La Justicia de Río Negro imputó este jueves a una acompañante terapéutica acusada de integrar una asociación ilícita dedicada a defraudar a la obra social provincial IPROSS mediante la falsificación de prestaciones médicas no realizadas en General Roca.
La fiscal adjunta Gimena Ducca formalizó la acusación contra la profesional, cuya identidad se vincula al Establecimiento de Salud Mental Valle Sereno-San Cirano S.A. Según la investigación del Ministerio Público Fiscal, la imputada habría participado activamente en 21 hechos delictivos ocurridos entre noviembre de 2021 y julio de 2023. La maniobra consistía en la simulación de tareas de acompañamiento que nunca se concretaron, pero que fueron debidamente facturadas al Estado provincial. La acusación la señala como partícipe necesaria del delito de estafas reiteradas agravadas por haber sido cometidas en perjuicio de la administración pública, un cargo que conlleva penas de cumplimiento efectivo dada la sistematicidad del fraude detectado por los peritos contables.
El esquema delictivo no operaba de forma aislada. De acuerdo con las pruebas presentadas ante el juez de Garantías, la acompañante terapéutica formaba parte de una estructura jerárquica que incluía a un médico clínico y psiquiatra, una licenciada en psicología y otros integrantes del equipo interdisciplinario de la clínica San Cirano. Fuentes judiciales indicaron que el grupo falsificaba historias clínicas, planillas de asistencia y registros de pacientes ambulatorios bajo la modalidad de “Hospital de Día”. Esta categoría permitía facturar módulos diferenciados con montos significativamente superiores a las prestaciones básicas. La mecánica se completaba cuando la presidencia del establecimiento elevaba la documentación apócrifa al Departamento de Rendiciones Médicas y Sanatoriales del IPROSS, logrando la aprobación de expedientes de pago por servicios inexistentes.
Durante la audiencia, el defensor penal público Juan Pablo Chirinos no presentó objeciones a la formulación de cargos, aunque solicitó la realización de una pericia caligráfica para determinar la veracidad de las firmas en las planillas cuestionadas. El juez interviniente aceptó el pedido de la fiscalía y fijó un plazo de cuatro meses para la investigación penal preparatoria. El sustento probatorio acumulado hasta el momento incluye informes técnicos de la Unidad de Asistencia a la Investigación Fiscal, datos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), registros de la O.I.Tel y auditorías del Ministerio de Salud de Río Negro. Los investigadores sostienen que el volumen de la documentación secuestrada permite inferir un perjuicio patrimonial millonario para las arcas públicas rionegrinas.
Contexto
Este caso en Río Negro se inscribe en una tendencia creciente de auditorías sobre los sistemas de seguridad social en Argentina. La denuncia original fue radicada por las propias autoridades del IPROSS en mayo de 2024, tras detectar inconsistencias en las rendiciones de cuentas del establecimiento San Cirano. Sin embargo, el fenómeno de la defraudación sanitaria no es exclusivo de la Patagonia. A nivel nacional, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) atraviesa una crisis similar. Bajo la gestión de Esteban Leguízamo, el organismo detectó un fraude estimado en 700 millones de pesos, donde se identificaron maniobras idénticas: facturación de servicios a afiliados fallecidos y volúmenes de atención que superan cualquier capacidad física humana.
En el ámbito nacional, la Justicia Federal ha intervenido en casos extremos, como el de un cardiólogo en Acebal, Santa Fe, quien aseguró haber realizado más de 50.000 estudios médicos a 5.000 afiliados entre 2023 y 2025. Los fiscales Andrés Montefeltro y Virginia Sosa, junto a la UFI-PAMI, determinaron que el profesional cobró cerca de 580 millones de pesos por prácticas que, en muchos casos, correspondían a pacientes que residían en otras provincias o que ya habían muerto. Estos antecedentes han puesto en alerta a todas las obras sociales provinciales, que han comenzado a cruzar datos con el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) y la ARCA para frenar el drenaje de fondos públicos hacia prestadores privados irregulares.
Impacto
La imputación de la acompañante terapéutica en General Roca tiene un impacto directo en la transparencia del sistema de salud mental regional. Al tratarse de una modalidad de “Hospital de Día”, el fraude afecta no solo el presupuesto, sino la calidad del control sobre pacientes vulnerables que requieren asistencia constante. La detección de 283 prácticas realizadas sobre 95 pacientes en solo cinco horas, o registros de 689 órdenes electrónicas en un solo día por un mismo profesional, demuestra una falta de controles sistémicos que las obras sociales ahora buscan subsanar con tecnología de geolocalización y validación biométrica. Para el afiliado del IPROSS, estas maniobras se traducen en una demora en la autorización de insumos y medicamentos, dado que los fondos destinados a salud son desviados mediante estas facturaciones ficticias.
Por otro lado, la resolución de este caso sentará un precedente para el resto de los profesionales implicados en la clínica San Cirano. La fiscalía ha dejado claro que la responsabilidad no recae únicamente en los directivos, sino en cada eslabón de la cadena que firmó planillas falsas. La baja de más de 1.500 prestadores a nivel nacional por cobros indebidos y falta de protocolos de seguridad e higiene marca un cambio de paradigma en la relación entre el Estado y sus proveedores de salud. La rigurosidad en la etapa de investigación preparatoria en Río Negro determinará si la estructura delictiva contaba con complicidades internas dentro de la propia obra social, una hipótesis que los investigadores no descartan debido a la facilidad con la que se aprobaron los pagos durante casi dos años.
El proceso judicial continuará con el análisis de los soportes informáticos secuestrados y la declaración de testigos clave que trabajaron en la institución entre 2021 y 2023. Se espera que en los próximos meses se realicen nuevas imputaciones que alcancen a la cúpula administrativa del establecimiento de salud mental. Mientras tanto, el IPROSS ha reforzado sus mecanismos de auditoría interna para evitar que se repitan esquemas de facturación por servicios no prestados, en un contexto de fuerte restricción presupuestaria para el sector sanitario.
