La Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) desarticuló una organización dedicada al narcomenudeo en el barrio Primero de Mayo de la ciudad de Córdoba, donde detuvieron a seis personas, incluyendo a un menor de 16 años que portaba un arma de fuego.
El operativo, coordinado por el Ministerio Público Fiscal, se concentró en dos inmuebles situados en la Manzana 9 del mencionado barrio, los cuales funcionaban como centros de acopio y distribución de estupefacientes. Según informaron fuentes judiciales, la investigación se inició a partir de una serie de denuncias anónimas al Centro de Denuncias Web, lo que permitió a los investigadores identificar el modus operandi de la banda. Durante las irrupciones, los efectivos de la FPA lograron el secuestro de 1.891 dosis de marihuana y 302 dosis de cocaína, además de cuatro balanzas digitales de precisión y dinero en efectivo. Los puntos de venta clausurados presentaban una particularidad logística: se encontraban ubicados a escasos metros de las canchas de fútbol de Villa Las Tablitas y del Polideportivo IPV, espacios de alta concurrencia de niños y adolescentes.
Uno de los momentos de mayor tensión durante el procedimiento ocurrió cuando un joven de 16 años intentó evadir el cerco policial emprendiendo una fuga en motocicleta. Tras una persecución que se extendió por varias cuadras, el menor fue interceptado por las unidades tácticas. Al realizar la requisa de seguridad, los agentes hallaron entre sus pertenencias varias dosis de cocaína y una pistola calibre 9 milímetros con un cargador metálico y trece cartuchos útiles. Por este motivo, la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Primer Turno dispuso su imputación no solo por la infracción a la Ley 23.737, sino también por la tenencia ilegal de arma de fuego de guerra. Los otros cinco detenidos, todos mayores de edad, fueron trasladados a sede judicial bajo cargos de comercialización de estupefacientes agravada.
Contexto
Este golpe al tráfico local se produce en un escenario de intensificación de los controles en la provincia de Córdoba, donde las autoridades detectaron un patrón de organizaciones con estructuras familiares. Apenas siete días antes de este operativo, la FPA había ejecutado un procedimiento similar en la localidad de San Francisco, en el límite con Santa Fe. En aquella oportunidad, se allanaron domicilios en las calles Resistencia al 400 y Padre Gervasi al 1000, donde se detuvo a dos hombres que eran primos y a una mujer vinculada sentimentalmente con uno de ellos. En ese operativo previo se incautaron 223 dosis de cocaína y 24 de marihuana, junto con la suma de $354.700 en efectivo, confirmando que el uso de viviendas particulares como ‘bunkers’ de cercanía es una tendencia creciente en el territorio provincial.
La recurrencia de estos hechos en barrios periféricos de la capital cordobesa y en ciudades del interior como San Francisco marca una preocupación en el Ministerio Público Fiscal respecto a la vulnerabilidad de los menores de edad. En ambos casos recientes, la justicia constató la participación activa de adolescentes en las maniobras de vigilancia o distribución, lo que agrava las penas previstas en la Ley Nacional de Estupefacientes. Fuentes del Ministerio de Seguridad provincial indicaron que la proximidad de los puntos de venta a instituciones deportivas y centros vecinales es una estrategia deliberada de las bandas para camuflar el movimiento de clientes entre la concurrencia habitual de los predios públicos, buscando así minimizar la sospecha policial sobre el flujo de personas en los domicilios investigados.
Impacto
La desarticulación de estos puntos de venta tiene un efecto directo en la seguridad ciudadana de los barrios Primero de Mayo y Villa Las Tablitas, zonas que habían registrado un incremento en los hechos de violencia urbana vinculados al consumo de sustancias. De acuerdo con analistas de seguridad, la remoción de casi 2.200 dosis de droga del mercado minorista interrumpe el financiamiento de estas estructuras delictivas y reduce la disponibilidad de estupefacientes en áreas críticas de recreación juvenil. La clausura de los inmuebles y el secuestro de las balanzas digitales neutralizan la capacidad operativa de la red, al menos de forma temporal, mientras se investigan las conexiones con proveedores de mayor escala que abastecen la zona sur de la capital.
Por otro lado, la imputación por comercialización agravada por el uso de menores representa un endurecimiento en la política criminal de las fiscalías intervinientes. Según operadores del sistema judicial cordobés, este enfoque busca desalentar la incorporación de jóvenes en las redes de narcomenudeo, una problemática que viene en ascenso y que suele derivar en enfrentamientos armados por el control del territorio. La presencia de un arma 9 milímetros en manos de un adolescente de 16 años subraya el nivel de peligrosidad y el acceso a armamento pesado que manejan estas células barriales, lo que obliga a las fuerzas de seguridad a replantear los protocolos de intervención en zonas de alta densidad poblacional para evitar daños colaterales durante las detenciones.
La investigación continuará bajo la supervisión de las Fiscalías de Lucha contra el Narcotráfico del Primer y Tercer Turno, que ahora se centran en el peritaje de los teléfonos celulares secuestrados para determinar si existen ramificaciones de esta banda en otros sectores de la ciudad. Se espera que en las próximas semanas se realicen nuevas indagatorias a los seis detenidos para establecer la jerarquía interna de la organización y confirmar si el armamento incautado fue utilizado en hechos delictivos previos reportados en la zona. La situación procesal del menor de edad quedará bajo la órbita del juzgado de menores correspondiente, mientras que los adultos permanecerán alojados en el establecimiento penitenciario local a la espera de la resolución de su prisión preventiva.
