La Libertad Avanza presentó una acción popular de inconstitucionalidad ante la Corte de Justicia de Salta para frenar la reforma electoral provincial, recientemente aprobada por la Legislatura, bajo el argumento de que vulnera la representación directa de los ciudadanos.
La presentación judicial, confirmada por el senador provincial Roque Cornejo Avellaneda, apunta contra el núcleo de la nueva normativa que permite la sumatoria de votos de distintas listas dentro de un mismo frente electoral para las categorías de legisladores e intendentes. Según explicaron fuentes jurídicas del espacio libertario, este mecanismo de acumulación podría alterar drásticamente el resultado de los próximos comicios al permitir que una coalición se imponga sobre un candidato individual que haya obtenido más sufragios de forma aislada. El recurso interpuesto es una herramienta jurídica específica de la provincia de Salta que habilita a cualquier ciudadano a cuestionar la validez de una norma general por su presunta contradicción con la Carta Magna provincial, sin necesidad de demostrar un perjuicio directo o personal.
El bloque de La Libertad Avanza, que cuenta con nueve diputados provinciales, ya había manifestado su rechazo orgánico durante el tratamiento legislativo en ambas cámaras. A esta postura se sumaron la legisladora radical Soledad Farfán y José Gauffín, integrante del Bloque de la Reconquista, quienes advirtieron sobre los riesgos institucionales de la medida. La ley sancionada autoriza la presentación de hasta cuatro listas por frente electoral, elimina los pisos mínimos de votos que anteriormente se requerían para acceder al reparto de cargos y mantiene la vigencia del sistema D’Hondt para la distribución de bancas. Desde el partido que lidera Javier Milei a nivel nacional, calificaron la iniciativa como una “ley de lemas encubierta” y un atropello a las instituciones republicanas que distorsiona la voluntad del electorado salteño.
Por el contrario, desde el oficialismo provincial que responde al gobernador Gustavo Sáenz, defendieron la legalidad y la oportunidad de la reforma. El diputado Gustavo Dantur sostuvo que los cambios buscan aportar claridad sobre las posturas políticas de los candidatos y pidió no subestimar la capacidad de discernimiento del electorado frente a la oferta múltiple. En sintonía, la diputada Socorro Villamayor argumentó que el nuevo esquema es una respuesta necesaria para ordenar la legislación tras la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en el distrito. La norma también introdujo requisitos de idoneidad adicionales, como la obligatoriedad de realizar narcotests para todos los postulantes y una redefinición de los plazos para la oficialización de las listas ante el Tribunal Electoral.
Contexto
La reforma electoral en Salta se produce en un escenario de reconfiguración política tras la decisión de la provincia de prescindir de las PASO, un sistema que funcionaba como filtro previo a las generales. Históricamente, Salta ha sido un laboratorio de innovaciones electorales, siendo pionera en la implementación del sistema de Boleta Única Electrónica (BUE). Sin embargo, la eliminación de las primarias dejó un vacío regulatorio sobre cómo las coaliciones deben dirimir sus internas y presentar sus ofertas finales. La acción popular de inconstitucionalidad utilizada por La Libertad Avanza está consagrada en el artículo 92 de la Constitución de Salta, siendo esta la única jurisdicción del país que mantiene un proceso de este tipo, el cual debe tramitarse bajo las reglas de un juicio sumario y como una cuestión de puro derecho.
El antecedente inmediato de esta tensión radica en la fragmentación del sistema de partidos local, donde el oficialismo provincial ha logrado consolidar frentes amplios con múltiples colectoras y listas espejo. La Libertad Avanza, que busca consolidar su estructura territorial propia de cara a las elecciones legislativas de 2025, interpreta que estas reglas de juego favorecen a las estructuras políticas tradicionales que poseen mayor despliegue territorial y capacidad de movilización. Según operadores del mercado político salteño, la discusión no es meramente técnica, sino que define las chances de supervivencia de las fuerzas minoritarias y de los partidos nuevos que no cuentan con el aparato necesario para sostener cuatro listas simultáneas bajo un mismo paraguas frentista.
Impacto
La resolución que tome la Corte de Justicia de Salta tendrá un impacto directo en la arquitectura del poder provincial para el próximo turno electoral. Si el máximo tribunal valida la acumulación de votos, se consolidará un sistema donde la competencia interna de los frentes se traslada directamente a la elección general, lo que podría generar una saturación de la oferta electoral y dificultar el escrutinio. Para los analistas constitucionales, el punto crítico es si la sumatoria de votos respeta el principio de elección directa de los representantes o si, por el contrario, el voto termina siendo transferido a un espacio político por encima de la figura del candidato elegido por el ciudadano, afectando la legitimidad de origen de los cargos legislativos y municipales.
Asimismo, la aplicación de esta ley obligará a los partidos de la oposición a replantear sus estrategias de alianzas. Al no existir pisos mínimos de votos para el reparto de cargos, la fragmentación podría aumentar, permitiendo el ingreso de fuerzas muy pequeñas a los concejos deliberantes, pero fortaleciendo al mismo tiempo a los frentes mayoritarios que logren sumar los caudales de sus cuatro listas permitidas. El impacto también se sentirá en la logística electoral, dado que la multiplicidad de opciones dentro de una misma categoría exigirá una readecuación de las pantallas del sistema electrónico y una mayor capacitación para los votantes, quienes deberán distinguir entre listas que pertenecen a un mismo frente pero que compiten entre sí por la preferencia del electorado.
El proceso judicial ahora entra en una etapa de definiciones técnicas donde el Presidente de la Corte debe dar traslado de la demanda al Fiscal de Estado y a los representantes legales de los organismos involucrados. El plazo para esta resolución es acotado, dado que el calendario electoral provincial exige certezas normativas antes del cierre de alianzas. La tensión entre la autonomía provincial para dictar sus propias leyes electorales y los principios de representatividad que emanan de la Constitución Nacional será el eje del debate jurídico que definirá cómo votarán los salteños en la próxima contienda en las urnas.
