Cristian Peña, hermano de Loan Danilo Peña, declaró este miércoles ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes que recibió comunicaciones de desconocidos que le ofrecieron negociar la aparición del niño de cinco años desaparecido en junio de 2024.
La audiencia, desarrollada en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, marcó una jornada clave en el juicio oral que busca esclarecer la sustracción y el ocultamiento del menor. Cristian Peña detalló bajo juramento que, en los días iniciales de la búsqueda, recibió un mensaje de texto donde se le planteaba la posibilidad de hablar directamente con Loan o establecer una instancia de negociación. Según indicaron fuentes judiciales presentes en el recinto, el joven ratificó que este hecho fue denunciado formalmente en su momento, aunque aportó un dato que complica la situación de una de las principales acusadas: María Victoria Caillava. El testigo afirmó que la exfuncionaria municipal fue quien lo trasladó en su vehículo particular para realizar dicha denuncia, describiéndola como una persona que se encontraba en un estado de desesperación y nerviosismo extremo durante el trayecto.
El testimonio de Cristian no fue el único que aportó elementos de peso para la fiscalía y las querellas. Sus hermanos Alfredo, José, César y Fernando también comparecieron ante los jueces, completando la ronda de declaraciones familiares que se inició el martes con los padres, María Noguera y José Peña, y el hermano mayor, Mariano. José Omar Peña brindó la declaración más extensa de la fecha, reconstruyendo minuciosamente las primeras 48 horas tras la desaparición en el paraje Algarrobal. Por su parte, Alfredo Peña se quebró emocionalmente en dos oportunidades durante su alocución, pero logró aportar una precisión geográfica y logística fundamental: aseguró que el naranjal donde supuestamente se perdió el niño no es un sitio donde alguien pueda extraviarse con facilidad, contradiciendo las primeras versiones de la defensa. Además, Alfredo ubicó al excomisario Walter Maciel regresando en una camioneta policial en un horario que resulta inconsistente con los reportes oficiales de los rastrillajes iniciales.
La estructura de la acusación se divide en dos grandes ejes que el tribunal intenta desentramar mediante estos relatos. Por un lado, la causa principal tiene como imputados a la tía del niño, Laudelina Peña, y a su esposo, Antonio Bernardino Benítez, junto a la pareja conformada por María Victoria Caillava y el capitán de navío retirado Carlos Pérez. También se encuentran en el banquillo Mónica del Carmen Millapi, Daniel “Fierrito” Ramírez y el excomisario Maciel. Todos ellos enfrentan cargos por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan. Fuentes del Ministerio de Seguridad de la Nación señalaron que la consistencia de los relatos de los hermanos Peña busca demostrar que existió un plan coordinado para desviar la atención de los investigadores desde el momento en que se perdió el rastro del menor tras el almuerzo en la casa de su abuela.
Contexto
Loan Danilo Peña desapareció el 13 de junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio, luego de participar en un almuerzo familiar en la vivienda de su abuela Catalina. Lo que inicialmente fue reportado como un extravío accidental en una zona rural rápidamente derivó en una investigación por trata de personas y sustracción de menores, dadas las irregularidades detectadas en los testimonios de los adultos presentes. El caso generó una crisis institucional en la provincia de Corrientes, provocando el relevo de la cúpula policial local y la intervención de fuerzas federales. Los antecedentes del caso muestran una cadena de encubrimientos que derivó en una segunda causa paralela, donde se juzga a diez personas, entre ellas Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel Soria, Elizabeth Cutaia y Alan Cañete, por delitos vinculados al desvío de la investigación y el entorpecimiento de la justicia. Este juicio llega tras meses de peritajes telefónicos y excavaciones fallidas que mantuvieron al país en vilo durante el invierno de 2024.
Impacto
La revelación sobre los intentos de negociación y el comportamiento de Caillava impacta directamente en la estrategia de las defensas, que intentaban sostener la hipótesis de un accidente o una pérdida fortuita en el campo. De acuerdo con analistas del proceso penal, si se comprueba que hubo un ofrecimiento de rescate o una negociación por el niño, la figura de la sustracción con fines de explotación o venta cobra una fuerza jurídica determinante. Esto eleva las penas potenciales para los acusados a niveles de reclusión perpetua. Asimismo, el señalamiento directo contra el excomisario Maciel por parte de Alfredo Peña refuerza la teoría del encubrimiento estatal, sugiriendo que la policía local no solo fue ineficiente, sino que participó activamente en la protección de los responsables. Para la sociedad correntina y las organizaciones de derechos del niño, el avance de este juicio representa un precedente crítico sobre la capacidad del Estado para desarticular redes de captación que operan en zonas vulnerables del interior del país.
El proceso judicial continuará este jueves con una de las declaraciones más esperadas: la de la abuela Catalina. Su testimonio es considerado vital, ya que ella fue la anfitriona del almuerzo y quien posee el conocimiento más profundo sobre los vínculos familiares y las internas que pudieron haber desencadenado el hecho. Los jueces del tribunal han solicitado medidas de seguridad adicionales para la mujer, dada su avanzada edad y la presión social que rodea el caso. Mientras tanto, los peritos informáticos de la Policía Federal Argentina continúan analizando los dispositivos secuestrados a los imputados de la causa paralela, buscando conexiones que permitan determinar el paradero final de Loan, una incógnita que, a pesar del avance del juicio, sigue sin resolverse de manera definitiva.
