El Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de Mar del Plata condenó este martes a 20 años de prisión al ex policía bonaerense Emilio Salim Abosalech, tras ser hallado culpable de tres hechos de abuso sexual cometidos entre 2016 y 2022.
La sentencia, dictada por el juez técnico Juan Manuel Sueyro, ratificó el pedido de pena realizado por el fiscal Fernando Berlingeri, quien durante la audiencia de cesura solicitó las dos décadas de reclusión basándose en la gravedad institucional de los hechos y el daño irreparable causado a las víctimas. El magistrado desestimó el planteo de la defensa, que pretendía una condena mínima de seis años, y se inclinó por una escala penal elevada al considerar la pluralidad de los delitos y el patrón de conducta sistemático que el ex uniformado desplegó durante un período de seis años. El fallo detalla que Abosalech fue responsable de un abuso sexual con acceso carnal, un episodio en grado de tentativa y un tercer caso calificado legalmente como gravemente ultrajante, lo que agrava la situación procesal del imputado.
Durante el debate oral, se reconstruyó la mecánica de los ataques, los cuales no fueron considerados episodios aislados por el Ministerio Público Fiscal, sino parte de un esquema de violencia de género continuada. Según fuentes judiciales, el ex policía utilizaba su posición de poder y los vínculos de confianza preexistentes para vulnerar la integridad de las mujeres. Las víctimas, identificadas en el proceso como dos de sus ex parejas y la esposa de un amigo cercano, brindaron testimonios que fueron fundamentales para que el jurado popular alcanzara un veredicto de culpabilidad. La querella, representada por el abogado Mauricio Varela, había solicitado inicialmente una pena de 25 años, subrayando que las secuelas psicológicas padecidas por las denunciantes requerían una respuesta punitiva máxima por parte del Estado provincial.
El juez Sueyro hizo especial hincapié en la ausencia total de consentimiento en cada uno de los episodios analizados. En el texto de la sentencia se consignan frases textuales de las víctimas como “no”, “pará” y “dejame”, las cuales fueron valoradas como pruebas inequívocas de la resistencia ejercida frente a las agresiones del ex efectivo. Uno de los puntos más críticos del fallo describe el ataque a la esposa de un amigo del condenado, donde la Justicia determinó que existió una humillación particularmente intensa, encuadrando el hecho bajo la figura de abuso sexual gravemente ultrajante. Asimismo, en el caso caratulado como tentativa, se probó que el abuso no se consumó únicamente por factores externos ajenos a la voluntad de Abosalech, quien detuvo su accionar ante la interrupción de terceros o la resistencia física de la víctima.
Contexto
El caso de Emilio Salim Abosalech se tramitó bajo la modalidad de juicio por jurados, un sistema vigente en la provincia de Buenos Aires que delega en 12 ciudadanos civiles la responsabilidad de determinar la culpabilidad o inocencia de un acusado en delitos graves. Este proceso comenzó a gestarse tras una serie de denuncias acumuladas que permitieron a la fiscalía identificar un modus operandi repetitivo. Los hechos ocurrieron en un lapso de tiempo que abarca desde el año 2016 hasta el 2022, periodo en el cual el imputado formaba parte de las fuerzas de seguridad bonaerenses, lo que añade un componente de gravedad institucional al caso, dado que el agresor debía velar por la seguridad pública.
La investigación penal preparatoria incluyó pericias psicológicas, psiquiátricas y testimonios de expertos que confirmaron el daño persistente en las tres mujeres involucradas. Los antecedentes del caso muestran que Abosalech aprovechaba la cercanía emocional y la confianza para anular las defensas de sus víctimas, una característica que los peritos del Ministerio de Seguridad y de la Asesoría Pericial destacaron como un rasgo de manipulación recurrente. La acumulación de causas en un solo juicio permitió a los magistrados observar la progresión de la violencia ejercida por el ex policía, quien mantuvo su libertad durante parte del proceso hasta que la contundencia de las pruebas y el veredicto del jurado popular precipitaron su detención definitiva y posterior traslado a una unidad penitenciaria.
Impacto
La condena a 20 años de prisión representa un precedente significativo en la jurisdicción de Mar del Plata respecto a la violencia de género ejercida por miembros de las fuerzas de seguridad. Desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia indicaron que este tipo de fallos refuerza la confianza en el sistema de juicio por jurados para resolver causas de alta sensibilidad social. El impacto directo se observa en la protección de las víctimas, quienes tras años de proceso judicial obtuvieron una sentencia que reconoce la magnitud del daño sufrido. Además, la decisión del juez Sueyro de aplicar una pena cercana al máximo solicitado por la fiscalía envía una señal clara sobre la intolerancia judicial ante delitos que vulneran la integridad sexual mediante el abuso de confianza.
Para la comunidad jurídica, el caso resalta la importancia de la audiencia de cesura, donde se debaten los montos de la pena una vez que la culpabilidad ya ha sido establecida. La desestimación del pedido de la defensa, que buscaba el mínimo legal de seis años, demuestra que la justicia técnica validó la perspectiva de género aplicada por el jurado popular en su veredicto inicial. Operadores del mercado judicial marplatense señalan que este fallo podría influir en otras causas pendientes donde ex funcionarios públicos enfrentan cargos similares, estableciendo un estándar de rigor en la valoración de los agravantes, como la pluralidad de víctimas y la extensión del daño en el tiempo.
Tras la lectura de la sentencia, Abosalech permanecerá alojado en una dependencia del Servicio Penitenciario Bonaerense. La defensa del ex policía cuenta con un plazo legal para apelar la resolución ante el Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, buscando una reducción de la pena o la revisión de los agravantes aplicados por el juez Sueyro. Mientras tanto, las organizaciones de asistencia a las víctimas celebraron el fallo como un paso necesario hacia la reparación, aunque advirtieron que el seguimiento psicológico de las denunciantes continuará siendo una prioridad dada la cronicidad de los abusos sufridos durante los seis años que duró el accionar del condenado.
