El Ministerio de Justicia de la Nación analiza un proyecto para reducir la composición de la Cámara Federal de Casación Penal, el tribunal más importante del país por debajo de la Corte Suprema, dejando vacantes los cargos actualmente desiertos.
La iniciativa, que se encuentra bajo estudio técnico en la cartera que conduce Mariano Cúneo Libarona, plantea que no resulta indispensable cubrir los cuatro sillones que hoy permanecen vacíos en el edificio de Comodoro Py. De los trece cargos que integran legalmente el tribunal, solo nueve están operativos tras las salidas de los jueces Eduardo Riggi, Juan Carlos Gemignani, Liliana Catucci y Ana María Figueroa. Según indicaron fuentes oficiales del Poder Ejecutivo, la intención es que el presupuesto originalmente destinado a estas vocalías sea derivado a la creación y fortalecimiento de juzgados federales en zonas fronterizas, donde el avance del narcotráfico demanda una mayor presencia judicial inmediata. Esta reestructuración no solo afectaría a la Casación, sino que podría extenderse a otras cámaras nacionales, como la Cámara del Crimen, bajo la premisa de que una estructura más compacta no afecta la eficiencia del servicio de justicia.
En paralelo a este plan de reforma estructural, el Consejo de la Magistratura enfrenta una parálisis administrativa en el Concurso 475, destinado originalmente a cubrir tres de las vacantes mencionadas. El secretario de Justicia, Santiago Viola, junto a la consejera María Alejandra Provítola, solicitó recientemente una medida extraordinaria: la intervención de consultores técnicos para realizar un análisis integral de las impugnaciones presentadas por los postulantes. Este concurso, que se inició hace cinco años, cuenta con un orden de mérito provisorio liderado por María Gabriela López Iñiguez (166,75 puntos), José Antonio Michilini (165,95) y Leonel Guillermo Gómez Barbella (154,50). Sin embargo, el proceso está rodeado de cuestionamientos, con 25 participantes que impugnaron las calificaciones y un pedido de revisión que, de prosperar de forma global, podría derivar en la nulidad de todo lo actuado desde 2019. Operadores del mercado judicial advierten que la demora de un año y medio en resolver estas objeciones por parte de la subcomisión encargada refleja la tensión política que rodea a estos nombramientos estratégicos.
La lista de postulantes que hoy se encuentra en suspenso incluye nombres de peso en el sistema judicial federal. Detrás de los tres primeros puestos se ubican Fernando Marcelo Machado Pelloni (153,90 puntos), Marcelo Ferrante (152), Fernando Gabriel Bellido (150,35), Mariano Pérez Roller (150) y Diego Alejandro Amarante (149,50). El listado se completa con Nicolás Schiavo, María Jimena Monsalve, Gonzalo Ezequiel Demián Viña, Jorge Luciano Gorini, Julio Gonzalo Miranda, Pamela Bisserier Díaz y Nadia Flores Vega. La controversia radica en que, a pesar de que solo el 20% de los 43 postulantes desaprobó el examen escrito, las diferencias en la puntuación de antecedentes —calificados en su momento por la consejera Vanesa Siley— y las entrevistas personales generaron un clima de desconfianza. Fuentes del Consejo de la Magistratura señalaron que la designación de cuatro consultores externos para auditar los exámenes es un recurso poco frecuente que busca otorgar transparencia, pero que en la práctica estira los plazos de una definición que el Ejecutivo parece ya no priorizar.
Contexto
La Cámara Federal de Casación Penal cumple un rol institucional crítico en la arquitectura jurídica argentina, ya que ejerce la superintendencia sobre los tribunales de juicio y es la instancia que revisa condenas y absoluciones en causas de alto impacto público. Su relevancia histórica quedó de manifiesto en expedientes que marcaron la agenda política reciente: fue este tribunal el que ordenó reabrir la investigación por la muerte del fiscal Alberto Nisman, el que dejó sin efecto prisiones preventivas sobre la ex presidenta Cristina Kirchner y el que dispuso la ejecución de decomisos en la causa Vialidad. Además, la Casación es el órgano que debe otorgar el “doble conforme”, un requisito indispensable en proyectos legislativos como el de Ficha Limpia, que busca inhabilitar candidaturas de personas con condenas ratificadas por delitos de corrupción. La vacancia de casi un tercio de su composición no es un hecho fortuito, sino el resultado de jubilaciones y remociones que no fueron compensadas por la política en el último lustro.
Desde el inicio de la gestión de Javier Milei, la relación con Comodoro Py ha estado marcada por la búsqueda de una mayor austeridad y una reconfiguración de las prioridades presupuestarias. En abril de este año, durante una reunión entre el ministro de Justicia y magistrados de la Casación, algunos jueces habrían manifestado que el tribunal puede funcionar correctamente con nueve miembros, lo que dio el pie político para el proyecto de reducción. Este antecedente es clave para entender por qué el Gobierno prefiere dilatar o anular los concursos vigentes: si la ley orgánica del tribunal se modifica para reducir el número de vocalías, el conflicto por las ternas del Concurso 475 se volvería abstracto. La lógica libertaria de “no hay plata” se traslada así a la organización del Poder Judicial, argumentando que la concentración de jueces en la Ciudad de Buenos Aires es excesiva frente a las necesidades de las provincias del norte y el litoral, donde el crimen organizado requiere juzgados de primera instancia más que cámaras de revisión en la capital.
Impacto
La reducción de la Cámara de Casación tendría consecuencias directas en la celeridad de los procesos penales y en la carga de trabajo de los jueces actuales. Al haber menos integrantes para conformar las cuatro salas, los magistrados deben subrogar las vacantes, lo que multiplica las audiencias y la firma de sentencias por cada despacho. No obstante, el impacto más profundo es de carácter político-institucional: un tribunal más chico es, en teoría, más fácil de coordinar pero también más sensible a los cambios de mayoría. Para los justiciables, esto implica que las causas de corrupción, narcotráfico y trata de personas seguirán siendo revisadas por un cuerpo que opera al límite de su capacidad técnica, mientras que para el interior del país, la promesa de nuevos juzgados federales financiados con este ahorro representa una descentralización del poder judicial largamente reclamada por los gobernadores.
Por otro lado, la posible nulidad del concurso actual generaría un perjuicio para los 15 postulantes que lograron los mejores puntajes tras años de evaluación. La incertidumbre sobre si se cubrirán o no los cargos afecta la carrera judicial y desalienta la participación en futuros procesos de selección. Desde el ámbito gremial y de las asociaciones de magistrados, se observa con preocupación que la falta de cobertura de vacantes se convierta en una política de Estado permanente, lo que podría derivar en un debilitamiento de las cámaras de apelación frente a las decisiones de los jueces de instrucción. El ahorro presupuestario, si bien es un objetivo declarado del Ejecutivo, choca con la necesidad de un sistema de revisión robusto que garantice el derecho a la defensa y la seguridad jurídica en procesos que involucran miles de millones de pesos en bienes decomisados.
El próximo paso decisivo ocurrirá en el seno de la Comisión de Selección de Magistrados, donde se deberá votar la designación de los consultores técnicos solicitados por Viola y Provítola. Si el Consejo de la Magistratura decide avanzar con la revisión integral, el Concurso 475 quedará virtualmente herido de muerte, abriendo el camino legal para que el Ministerio de Justicia envíe al Congreso un proyecto de ley que modifique la estructura de la Casación. Mientras tanto, los nueve jueces actuales continuarán gestionando una de las instancias más calientes del derecho penal argentino, a la espera de definiciones que marcarán el rumbo de la justicia federal para la próxima década.
