Equipos de rescate trabajan en Catia La Mar, Venezuela, para extraer a Hernán Gil, un guardia de seguridad de 43 años que permanece con vida tras siete días sepultado bajo los escombros de un edificio destruido por el doble sismo.
La operación de salvamento, que se desarrolla en la zona costera del estado de La Guaira, alcanzó una fase crítica este jueves tras el hallazgo de Gil en la garita de seguridad donde cumplía funciones el pasado 24 de junio. Según informaron fuentes de los equipos de emergencia en el lugar, el hombre se encuentra localizado dentro de una estructura metálica que lo protegió del colapso total del edificio. El operativo involucra a especialistas de Estados Unidos, El Salvador, Costa Rica, Portugal, México, Chile y Venezuela, quienes han excavado dos rutas simultáneas durante las últimas 72 horas. Para garantizar la seguridad de los rescatistas y del propio Gil, se procedió a reforzar los cimientos con estructuras de madera y hierro, evitando nuevos desplazamientos de la masa de concreto que podrían ser fatales ante la inestabilidad del terreno.
El estado de salud de Gil fue calificado como estable dadas las circunstancias extremas. Los socorristas lograron suministrarle hidratación a través de una sonda y aire mediante un tubo instalado entre las grietas de la estructura. Cristian Vera, jefe del equipo de rescate chileno, detalló que la complejidad del acceso radica en un “tapón de metal” perteneciente a la propia garita que bloquea la salida final hacia un túnel de tres metros ya construido. A pesar del encierro prolongado, los brigadistas destacaron la entereza psicológica del sobreviviente. “Él está muy bien, está tranquilo y dice que se acuerda del cumpleaños de su hija”, indicaron fuentes institucionales que mantienen contacto verbal con el hombre. Su esposa, Gusbimar González, describió el hallazgo como un milagro, explicando que el movimiento telúrico desplazó la cabina de seguridad, dejándola encajonada entre paredes que no llegaron a aplastarla por completo.
Contexto
La tragedia que mantiene en vilo a Venezuela se originó el 24 de junio con un doble sismo de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter, cuyo epicentro afectó severamente la región norte del país. El balance oficial actualizado por las autoridades venezolanas cifra en 2.295 las víctimas fatales confirmadas, aunque los organismos internacionales manejan proyecciones mucho más alarmantes. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el número de desaparecidos podría ascender a 50.000 personas, una cifra que el gobierno de Delcy Rodríguez ha evitado confirmar de manera oficial. La magnitud del desastre se refleja en la infraestructura: observaciones satelitales de la NASA indican que aproximadamente 58.000 edificios resultaron dañados o destruidos en toda la zona afectada, dejando a miles de ciudadanos sin hogar y en condiciones de extrema vulnerabilidad.
Este evento sísmico ocurre en un momento de fragilidad estructural para Venezuela. Antes de la catástrofe, la ONU ya estimaba que cerca de 8 millones de personas requerían asistencia humanitaria debido a la crisis socioeconómica preexistente. La destrucción de La Guaira, una zona que albergaba a unos 30.000 ciudadanos al momento del sismo, ha colapsado los servicios básicos y la capacidad de respuesta local. De acuerdo con los registros oficiales, solo 6.461 personas fueron rescatadas por equipos profesionales, mientras que otras 13.000 lograron evacuar por sus propios medios. El resto de la población permanece bajo un manto de incertidumbre, con redes sociales saturadas de pedidos de búsqueda y fotos de familias desaparecidas, mientras el país cumple siete días de duelo nacional decretados por el Poder Ejecutivo.
Impacto
El impacto económico y sanitario de los terremotos representa un desafío sin precedentes para la administración actual. La ONU estima las pérdidas materiales en 6.700 millones de dólares, lo que equivale al 6% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. En términos de salud pública, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió sobre una “presión extrema” en los centros asistenciales y un riesgo inminente de brotes infecciosos y virales debido a la falta de agua potable y el hacinamiento en refugios improvisados. Actualmente, el gobierno contabiliza 13.000 damnificados, pero el Programa Mundial de Alimentos (PMA) eleva esa cifra potencial hasta los siete millones de personas en necesidad de asistencia urgente, solicitando a la comunidad internacional un fondo de 50 millones de dólares para cubrir las necesidades básicas de alimentación durante el próximo trimestre.
La situación en el terreno es crítica para quienes sobrevivieron pero perdieron sus viviendas. Fátima Berroterán, residente de un condominio dañado en La Guaira, señaló que la ayuda humanitaria comenzó a llegar de manera regular recién en las últimas horas, principalmente suministros de agua. Miles de personas pernoctan en estacionamientos, canchas deportivas y campamentos a la intemperie, enfrentando la escasez de suministros médicos y alimentos. La presencia de 27 países que han movilizado especialistas y perros de búsqueda subraya la gravedad de la crisis, mientras la ONU se prepara para el peor escenario con el suministro de 10.000 bolsas mortuorias, aunque los equipos de rescate mantienen la prioridad en la localización de sobrevivientes bajo las estructuras marcadas con la nomenclatura internacional de inspección.
El rescate de Hernán Gil se ha convertido en el símbolo de esperanza para una nación golpeada por la tragedia y la precariedad. Mientras los ingenieros y socorristas terminan de remover el obstáculo metálico que impide su salida, la atención se centra en la capacidad del sistema sanitario para estabilizar a los sobrevivientes que han pasado más de una semana sin alimentación sólida. El próximo paso inmediato, una vez concretada la extracción, será el traslado de Gil a un centro de alta complejidad para tratar posibles cuadros de deshidratación severa y síndrome de aplastamiento. La resolución de este caso marcará el cierre de la fase de búsqueda intensiva, dando paso a una etapa de reconstrucción que, según analistas económicos, demandará años de inversión y asistencia internacional sostenida.
