El fiscal Marcelo Romero Jardín solicitó 10 años de prisión para siete hombres acusados de violar en grupo a una adolescente de 17 años en Médanos, durante un juicio oral celebrado en los tribunales de Bahía Blanca.
La fiscalía de Delitos Sexuales fundamentó su pedido de condena basándose en la reconstrucción de los hechos ocurridos en la madrugada del 30 de noviembre de 2017. Según la instrucción de la causa, el ataque se produjo en una quinta del partido de Villarino, donde se celebraba un cumpleaños. Los imputados que llegaron a esta instancia de debate oral son A. E. A., F. F. A., E. D. R., K. D. R., F. N. Q. H., Alexis G. R. y E. G. T. Los cargos que enfrentan varían entre abuso sexual con acceso carnal y, de manera subsidiaria, abuso sexual gravemente ultrajante. Fuentes judiciales confirmaron que la estrategia del Ministerio Público Fiscal se centró en la figura de la coautoría funcional, argumentando que todos los presentes en la habitación contribuyeron activamente al vejamen, independientemente de quiénes realizaron el acceso carnal directo.
Durante su alegato ante el Tribunal en lo Criminal N° 1, Romero Jardín detalló que los agresores encerraron a la joven en una habitación oscura para rodearla y amenazarla, actuando con una violencia e intimidación coordinadas. El fiscal sostuvo que, si bien solo dos de los procesados habrían accedido carnalmente a la víctima, el resto de los acusados garantizó la impunidad del acto mediante la vigilancia y el encierro. “Todos los imputados eran conscientes de lo que sucedía en ese cuarto y pretendían el resultado buscado y planificado antes”, afirmó el representante del Ministerio Público. La acusación remarcó que el ataque solo se interrumpió cuando una tercera persona golpeó la puerta de la habitación y amenazó con llamar a la Policía, lo que provocó la dispersión de los agresores. La imposibilidad de identificar con precisión a los autores materiales directos se debió a que los sujetos apagaron las luces intencionalmente, una maniobra que la fiscalía interpreta como parte del plan delictivo.
Para sostener la figura de coautoría funcional, que contempla penas de entre 6 y 15 años de cárcel, el fiscal se apoyó en la doctrina jurídica de Edgardo Donna. Según esta interpretación del Derecho Penal, la coautoría se configura cuando varias personas participan en la ejecución de un delito con roles específicos que resultan indispensables para la consumación del hecho. En este sentido, Romero Jardín explicó que no es necesaria la ejecución personal del acto sexual por parte de todos para que la pena sea equitativa, sino que la división del trabajo planificada y consciente los vuelve igualmente responsables. Por su parte, el abogado querellante Mauro de Mira, representante de la víctima, elevó el pedido de pena a 12 años de prisión, mientras que los defensores particulares Álvaro Coleffi y Marcelo Ciccola solicitaron la absolución total de sus clientes, alegando falta de pruebas directas y cuestionando la validez de los testimonios presentados durante las audiencias.
Contexto
El caso de Médanos se remonta a fines de 2017 y ha transitado un largo camino procesal de casi siete años hasta llegar a la instancia de sentencia. El hecho ocurrió en un contexto de vulnerabilidad para la víctima, quien se encontraba en una celebración social en una zona rural de Villarino, alejada de los centros urbanos principales. La investigación inicial enfrentó desafíos técnicos, especialmente en la recolección de pruebas biológicas y testimoniales inmediatas, lo que dilató la elevación a juicio. Además, la causa se dividió en dos carriles judiciales distintos debido a la participación de menores de edad en el evento. Mientras que los siete adultos están siendo juzgados ahora por la justicia ordinaria, existe un remanente de tres implicados que, al momento del hecho, no habían alcanzado la mayoría de edad y deberán enfrentar un proceso separado bajo la órbita del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.
Este tipo de procesos por abusos grupales ha ganado visibilidad en la agenda judicial argentina tras casos emblemáticos como el de la “Manada” en Palermo o los ataques en balnearios de la Costa Atlántica. La aplicación de la doctrina de coautoría funcional es un antecedente relevante en la jurisprudencia bonaerense, ya que busca evitar que la falta de iluminación o la multiplicidad de atacantes se convierta en un beneficio procesal para los acusados. Históricamente, las defensas solían utilizar la imposibilidad de identificación individual como una vía para solicitar la absolución por el beneficio de la duda. Sin embargo, la tendencia actual de los tribunales de alzada y las fiscalías especializadas apunta a considerar el entorno de coerción y el aporte logístico de cada integrante del grupo como una parte indivisible del delito de abuso sexual agravado.
Impacto
La resolución de este juicio tendrá un impacto directo en la comunidad de Villarino y en el sistema judicial de Bahía Blanca, estableciendo un estándar sobre cómo se valoran los testimonios de víctimas de violencia sexual en ataques múltiples. Para la familia de la adolescente, que hoy ya es adulta, la sentencia representa el cierre de un ciclo de impunidad que se extendió por más de un lustro. Desde el punto de vista legal, una condena bajo la figura de coautoría funcional ratificaría que la presencia y el apoyo en un acto de abuso no son conductas neutrales, sino participaciones necesarias que conllevan penas de cumplimiento efectivo en establecimientos penitenciarios. Operadores judiciales locales señalan que este fallo podría acelerar el segundo juicio pendiente contra los menores involucrados, sentando una base probatoria sólida para el Fuero Juvenil.
Asimismo, el caso pone de relieve la necesidad de protocolos de seguridad y prevención en eventos privados realizados en quintas o zonas alejadas, donde la respuesta policial suele ser más lenta. Organizaciones de derechos humanos y colectivos de mujeres en el sur de la provincia de Buenos Aires han seguido de cerca el debate, advirtiendo que una absolución enviaría un mensaje de desprotección hacia las menores de edad en entornos festivos. El impacto social se mide también en la presión sobre el Tribunal en lo Criminal N° 1, que debe equilibrar las garantías constitucionales de los siete acusados con el derecho a la justicia de la víctima, en un expediente que cuenta con una carga probatoria compleja debido al tiempo transcurrido y las condiciones en las que se produjo el ataque.
El tribunal confirmó que dará a conocer el veredicto y la eventual sentencia el próximo martes en la sede judicial de Bahía Blanca. Se espera que la lectura del fallo cuente con la presencia de las partes y que se defina si los acusados, en caso de ser condenados, quedarán detenidos de manera inmediata o si podrán permanecer en libertad hasta que la sentencia quede firme en instancias superiores. La tensión se mantiene alta entre los familiares de los imputados y los allegados a la víctima, mientras el Ministerio Público Fiscal aguarda que el criterio de la coautoría funcional sea validado por los magistrados para evitar que el hecho quede impune por la dificultad de distinguir roles individuales en la oscuridad de la habitación.
