a juicio radica en la severidad de la calificación legal pretendida por el Ministerio Público Fiscal. Al solicitar que se juzgue a Murúa por homicidio criminis causae en grado de tentativa, la pena en expectativa aumenta considerablemente respecto a un robo simple. Fuentes judiciales indicaron que el fiscal Campagnoli busca sentar un precedente sobre la violencia ejercida en estos contextos, argumentando que el disparo a la cabeza demuestra un dolo homicida irrefutable que no puede ser minimizado por el hecho de que la víctima haya sobrevivido por centímetros.
Para los operadores del sistema de seguridad porteño, el éxito en la identificación del autor refuerza la utilidad de la red de cámaras y el entrecruzamiento de datos entre jurisdicciones. La combinación de registros fílmicos públicos, cámaras de comercios privados y el sistema de alertas de patentes permitió reconstruir un itinerario que comenzó en Mataderos, pasó por Belgrano y terminó con un accidente en el conurbano bonaerense. Este despliegue tecnológico compensó la falta de testigos presenciales ajenos al entorno de las víctimas, quienes inicialmente manifestaron temor por posibles represalias del delincuente, quien les había asegurado que estaban “entregadas”.
El proceso judicial entrará ahora en su etapa de debate oral, donde se analizarán las pruebas que incluyen los videos del quiosco, los peritajes balísticos y los testimonios de las tres mujeres presentes en el departamento de la calle Arribeños. La defensa de Murúa deberá enfrentar una carga probatoria que la fiscalía considera contundente, basada en la coincidencia física, la vestimenta —zapatillas negras con suela blanca y jean azul— y la titularidad del vehículo utilizado en la fuga. El juez Diego Souto deberá decidir en las próximas semanas la fecha de inicio de las audiencias que determinarán la condena definitiva para el acusado.
