La contadora Natalia Foresio se negó este martes a ampliar su declaración indagatoria ante el juez federal Ernesto Kreplak en La Plata, en el marco de una investigación por asociación ilícita fiscal que suma cinco nuevos detenidos.
La decisión de la imputada, asistida por sus abogados Miguel Molina y Alfredo Gascón, se produjo en una semana crítica para la causa, donde la Justicia Federal ordenó diez allanamientos simultáneos ejecutados por la Gendarmería Nacional Argentina. Los nuevos operativos resultaron en la detención de Jorge Emilio Mangini, Juan Manuel Arteche, Maximiliano Nicolás Maldonado, Agustín Loguzzo y Franco Nicolás Leonardi. Según fuentes del Juzgado Criminal y Correccional Federal N°3 de La Plata, estos individuos formarían parte de un segundo anillo operativo en la estructura de evasión y lavado de activos que lideraría Foresio junto a su pareja, Luis Mauricio Cortazzo. La fiscalía sostiene que la red operaba mediante un sofisticado sistema de tres niveles: empresas “usinas” que generaban facturas falsas, firmas intermedias que distribuían el crédito fiscal y compañías reales que utilizaban estos documentos para reducir ilegalmente sus cargas tributarias ante el fisco nacional.
El peritaje técnico sobre los dispositivos electrónicos secuestrados a la contadora resultó determinante para esta nueva fase de la instrucción. De acuerdo con informes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), se detectaron conversaciones directas entre Foresio, Mangini y Loguzzo que detallaban la confección de facturas, la compraventa de sociedades y la administración de firmas como ALLBAMEPAL SA, PUNTA DEL INDIO SAS, VENTAS@TOTALES SA, SOLUCIONES@DINÁMICAS SAS y ARGENTINA DINÁMICA SA. Estas entidades habrían funcionado como una nueva usina de crédito fiscal espurio, logrando incluso posicionarse como proveedoras del Estado. Los registros oficiales indican que cuatro de estas cinco empresas facturaron más de 2.000 millones de pesos a la Superintendencia de Salud de la Policía de la Provincia de Buenos Aires entre 2021 y 2024, vinculándose directamente con el estudio contable de la imputada a través de sus direcciones IP y datos de contacto profesional.
La defensa de Foresio, mientras tanto, centra sus esfuerzos en un pedido de excarcelación que ya fue remitido a la Fiscalía Federal N°3 para su dictamen. El abogado Miguel Molina argumentó que su defendida es la única persona privada de libertad en un expediente que cuenta con decenas de procesados que permanecen en libertad. Desde julio de 2025, Foresio cumple arresto domiciliario tras un breve paso por el penal de Ezeiza, bajo condiciones estrictas que incluyen rondines policiales, la prohibición de utilizar dispositivos electrónicos y la baja voluntaria de su matrícula profesional. La defensa sostiene que no existe riesgo de fuga ni de entorpecimiento de la investigación, dado que las medidas de prueba más relevantes ya fueron producidas y la contadora ha cumplido con el cierre definitivo de su estudio contable en la capital bonaerense, ofreciendo además la colocación de una tobillera electrónica como garantía adicional de sujeción al proceso.
Contexto
La investigación penal tuvo su origen el 24 de mayo de 2024, tras una denuncia formal presentada por la entonces Administración Federal de Ingresos Públicos, hoy reconvertida en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Los inspectores del organismo detectaron inconsistencias sistémicas en el comportamiento tributario de un grupo de sociedades que compartían domicilios fiscales y apoderados legales en la zona de La Plata y el Gran Buenos Aires. El esquema delictivo, que según la Justicia comenzó a operar en el año 2020 aprovechando las restricciones de la pandemia, se basaba en la creación de Sociedades de Acciones Simplificadas (SAS) para agilizar la emisión de comprobantes electrónicos por servicios nunca prestados. En mayo de 2025, el juez Kreplak dictó el primer procesamiento contra Foresio, Cortazzo, Hugo Fernando Gatti y Claudia Mariela Soria, acusándolos de asociación ilícita fiscal e intermediación financiera no autorizada.
Este tipo de maniobras, conocidas técnicamente como “carrusel de IVA”, permiten a las empresas beneficiarias finales compensar débitos fiscales con créditos inexistentes, generando un perjuicio directo a las arcas públicas. La magnitud de la causa Foresio reside en el volumen de la facturación detectada: los peritos contables de la Corte Suprema y los técnicos de ARCA estiman que el perjuicio total al Estado supera los 40.000 millones de pesos. A lo largo de los últimos dos años, la instrucción ha incorporado el denominado “incidente 55”, un cuerpo probatorio que expande la acusación original hacia delitos de defraudación a la administración pública, debido a la infiltración de la red en las licitaciones de la Superintendencia de Servicios Sociales de la Policía bonaerense, donde se habrían cobrado sumas millonarias por insumos médicos y servicios de salud inexistentes.
Impacto
El avance de esta causa representa uno de los golpes más significativos contra las organizaciones dedicadas a la ingeniería contable para la evasión en la provincia de Buenos Aires. El impacto no es solo recaudatorio, sino institucional, al quedar expuesta la vulnerabilidad de los controles en las contrataciones de la fuerza de seguridad provincial. Fuentes del Ministerio de Seguridad bonaerense indicaron que se ha iniciado una auditoría interna para determinar cómo estas empresas “fantasma” lograron sortear los filtros de legalidad para convertirse en proveedores recurrentes de la Superintendencia de Salud. La detección de más de 2.000 millones de pesos en pagos irregulares pone bajo la lupa a los funcionarios encargados de autorizar dichas erogaciones entre los años 2021 y 2024, lo que podría derivar en nuevas imputaciones por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Para el mercado profesional, el caso Foresio marca un precedente sobre la responsabilidad penal de los contadores públicos en el diseño de estructuras societarias. La suspensión de la matrícula de la principal acusada y el cierre de su estudio son señales que la Justicia busca enviar para desalentar la creación de usinas de facturación. Por otro lado, la detención de los cinco nuevos implicados —Mangini, Arteche, Maldonado, Loguzzo y Leonardi— sugiere que la red contaba con una logística de “testaferros” y administradores de campo que permitía atomizar las operaciones y dificultar el rastreo del dinero. La trazabilidad de los fondos, que ahora se investiga bajo la figura de lavado de activos, busca determinar si el dinero evadido fue reinsertado en el sistema legal a través de la compra de bienes inmuebles o vehículos de alta gama, lo que ampliaría aún más el embargo preventivo que ya pesa sobre los principales involucrados.
El futuro procesal de la causa depende ahora de la resolución del juez Kreplak sobre el pedido de excarcelación de Foresio y del análisis de la documentación secuestrada en los últimos diez allanamientos. Se espera que en las próximas semanas los nuevos detenidos presten declaración indagatoria, lo que podría aportar datos sobre otros eslabones de la cadena de mando. La fiscalía no descarta que existan más empresas involucradas, dado que el entrecruzamiento de llamadas y correos electrónicos sigue revelando conexiones con otras firmas del sector servicios. Con nueve procesados y una cifra de defraudación que sigue creciendo a medida que se analizan los ejercicios contables de 2024, la megacausa de La Plata se encamina hacia una etapa de elevación a juicio oral que marcará un hito en la lucha contra la delincuencia económica organizada en el país.
