Venezuela analiza la implementación de normativas de construcción antisísmica basadas en los modelos de Chile y Japón tras el sismo del 24 de junio, que provocó el colapso de 190 edificios y afectó a otras 856 estructuras.
El reciente evento sísmico doble en territorio venezolano, que según balances oficiales del 7 de julio dejó un saldo de más de 4.700 víctimas fatales, puso en el centro del debate técnico la vulnerabilidad de la infraestructura urbana. Ante la devastación observada en zonas como La Guaira, especialistas en ingeniería estructural proponen un cambio de paradigma en la construcción civil. La diferencia fundamental radica en pasar de la “filosofía convencional”, que acepta daños estructurales siempre que no haya colapso, a una “filosofía moderna” donde el edificio permanece operativo tras el sismo. Según indicaron desde organismos de infraestructura, la clave reside en la adopción de tecnologías que permitan a las estructuras “patinar” sobre el suelo en lugar de resistir rígidamente el impacto de las ondas sísmicas.
Juan Carlos de La Llera, rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile e ingeniero civil estructural, explicó que las técnicas modernas como los aisladores sísmicos y los disipadores de energía pueden reducir el movimiento de una estructura entre 8 y 10 veces. Estos dispositivos funcionan mediante una estructura de capas de goma natural y acero vulcanizado, similar a una “torta de milhojas”, que otorga flexibilidad horizontal pero rigidez vertical. De acuerdo con operadores del mercado de la construcción, esta tecnología permite que, cuando el suelo se desplaza, el edificio se deslice sobre su base, impidiendo que la energía del terremoto se transmita a la estructura superior. Esta técnica, ya estandarizada en Japón, garantiza que los servicios críticos, como hospitales, no interrumpan su funcionamiento durante la emergencia.
Por otro lado, la ingeniería tradicional de refuerzo sigue siendo el pilar básico para la seguridad habitacional. Eduardo Kausel, Profesor Emérito del MIT, destacó que el uso correcto del hormigón armado es determinante para la supervivencia de una torre. El experto señaló que la combinación de concreto con una “enfierradura” adecuada —barras de hierro con estriaciones y estribos de amarre— otorga ductilidad al material, permitiendo que se deforme sin quebrarse como el vidrio. Kausel advirtió que prácticas comunes como el exceso de agua en la mezcla de hormigón o el diseño de “primeros pisos flexibles” para estacionamientos son errores fatales que se repitieron en tragedias recientes como la de Turquía en 2023. En Chile, por el contrario, las normas exigen un núcleo rígido de muros estructurales en todas las direcciones para evitar el pandeo de las columnas.
Contexto
La región latinoamericana, especialmente los países situados sobre el Cinturón de Fuego del Pacífico y las fallas del Caribe, posee una historia marcada por la actividad telúrica de gran magnitud. Chile se consolidó como un referente global tras el Gran Terremoto del Maule en 2010, que alcanzó una magnitud de 8.8. En aquel evento, estructuras emblemáticas como la Torre Costanera Center en Santiago, de 300 metros de altura y 62 pisos, resistieron sin sufrir grietas gracias a la utilización de disipadores de energía. Estos dispositivos actúan de forma similar a los amortiguadores de un vehículo, absorbiendo la oscilación entre pisos y minimizando el daño interno.
En Venezuela, la situación de la infraestructura es dispar. Mientras que en ciudades como Caracas existen normativas vigentes, la falta de control de calidad y la proliferación de construcciones informales o mal diseñadas en zonas costeras aumentan el riesgo de aplastamiento. La experiencia chilena demuestra que la obligatoriedad de estas tecnologías en edificios públicos, especialmente hospitales, es una política de Estado que salva vidas. En Japón, la adopción es aún más profunda, integrando aisladores en casi la totalidad de las nuevas construcciones civiles, lo que ha permitido al país asiático mantener su economía y servicios operativos incluso tras sismos de gran intensidad.
Impacto
La implementación de estas tecnologías en Venezuela y otros países de la región tendría un impacto directo en la reducción de la tasa de mortalidad por eventos naturales. El paso de una construcción rígida a una aislada no solo protege la vida de los ocupantes, sino que preserva el capital inmobiliario y la capacidad de respuesta sanitaria. Según fuentes del sector de ingeniería, el costo adicional de incorporar aisladores sísmicos se compensa con la eliminación de reparaciones estructurales costosas tras un sismo. En el caso de los hospitales, la operatividad inmediata es la diferencia entre la vida y la muerte para los heridos que genera el desastre.
Además, la actualización de los códigos de edificación obligaría a un control de calidad más estricto sobre los materiales básicos. La fiscalización de la relación agua-cemento y la correcta disposición de los estribos en las columnas de hormigón armado son medidas de bajo costo pero de alto impacto preventivo. La transición hacia edificios “sobre patines” representa un avance hacia ciudades más resilientes, donde el fenómeno natural no se traduzca necesariamente en una catástrofe humanitaria. La tecnología desarrollada por empresas como SIRVE en Chile ya se exporta a países como Perú y Nueva Zelanda, demostrando que la ingeniería regional está a la altura de los desafíos globales.
El próximo paso para las autoridades venezolanas y regionales será la revisión de los marcos regulatorios para incentivar o exigir el uso de aisladores en zonas de alta sismicidad. Se espera que en las próximas cumbres de ingeniería estructural se presenten protocolos unificados para la región. La tensión pendiente reside en la capacidad de financiamiento para adaptar los edificios ya construidos, un proceso técnicamente posible pero económicamente exigente para las economías en desarrollo.
