El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lanzó una licitación pública para instalar locales gastronómicos en 16 parques y plazas porteñas, bajo un esquema de permisos de explotación por cinco años y cánones diferenciados según la ubicación.
La administración liderada por Jorge Macri avanzó con la reglamentación de la Ley 4950, una normativa sancionada originalmente en 2014 que permanecía sin aplicación efectiva. El proyecto, impulsado a través del Ministerio de Desarrollo Económico, contempla la construcción, mantenimiento y puesta en funcionamiento de establecimientos destinados a la venta de alimentos, bebidas, frutas y verduras. Según informaron fuentes del Ejecutivo porteño, la iniciativa prevé una inversión privada total de 4,6 millones de dólares, lo que permitiría dotar de infraestructura de servicios a los espacios verdes sin costo directo para las arcas públicas. El proceso licitatorio, que cerró formalmente el pasado 24 de junio, establece que los ganadores del concurso deberán hacerse cargo de la obra civil y el mantenimiento de las áreas circundantes.
El listado de espacios afectados incluye puntos neurálgicos de la Capital Federal. En el barrio de Palermo, la medida alcanza al Parque La Isla, Parque Los Andes, Plaza Armenia, Plaza Club Alemán de Equitación, Plaza Sicilia, el Parque Deportivo del ex Velódromo, el Parque Ernesto Jaimovich, el Parque de las Américas y la Plaza Florencio Sánchez. En otras zonas, la licitación abarca al Parque Chacabuco, el Parque Indoamericano en Villa Soldati, Plaza España en Barracas, el Parque de los Patricios, los parques Micaela Bastidas y Mujeres Argentinas en Puerto Madero, y el Parque Thays en Recoleta. Los valores de los cánones mensuales, fijados con referencias del Banco Ciudad, presentan una brecha significativa: mientras que en el Parque Indoamericano el costo base es de $590.000, en el Parque Mujeres Argentinas de Puerto Madero la cifra asciende a $2.640.000 mensuales, el valor más alto del pliego.
Contexto
La Ley 4950 fue aprobada por la Legislatura porteña hace una década, en un momento donde el actual ministro de Desarrollo Económico, Hernán Lombardi, ocupaba la misma cartera. Durante diez años, la norma no fue reglamentada, lo que impidió la llegada de comercios formales a las plazas. Fuentes del Ministerio de Desarrollo Económico indicaron que la implementación actual responde a una decisión política de incentivar la inversión privada para generar empleo y reducir el gasto estatal en el mantenimiento de estas áreas. La normativa establece límites estrictos para evitar la saturación del espacio público: solo se permite un local cada 50.000 metros cuadrados, con una distancia mínima de 200 metros entre cada núcleo de servicio. Además, los locales no pueden superar dimensiones que alteren el uso recreativo original del predio.
Históricamente, la ocupación del espacio público en la Ciudad ha sido un punto de fricción entre las administraciones locales y las organizaciones civiles. En el caso del Parque Los Andes, por ejemplo, existe un antecedente legal relevante: en 2007 fue declarado “Sitio de Interés de los Pueblos Originarios” por albergar el monumento de Luis Perlotti. Este tipo de protecciones patrimoniales y ambientales son las que hoy esgrimen los sectores críticos para oponerse al avance de la infraestructura comercial. Desde el Gobierno, en cambio, sostienen que la medida formaliza una demanda de servicios que ya existe de hecho en los parques, donde los vecinos suelen buscar opciones de hidratación o alimentación durante sus actividades recreativas o deportivas.
Impacto
La implementación de estos locales generará un cambio directo en la dinámica de uso de los espacios verdes. Por un lado, los beneficiarios de la licitación estarán obligados a ofrecer servicios gratuitos que hoy son escasos: baños públicos, estaciones de hidratación, conexión a internet, estacionamiento de bicicletas y pequeñas bibliotecas. Según operadores del mercado inmobiliario y gastronómico, esto podría elevar el valor de uso de los parques, atrayendo a un público que hoy evita estancias prolongadas por falta de infraestructura básica. Sin embargo, el impacto ambiental es el eje de la controversia. Agrupaciones como Amparo Ambiental Chacarita advierten que la urbanización de superficies absorbentes agrava el efecto de isla de calor urbana y aumenta la generación de residuos en áreas que deberían funcionar como refugios climáticos.
Desde el punto de vista económico, el esquema de canon comenzará a cobrarse una vez que la inversión privada inicial sea amortizada, lo que garantiza que las empresas prioricen la finalización de las obras, estimadas en un plazo de seis meses. Para el vecino, la percepción es dividida. Testimonios recogidos en el Parque 3 de Febrero reflejan que usuarios frecuentes, como María Laura o Fernando, valoran la posibilidad de acceder a un café o agua sin salir del predio, siempre que se garantice la limpieza. En la vereda opuesta, la Asociación Amigos del Lago de Palermo ya prepara una ofensiva judicial. Según fuentes judiciales, la entidad presentará una medida cautelar para frenar la ejecución de los contratos, argumentando que la privatización de sectores de parques públicos vulnera derechos ambientales y ciudadanos protegidos por la Constitución de la Ciudad.
El conflicto se trasladará ahora a dos frentes simultáneos: los tribunales porteños y la Legislatura. Mientras el Ejecutivo avanza con la adjudicación de los 16 espacios, bloques opositores y organizaciones vecinales buscan la derogación de la Ley 4950 para impedir que el modelo se extienda a otras plazas de menor escala. El éxito de la iniciativa dependerá de la capacidad del Gobierno para fiscalizar que los permisionarios cumplan con las cláusulas de arquitectura sustentable y mantenimiento de la flora, en un escenario donde la presión social por el cuidado del espacio público se mantiene en niveles críticos. El próximo paso será la firma de los contratos de concesión, prevista para el próximo trimestre, lo que marcará el inicio de las obras de construcción en los barrios seleccionados.
