Venezuela enfrenta una catástrofe humanitaria tras los dos terremotos que dejaron 1450 muertos, 3150 heridos y 50.000 desaparecidos, mientras los ciudadanos remueven escombros con herramientas precarias ante la falta de una respuesta oficial coordinada en las zonas afectadas.
La magnitud del desastre se refleja en el colapso total de al menos 189 edificaciones, principalmente en la región costera de La Guaira, donde la población civil se ha transformado en una marea de voluntarios. Sin una dirección clara por parte del Estado, miles de personas se movilizaron con picos, palas, linternas y pequeñas plantas eléctricas para intentar rescatar a sobrevivientes atrapados. Según fuentes de los equipos de emergencia en el terreno, las primeras 72 horas son críticas para hallar personas con vida, pero la falta de organización logística está ralentizando las tareas. El flujo descontrolado de vehículos particulares con donaciones ha bloqueado las principales vías de acceso, impidiendo el paso de las ambulancias y de las cuadrillas especializadas que arribaron al país.
Hasta el sábado, aterrizaron 17 vuelos internacionales con más de 1600 rescatistas extranjeros para colaborar en las tareas de salvamento. Sin embargo, la operatividad del Aeropuerto Internacional de Maiquetía es limitada. De acuerdo con informes técnicos de la terminal aérea, las pistas presentan fracturas importantes y deformaciones estructurales que ponen en riesgo el aterrizaje de aeronaves de gran porte. Aunque las autoridades estadounidenses confirmaron una reapertura parcial para recibir ayuda humanitaria, los pilotos advierten que la pista paralela y la pista antigua destinada a vuelos nacionales sufrieron daños en su capa de soporte. La normalización total de las operaciones comerciales recién se estima para el próximo 2 de julio, siempre que se logre rehabilitar la pista principal.
Contexto
La vulnerabilidad de Venezuela ante estos eventos no es un fenómeno nuevo, sino que responde a su ubicación geográfica sobre un sistema complejo de fallas geológicas compuesto por El Pilar, San Sebastián y Boconó. Esta confluencia en el norte del territorio nacional incrementa históricamente la probabilidad de movimientos telúricos de gran magnitud. El antecedente más directo y traumático para la memoria colectiva es el terremoto del 29 de julio de 1967, que afectó a Caracas y el litoral central dejando 245 fallecidos. Aquella tragedia impulsó la creación de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) y el desarrollo de normativas de construcción sismorresistentes que, según expertos del sector, no han sido aplicadas de manera uniforme en las décadas posteriores.
Especialistas en ingeniería civil señalan que, si bien la normativa de 1967 transformó los sistemas constructivos, las leyes no fueron retroactivas y muchas estructuras antiguas nunca fueron reforzadas. A esto se suma un crecimiento urbano desordenado y prácticas de construcción poco ortodoxas en zonas de riesgo. Según indicaron fuentes del sector profesional, la corrupción en la concesión de permisos de edificación y la falta de inspecciones periódicas en el estado La Guaira explican por qué tantas estructuras modernas no resistieron el impacto de los sismos actuales. La falta de mantenimiento en infraestructuras críticas ha dejado a la población expuesta a un nivel de daño que podría haber sido mitigado con controles estatales más rigurosos.
Impacto
El impacto social de la tragedia se agrava por la decisión del Ejecutivo de militarizar el estado La Guaira, una medida que ha generado el rechazo de 40 organizaciones no gubernamentales. Estas entidades advierten sobre el riesgo de violaciones a los derechos humanos, recordando los antecedentes del deslave de 1999 en la misma región, donde se documentaron ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias bajo control militar. La prioridad actual, según las ONG, debe ser garantizar el acceso a agua, alimentos y refugio para las miles de personas que hoy duermen a la intemperie o en albergues improvisados en campos deportivos, ante el temor de nuevas réplicas que sigan derribando las estructuras que quedaron sentidas.
En términos económicos y logísticos, el aislamiento de la zona costera y la parálisis parcial del aeropuerto de Maiquetía —que centraliza más del 50% de las operaciones comerciales del país— amenazan con desabastecer de insumos básicos a otras regiones. La inseguridad también ha comenzado a manifestarse a través de saqueos aislados en comercios destruidos, lo que añade una capa de tensión social a la crisis humanitaria. Operadores logísticos locales señalan que, sin una estructura de mando civil que coordine la distribución de la ayuda internacional, los recursos corren el riesgo de no llegar a las comunidades más apartadas que permanecen incomunicadas por los derrumbes en las rutas.
La situación en Venezuela permanece en un estado de extrema fragilidad mientras las labores de rescate de sobrevivientes comienzan a ceder paso, inevitablemente, a la recuperación de cuerpos. El próximo paso crítico será la evaluación técnica profunda de la infraestructura vial y habitacional para determinar cuántas de las edificaciones que aún permanecen en pie son seguras para el regreso de los ciudadanos. La tensión entre la ayuda espontánea de la sociedad civil y el control militar del territorio definirá el ritmo de una reconstrucción que, según estimaciones preliminares de organismos internacionales, demandará años de inversión y una transparencia institucional que hoy parece ausente.
