La Justicia de Mendoza dictó la prisión preventiva para David Enrique Demaldé Gutiérrez, acusado del asesinato de su madre, la exconcejal Margarita Iris Gutiérrez, tras el hallazgo de perfiles genéticos coincidentes en la escena del crimen en Junín.
La resolución judicial, impulsada por el Ministerio Público Fiscal bajo la coordinación del fiscal jefe Mariano Carbajal, se fundamenta en una serie de pruebas técnicas y testimoniales que vinculan directamente al hijo mayor con el homicidio de la docente jubilada. Según informaron fuentes judiciales del departamento de Junín, los análisis de ADN practicados en el domicilio de la víctima resultaron determinantes para que los fiscales Facundo Garnica y Carlos Alberto Giuliani solicitaran la medida de coerción. El cuerpo de la mujer fue hallado en una galería interna de su vivienda, ubicada entre la cocina y la cochera, presentando quemaduras severas localizadas específicamente en el torso y la cabeza, lo que para los investigadores representó un intento deliberado de borrar evidencias biológicas mediante el uso de fuego.
El hallazgo del cadáver se produjo luego de que una vecina alertara a las autoridades policiales al notar que la puerta de la propiedad permanecía abierta durante varias horas sin movimiento aparente. Al ingresar, los agentes de la Policía de Mendoza preservaron la escena, donde inicialmente se barajó la posibilidad de un accidente doméstico o un robo violento. Sin embargo, la ausencia de faltantes de valor y la saña detectada en las lesiones orientaron la pesquisa hacia un homicidio agravado por el vínculo. Los peritos de la Policía Científica confirmaron que los rastros biológicos recolectados en diversos puntos de la casa coinciden con el perfil genético de David Demaldé, quien ya se encontraba bajo la lupa de los investigadores debido a una relación conflictiva persistente con su madre.
De acuerdo con los informes elevados al juzgado interviniente, la fiscalía valoró negativamente los antecedentes de violencia previa y el distanciamiento existente entre el acusado y la víctima. Fuentes del Ministerio Público Fiscal indicaron que existían reportes sobre problemas de consumo de estupefacientes por parte de Demaldé, factor que habría profundizado las tensiones familiares en los meses previos al ataque. Durante la etapa de recolección de pruebas, los tres hijos de Gutiérrez fueron sometidos a extracciones de material genético para cotejo, pero los resultados solo comprometieron la situación procesal del hijo mayor. Los investigadores sostienen que el intento de incinerar el cuerpo no fue un acto fortuito, sino una maniobra planificada para dificultar la identificación de las causas de muerte y eliminar rastros de contacto físico previo al deceso.
Contexto
Margarita Iris Gutiérrez era una figura de amplia trayectoria pública en la zona este de Mendoza, donde se desempeñó como docente y ocupó una banca en el Concejo Deliberante de Junín. Su asesinato generó una fuerte conmoción social, no solo por su rol político y educativo, sino también por el vínculo de su familia con el ámbito deportivo profesional. La víctima era madre de Ever Demaldé, reconocido director técnico con pasado en Independiente Rivadavia, lo que otorgó al caso una trascendencia mediática que traspasó las fronteras departamentales. Los antecedentes de la causa revelan que la relación entre Margarita y David había atravesado episodios de violencia denunciados por allegados, lo que permitió a la fiscalía construir una línea de investigación sólida basada en el historial de hostilidad intrafamiliar.
La investigación se inició formalmente tras el peritaje de bomberos y médicos forenses, quienes descartaron que el incendio se hubiera originado por una falla eléctrica o una pérdida de gas. Las pericias determinaron que el fuego fue focalizado sobre el cuerpo de la mujer una vez que esta ya se encontraba sin vida o en estado de indefensión, reforzando la figura de homicidio calificado. Este tipo de crímenes, que involucran el parricidio, cuentan con antecedentes complejos en la jurisprudencia mendocina, donde la carga probatoria genética suele ser el eje de las condenas perpetuas. La fiscalía remarcó que, en este caso, la combinación de ADN y el contexto de vulnerabilidad de la víctima por su edad avanzada configuran un escenario de extrema gravedad institucional.
Impacto
La decisión de dictar la prisión preventiva responde a la necesidad de garantizar que el proceso judicial avance sin interferencias externas. Según explicaron desde el Ministerio Público, existe un riesgo procesal concreto de fuga o de entorpecimiento de la investigación, dado que aún restan producirse peritajes complementarios sobre dispositivos electrónicos y testimonios de personas del círculo íntimo que podrían sentirse intimidadas por el acusado en libertad. Para la comunidad de Junín, el avance de la causa representa un paso hacia el esclarecimiento de un hecho que alteró la percepción de seguridad en la zona, mientras que para el sistema judicial mendocino, la celeridad en los resultados de ADN se presenta como un estándar de eficiencia en la resolución de crímenes de alta complejidad.
El impacto también se extiende a la estructura familiar de los Demaldé, quienes se encuentran divididos por el proceso judicial. La confirmación de la preventiva por parte del juez interviniente valida el cúmulo de indicios presentados por los fiscales Garnica y Giuliani, quienes subrayaron que la hipótesis del robo quedó totalmente descartada al no detectarse ingresos forzados en aberturas ni desorden compatible con la búsqueda de dinero o bienes. La resolución judicial pone el foco en la protección de la prueba biológica, considerada la “reina de las pruebas” en este expediente, y asegura que el imputado permanezca bajo custodia estatal mientras se eleva la causa a juicio oral y público, donde podría enfrentar la pena máxima prevista en el Código Penal Argentino.
Actualmente, el expediente se mantiene bajo un estricto secreto de sumario parcial mientras se aguardan los resultados finales de la necropsia, los cuales determinarán con precisión la causa mecánica de la muerte antes de la acción del fuego. La fiscalía no descarta realizar nuevas inspecciones oculares en la vivienda de la calle Ladislao Segura si surgieran contradicciones en las declaraciones de los testigos que han comenzado a comparecer en la sede judicial. El próximo paso procesal será la confirmación de la elevación a juicio, una vez que se completen los estudios psiquiátricos y psicológicos obligatorios para el acusado, los cuales buscarán determinar su comprensión de la criminalidad de los actos que se le imputan.
