La Justicia Federal de Rosario formalizó la imputación contra los dueños de una carnicería en la localidad de Andino, Santa Fe, tras el hallazgo de 109 kilogramos de marihuana ocultos en un freezer durante un operativo por abigeato.
El juez de garantías Carlos Vera Barros dispuso la prisión preventiva por 60 días para la pareja propietaria del establecimiento, cuya identidad se mantiene bajo reserva judicial, aunque se confirmó que el hombre posee antecedentes penales recientes. La resolución judicial responde a la solicitud de los fiscales Federico Reynares Solari y Matías Mené, de la Unidad Fiscal Rosario, quienes presentaron pruebas recolectadas desde mayo pasado. El caso se originó de manera fortuita cuando la Guardia Rural “Los Pumas” ingresó al local para investigar una denuncia por robo y faena ilegal de ganado. Durante la inspección, realizada junto a personal de la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (ASSAl), los agentes detectaron irregularidades en el sector de almacenamiento. Al abrir uno de los congeladores destinados a productos cárnicos, hallaron una bolsa negra que contenía 181 envoltorios rectangulares sellados con cinta adhesiva, los cuales arrojaron un peso total de 109 kilos de cannabis tras las pericias de la Policía de Investigaciones (PDI).
La investigación del Ministerio Público Fiscal sostiene que el comercio funcionaba como una pantalla para una red de comercialización de estupefacientes a escala regional. Según los peritajes realizados sobre teléfonos secuestrados y el análisis de movimientos logísticos, el dueño del local realizaba viajes frecuentes a la ciudad de Santa Fe para adquirir la droga. Posteriormente, la mercadería era trasladada al establecimiento comercial donde su cuñado, identificado como Adrián Gustavo G. de 32 años, se encargaba del acopio y resguardo dentro de la estructura del negocio. En el mismo procedimiento inicial, las autoridades debieron decomisar y desnaturalizar 439 kilos de carne vacuna, 80 kilos de carne porcina, embutidos y achuras que no cumplían con las normativas sanitarias vigentes, además de secuestrar una carabina calibre .22 con 18 cartuchos sin la documentación correspondiente.
Tras la detención inicial de Adrián Gustavo G. en mayo, la PDI profundizó las tareas de inteligencia con tres allanamientos adicionales en el Departamento Iriondo. Los operativos se llevaron a cabo en viviendas ubicadas en las calles Las Heras al 700, Perú al 200 y Florida al 400. En estos domicilios, los efectivos policiales incautaron un ladrillo adicional de marihuana, cogollos, plantas en proceso de secado, dosis de cocaína y herramientas de logística criminal como balanzas de precisión y una máquina contadora de billetes. También se recuperaron 66.640 pesos en efectivo y cuatro teléfonos celulares que resultaron clave para establecer el vínculo directo entre los dueños del local y la cadena de suministro. Fuentes del Ministerio Público Fiscal indicaron que la modalidad de comercialización estaba agravada por la intervención de tres o más personas organizadas para el tráfico.
Contexto
Este operativo se inscribe en un contexto de creciente presión sobre las rutas de distribución de estupefacientes en el cordón industrial y las zonas rurales aledañas a Rosario. La utilización de comercios legales, como carnicerías o depósitos de alimentos, para el enmascaramiento de sustancias ilícitas es una tendencia que las fuerzas de seguridad han detectado con mayor frecuencia en el último bienio. Un dato central que agrava la situación procesal del principal imputado es su historial delictivo previo. El hombre había recuperado su libertad apenas semanas antes del hallazgo, concretamente el 4 de mayo de 2024, tras cumplir una condena de 5 años de prisión efectiva por infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes. Esta reincidencia inmediata fue utilizada por la fiscalía para argumentar el riesgo procesal y la necesidad de la medida de coerción actual.
La localidad de Andino, donde se produjeron las detenciones finales el martes pasado, se había convertido en el refugio de la pareja tras el allanamiento inicial en su comercio. De acuerdo con los investigadores de la PDI, los sospechosos realizaron cambios de domicilio en reiteradas oportunidades durante el último mes para evadir la acción de la justicia, lo que motivó al juez Vera Barros a considerar la existencia de un peligro de fuga latente. La coordinación entre la justicia provincial, que inició la causa por abigeato, y la justicia federal, que tomó competencia ante el hallazgo de la droga, permitió desarticular un punto de distribución que, por el volumen de la carga encontrada, superaba ampliamente el consumo minorista local, sugiriendo una capacidad de abastecimiento a otras localidades del sur santafesino.
Impacto
El impacto de este procedimiento es doble, afectando tanto a la seguridad pública como a los controles de salud alimentaria en la región. La presencia de más de 100 kilos de marihuana en un freezer junto a productos destinados al consumo humano directo evidencia una degradación total de los protocolos sanitarios y un riesgo epidemiológico para la población que frecuentaba el comercio. Desde la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria señalaron que la desnaturalización de los más de 500 kilos de carne fue necesaria no solo por la falta de trazabilidad del ganado (presuntamente robado), sino por la contaminación cruzada con sustancias químicas y el almacenamiento inadecuado de los estupefacientes junto a los alimentos.
En términos judiciales, la imputación por coautoría de tráfico de estupefacientes en la modalidad de comercialización establece un precedente sobre la responsabilidad de los titulares de establecimientos comerciales en los delitos cometidos dentro de sus predios. La fiscalía subrayó que la pareja “disponía de los estupefacientes almacenados a resguardo en el inmueble que habitaba y donde funcionaba la carnicería de su propiedad”, lo que anula cualquier argumento de desconocimiento sobre la actividad ilícita que allí se desarrollaba. Para los operadores del mercado legal de carnes en el Departamento Iriondo, el caso genera una alerta sobre la competencia desleal y el uso de rubros tradicionales para el lavado de activos o el financiamiento de bandas criminales.
La causa entrará ahora en una etapa de producción de prueba técnica, donde el análisis de las cámaras de seguridad secuestradas y la apertura de los cuatro teléfonos celulares restantes podrían revelar conexiones con proveedores de mayor jerarquía en la ciudad de Santa Fe. Se espera que en los próximos 60 días la fiscalía presente el requerimiento de elevación a juicio, mientras los tres detenidos permanecen bajo custodia del Servicio Penitenciario. La tensión pendiente radica en determinar si esta estructura era una célula autónoma o si respondía a una organización narcocriminal con base en Rosario que utiliza los pueblos del interior para el enfriamiento de la droga.
